La existencia y la reputación de 125 empresas estadounidenses está peligrando por otorgar al Partido Comunista Chino (PCCh) préstamos comerciales recibidos del Gobierno federal de EE. UU. Los fondos fueron entregados como parte de la ayudar para mitigar los efectos económicos de la pandemia, pero estas empresas parecen haberle encontrado otros usos.
Se calcula que entre las 125 empresas recibieron hasta 420 millones de dólares del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP). Por supuesto, el origen de ese dinero proviene de los impuestos pagados por los ciudadanos estadounidenses.
China, en aras de su expansión global, ha buscado inmiscuirse en todos los terrenos posibles de su principal rival: tecnología, armas y hasta talento humano. Esta vez, disimuladamente, supo aprovechar los fondos que tenían como verdadero propósito hacerle frente a las consecuencias que está dejando el COVID-19 en Estados Unidos, virus que por cierto salió de China.
Organizaciones independientes en la Unión Americana están exigiendo hacer una auditoría completa a estas empresas vinculadas con el régimen de Xi Jinping, que “secuestraron” una fortuna de los bolsillos de la población estadoounidense.
La amenaza de Pekín
Hasta ahora el caso no ha tenido demasiado protagonismo en la opinión pública, pero promete acaparar titulares en la medida en que van saliendo más detalles a la luz. El año pasado ya existía un informe sobre los nexos corporativos forjados desde China.
El grupo de consultoría estratégica, Horizon Advisory, detalla cada una de las compañías que recibió estos préstamos. Los riesgos fueron advertidos por el senador republicano Marco Rubio, quien introdujo condiciones sobre cuáles las empresas podían recibirlos o no. Sus disposiciones como presidente del Comité Senatorial de Pequeñas Empresas y Emprendimiento, fueron adoptadas en la segunda ronda de préstamos.
Allí se exigían condiciones a las compañías como tener menos de 300 empleados, haber tenido al menos una disminución de 50 % en los ingresos brutos, no cotizar en bolsa ni estar vinculadas a la República Popular de China.
Algunas empresas identificadas en el informe son:
- Mattson Tecnology Inc., una empresa de semiconductores con sede en California. Recibió entre 2 y 5 millones de dólares en préstamos PPP, Mattson es propiedad de Beijing E-Town International Industrial Investment and Development, que recibe inversión estatal china.
- Continental Aerospace Technologies (CAT). Recibió 10 millones de dólares y es propiedad de la empresa militar china Aviation Industry Corp.
- HNA Group North America LLC y HNA Training Center NY. Recibieron entre 350.000 y un millón de dólares. Ambas son subsidiarias de China HNA Group, un conglomerado de empresas involucrado en aviación, bienes raíces, servicios financieros, turismo y otras industrias.
“Todas las agencias federales y todos los legisladores deben tomarse en serio la amenaza de Pekín y asegurarse de que los dólares de los impuestos estadounidenses no otorguen a las empresas chinas una ventaja injusta sobre las pequeñas empresas estadounidenses”, declaró Marco Rubio a The Epoch Times.
A mediados de marzo, el republicano reintrodujo un proyecto de ley para evitar que China abuse de los programas de pequeñas empresas de EE. UU.
El divorcio entre empresas y republicanos
El Partido Republicano ha mostrado en las últimas semanas un distanciamiento generalizado con grandes empresas, más allá de estar ligadas o no a China. La nueva ley electoral promulgada en Georgia fue un punto de inflexión en estas relaciones. Empresas como Coca-Cola Co, Delta Air Lines y Microsoft Corp decidieron pronunciarse y rechazarla.
Con el propósito de tener elecciones justas y seguras, el gobernador Brian Kemp firmó la ley que acorta el período de votación anticipada para segunda vuelta, fortalece los requisitos de identificación para las boletas de voto ausente y restringe la votación por correo.
Esto fue visto por estas compañías como una decisión “inaceptable”. Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado, señaló al sector privado de actuar como un “gobierno paralelo del activismo”. El senador republicano Ted Cruz anunció que “ya no aceptará dinero de ningún comité de acción política empresarial”.
Corporaciones del país también han recurrido al progresismo como estrategia de mercado, lo que marca distancia con el Partido Republicano y sus preceptos fundamentales.
Los nexos de China con algunas empresas y este marcado progresismo de otras, comienzan a delimitar un nuevo mapa de relaciones con el partido del expresidente Donald Trump. Un artículo del New York Post, cita que el futuro de la bancada “radica en la coalición política multirracial de la clase trabajadora, no en la alta dirección”.