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A la dictadura venezolana no le tiembla la mano a la hora de cometer ajusticiamientos. Así lo asegura un reciente informe de la organización Lupa por la Vida, la cual registró 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales en los primeros seis meses de 2021.
Hablar de tal número de personas asesinadas es sin duda, “sumamente grave”, asevera la ONG. Aunque significó una disminución de 48,6 % en comparación con el año 2020, los crímenes siguen ocurriendo rodeados de falsos positivos, versiones turbias de parte de las autoridades y una represión cada vez más marcada de cuerpos policiales y militares.
Es una práctica común en el régimen de Nicolás Maduro. Para 2019, Human Rights Watch (HRW) alertaba de la situación sobre todo en zonas de bajos recursos. Mientras que a finales de 2020, la OEA había contabilizado 18000 asesinatos por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos —grupos rebeldes— desde 2014. El escenario se complementa con torturas a presos políticos que traspasan el cinismo.
Esta vez, la ONG Lupa por la Vida realizó el monitoreo junto a la organización Provea y el Centro Gumilla en las 24 entidades del país. Los resultados de la investigación indican que la represión está lejos de terminar. “Es la continuidad de una política cuyos hechos pueden constituir crímenes de lesa humanidad”, apunta el informe. Se trata, en pocas palabras, de una práctica persistente “del disparen a matar”.
“Los funcionarios actúan con plena libertad dada la certeza de que su conducta no será investigada ni sancionada, y debido a que cuentan con el respaldo de gobernadores, ministros y otras altas figuras de la gestión pública”.
Quizás hay algo positivo para rescatar en medio de tantos crímenes: la organización identificó que luego de su informe de 2020 hubo una reducción de asesinatos de las distintas policías y de militares en varios estados del país. “La disminución del número de asesinatos ratificó que las ejecuciones son una política de Estado”.
"En el primer semestre de este año 2021 Lupa por La Vida registró 825 presuntas ejecuciones extrajudiciales a mano de los organismos de seguridad del país".#LupaPorLaVida | Leer más👇https://t.co/xbLeLK1Vp0
— Centro Gumilla (@centrogumilla) July 22, 2021
Cuerpos policiales criminales
Lejos de garantizar seguridad a la población, los cuerpos policiales son sinónimo de terror para los venezolanos. Cada división fue monitoreada con la cantidad de ejecuciones extrajudiciales presuntamente cometidas por grupos como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).
El informe respalda dicho señalamiento en la disminución de asesinatos cometidos por el comando policial, que pasó de 417 el año pasado a 64 del año en curso. “Se viene realizando un proceso de traslado de personal hacia la denominada Dirección Contra la Delincuencia Organizada, DCDO”, detalla.
A continuación, los números por cada cuerpo policial en los seis primeros meses de 2021:
- Policías estadales: 309 personas asesinadas. Solo en el primer trimestre cometieron 212 presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las policías regionales de Zulia y Carabobo siguen siendo las más letales con 83 y 75 registros, respectivamente.
- Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC): 180 ejecuciones extrajudiciales, representa el 21,74 % de los 825.
- Fuerza Armada Nacional Bolivariana: 97 casos. Se discriminan 86 para la GNB, 8 para el Ejército, 1 para el CONAS y 2 para la Armada.
“En un país donde el sistema de justicia se emplea para perseguir a opositores en lugar de investigar delitos, las fuerzas de seguridad venezolanas están haciendo justicia por mano propia, matando y deteniendo arbitrariamente a quienes acusan de cometer delitos, sin mostrar ninguna evidencia”, declaró hace dos años José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.
Clandestinidad y falsos positivos
Si el régimen comete crímenes, también es lógico que busque maquillarlos a su favor. Quedó constatado a través del nuevo balance el manejo de los falsos enfrentamientos. Es decir, se simula una escena del crimen donde las autoridades “presentan los hechos como si efectivamente las victimas emplearon armas contra policías y militares, cuando en realidad, en muchos casos, las personas son detenidas y posteriormente asesinadas”.
Y para ocultar más los crímenes, los cuerpos policiales usan la excusa de supuestos “operativos de seguridad” —mayormente en sectores populares— que no serían otra cosa que la oportunidad para llevar a cabo las ejecuciones extrajudiciales. Las víctimas son por lo general hombres jóvenes, entre 18 y 30 años. El rango etario representó 226 casos, es decir 27,29 %.
Entre los datos recopilados sobre en qué partes del cuerpo recibieron las víctimas los disparos de armas de fuego, las regiones del tórax y de la cara fueron las más perjudicadas. La ONG cita como ejemplo el crimen contra Edinsson Fernando Mijares Duque, de 29 años, y Luis Alfredo García Marín, de 32, asesinados por el CICPC en un apartamento en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar.
Sus familiares aseguran que se trató de un “ajusticiamiento” y la simulación de un enfrentamiento, una presunción que tienen debido a evidentes marcas de tortura. “A mi hijo le dieron golpes, dos tiros en la cara y un tiro en la cabeza. Tenía golpes en el cuerpo, marcas como si le pusieron el pie en el cuello, el labio partido, me imagino le dieron una patada”, relató Yajaira Duque.
