La antesala a las elecciones en Nicaragua se está tornando cada vez más tensa, no solo para los opositores, sino para la propia dictadura de Daniel Ortega. Estados Unidos recientemente anunció sanciones de visado a 100 funcionarios sandinistas que “impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia”.
De esta manera, queda por sentado que no solo los líderes están bajo la lupa del gobierno estadounidense, también lo están otros cargos con menor rango que contribuyen a lo que está sucediendo en el país centroamericano. Parlamentarios, miembros del sistema judicial nicaragüense, incluidos fiscales, jueces y sus familiares están en la lista.
Los nombres de los sancionados se desconocen, ya que se trata de información confidencial según un portavoz del Departamento de Estado que declaró a EFE. Sin embargo, es de conocimiento público que la Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado medidas como la “Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz”. Esta, califica como “traidores a la patria” a quien no esté a favor de la dictadura, prohibiéndoles optar por cargos públicos.
Bajo este tipo de premisas, la justicia controlada por la dictadura orteguista ha apresado a seis candidatos a la presidencia. Cristiana Chamorro, la segunda precandidata mejor evaluada hasta mediados de junio fue inhabilitada y detenida. Hasta marzo se contabilizaban 125 presos políticos desde 2018, según un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
We have imposed visa restrictions on 100 members of Nicaragua’s National Assembly, prosecutors, judges, and their family members who advanced the Ortega-Murillo regime’s assault on democracy. We will continue to use economic and diplomatic tools to support Nicaraguan democracy.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 12, 2021
Más presión para el dictador
“Estados Unidos continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad”, se lee en la nota de prensa publicada por el Departamento de Estado respecto a la restricción de visas a los 100 funcionarios.
El Parlamento Europeo también sigue buscando mecanismos para frenar los abusos liderados por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo. Con 629 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones aprobó una resolución que pide ampliar la lista de personas y organismos sancionados.
“Los dictadores solamente entienden de una cosa, que es presión, y solamente les vale una cosa que es cuando les quitan el dinero. Dinero que han quitado ellos y han robado a todo el pueblo”, declaró a Voz de América el eurodiputado José Ramón Bauzá.
Se han cometido alrededor de 27 detenciones arbitrarias desde mayo de este año. Hasta el momento de la decisión del Parlamento, los familiares de las víctimas desconocían su paradero, debido a que el régimen no les ha permitido tener abogados y ha rechazado los recursos de exhibición personal, contemplado en la Ley de Amparo.
El Parlamento Europeo aprobó por una mayoría abrumadora (629 votos a favor y 40 en contra) una contudente resolución sobre Nicaragua.
Pide la liberación inmediata de los candidatos presidenciales detenidos y llama a ampliar las sanciones individuales contra miembros del régimen. pic.twitter.com/24fK5SV1Kj
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 8, 2021
Otra estrategia: Exponer los negocios turbios
Daniel Ortega ha aprovechado sus apariciones en público para tildar a sus contrincantes como “criminales” que quieren “derribar al gobierno”. La retórica, como muchas dictaduras socialistas de la región, apunta a deslegitimarlos, calificándolos como “enemigos del pueblo” e insiste en que EE.UU. es responsable de sus males.
“Están gritando los enemigos de la revolución, los enemigos del pueblo, que pobrecitos, que cómo es posible que estén detenidos, que estén procesados, y lanzando campañas en contra de Nicaragua”, aseveró en junio pasado.
El periodista Andrés Oppenheimer citó en una columna reciente que “a Ortega no le importan mucho su imagen externa ni las sanciones”. Agregó que el dictador de 75 años ha visto de cerca los casos de Cuba y Venezuela en las últimas décadas, “y sabe muy bien que las sanciones de Estados Unidos no han podido derrocar a los dictadores de esos países”.
A su juicio, una estrategia más innovadora y eficaz sería que EE.UU. y Europa inicien una investigación bancaria internacional para documentar la corrupción de la familia Ortega. “Amenazar a Ortega con exponer públicamente los negocios turbios de su familia lo presionaría mucho más que las sanciones económicas”.
La reciente decisión de EE.UU. respecto a las visas de los 100 funcionarios ya viene precedida por restricciones económicas. En 2018 el Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC) sancionó a Rosario Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional. Como resultado, cualquier propiedad o interés en la propiedad, dentro o en tránsito de la jurisdicción de los EE. UU. deben ser bloqueados e informados a la OFAC.
No ha hablado hasta los momentos la iniciativa de “exponer” los posibles negocios ilícitos de la pareja dictatorial. No obstante, podría ser una medida que contrarreste las aspiraciones del régimen, quien el 7 de noviembre busca busca un cuarto mandato.