Las Big Tech acumulan un robusto historial en Estados Unidos por las reglas que llegaron imponiendo en el mundo digital. Las atribuciones que se han tomado en ese ecosistema les han merecido demandas, críticas y disculpas de parte de sus directivos.
Facebook y Google enfrentan demandas antimonopolio, Twitter ha sido cuestionada por cómo manipuló contenido durante el ataque al Congreso de EE. UU. el pasado 6 de enero. Sin contar con que tanto la red de Mark Zuckerberg como la de Jack Dorsey contribuyeron a la censura de cuentas antes y durante las elecciones presidenciales.
Pero aún queda un largo camino por recorrer hasta que puedan ser reguladas. De esto parece haberse percatado el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Una nueva ley en ese estado controlará a las grandes empresas tecnológicas y dará poder a los usuarios que consideren haber sido discriminados injustamente.
Todos los habitantes de ese estado podrán demandar a estas empresas y recibir a cambio una compensación monetaria. Si una compañía de redes sociales elimina el perfil de un candidato para un cargo estatal, deberá pagar una multa de 250.000 dólares. Si elimina la plataforma de un candidato para un cargo no estatal, la multa será de 25000 dólares.
En pocas palabras, se buscan resguardar los derechos de la ciudadanía, exigiendo transparencia a las redes sociales sobre prácticas de moderación de contenido y que notifiquen cambios en sus políticas. Esto “evita que los burócratas de las grandes tecnologías muevan las metas para silenciar puntos de vista”, reza el comunicado de la oficina del gobernador.
Las atribuciones de Zuckerberg
Las redes sociales se siguen tomando atribuciones tras el asalto al Capitolio. Luego de haber silenciado al expresidente Donald Trump de manera temporal, Facebook e Instagram anunciaron que el veto será permanente.
La decisión unilateral del Consejo Asesor de Contenidos sostiene que se basa en “evidencia suficiente” para prohibir el acceso al exmandatario. Dicho Consejo está conformado por investigadores presuntamente independientes, formados por la empresa de Mark Zuckerberg. La censura quedó impuesta a pesar de que el expresidente republicano invirtió 8,96 millones de dólares en anuncios para su campaña, solo entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre de 2020.
Esta coyuntura, así como las continuas decisiones de las plataformas, están generando respuestas como las que ahora salen del puño y letra de DeSantis, quien firmó el proyecto de Ley del Senado 7072.
Allí se detalla que el procurador general de Florida podrá ejercer acciones legales contra las empresas de tecnología que violen esta norma, bajo la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida. Si se determina que las plataformas de redes sociales han violado la ley antimonopolio, no podrán contratar con ninguna entidad pública.
Las redes se convirtieron en “una plaza pública”
DeSantis comparó los monopolios del siglo XX con los que ahora intentan imponer las Big Tech. Fue por aquel sistema político y comercial que nació la Constitución de EE. UU. con separación de poderes, controles y contrapesos. Sin embargo, actualmente las compañías masivas de Silicon Valley están ejerciendo un poder sobre la población “que realmente no tiene precedentes”.
El gobernador cuestionó a Twitter y Facebook por “suprimir ideas que son inconvenientes para la narrativa o con las que ellos personalmente no están de acuerdo”.
“Así que estamos en una situación aquí en la que estas plataformas se han convertido en nuestra plaza pública”.
El presidente del Senado de Florida, Wilton Simpson, respaldó la nueva ley en este estado por considerar que constituye una manera de proteger “a los candidatos para cargos electos, medios de comunicación y otros de la discriminación injusta y arbitraria en las plataformas de redes sociales”.
Lo que inició como una vía para compartir ideas, se transformó en un entorno que a juicio de DeSantis “no le gustó a los poderes fácticos”, convirtiendo a las redes sociales en “ejecutores de la ortodoxia”.