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La persecución contra opositores en Bolivia llegó a un nuevo nivel. Esta vez la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra la expresidente Jeanine Áñez y cinco de sus ministros. La orden se apoya en los delitos de «sedición y terrorismo» supuestamente cometidos en noviembre de 2019.
Desde que Luis Arce asumió la presidencia, comenzaron a asomarse las intenciones del oficialismo boliviano. Todo comenzó en octubre del año pasado cuando la Asamblea Legislativa avaló un informe que buscaba iniciar un juicio de responsabilidades a Áñez y también a 11 de sus ministros.
En noviembre arreció la arremetida del Movimiento Al Socialismo (MAS) –el parido de Evo Morales– cuando la exdiputada Lidia Patty presentó una denuncia en el Ministerio Público boliviano contra el excandidato presidencial Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho Parada por los mismos delitos.
La orden de aprehensión contra la expresidente se enmarca en este caso. «La persecución política ha comenzado», escribió Jeanine Áñez en su cuenta de Twitter.
La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones.
Pueden descarga la denuncia con la que pretenden perseguirnos: https://t.co/eVQKCMtcui
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) March 12, 2021
Dos de los cinco exministros ya fueron detenidos. Álvaro Rodrigo Guzmán Collao, del Ministerio de Energías, y Álvaro Eduardo Coímbra Cornejo, del Ministerio de Justicia. La Fiscalía de Bolivia también ordenó detener al excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman a quien el MAS acusa de ser «parte principal» de supuesto golpe.
Amnistía vs persecución
Si esto se trata o no de un abuso de poder, fue respondido por el expresidente Carlos Mesa con relación a la orden de captura contra Jeanine Áñez. Él asegura que en Bolivia inició un proceso «brutal y arbitrario de persecución política».
«Hemos llegado a la aberración de que los autores del mayor FRAUDE electoral desde la conquista de la democracia, que hoy controlan el gobierno y son dueños del Órgano Judicial y Fiscalía, dictan amnistía para ellos mismos e inician una persecución contra quienes gobernaron el país».
Casualmente Evo Morales fue acusado por los mismos delitos en 2019. Ese año la Fiscalía ordenó su detención pero Morales ya estaba en suelo argentino, asilado por el gobierno recién estrenado de Alberto Fernández. Un mes antes había pasado por México y Cuba. Así estuvo Evo Morales hasta que Luis Arce llegó al poder y la justicia boliviana anuló la orden de captura.
Acusación fuera de la ley
Legalmente hay grises en la orden de aprehensión de la Fiscalía contra Jeanine Áñez y sus ministros, así lo dejó saber José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch.
A su juicio, los documentos no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de “terrorismo”. Por esto, «generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos».
«Cualquier delito grave, incluyendo la conspiración para cometer un golpe de Estado, exige una investigación seria e independiente que respete el debido proceso y lleve a los responsables a la justicia».
Las órdenes de captura contra Añez y sus ministros invocan —al igual que la de Evo Morales en 2020– la ambigua figura de “terrorismo” que se presta a arbitrariedades.
En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Morales por ese mismo motivo:https://t.co/68AILSNr25
— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) March 12, 2021
La ilegalidad de la orden de aprehensión contra Jeanine Áñez también es criticada por Jaime Aparicio Otero, embajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos. «Detenciones arbitrarias bajo instrucciones políticas, sin evidencia jurídica, marcan la ruptura del Estado de Derecho y el inicio de la cubanización de Bolivia», aseveró en su cuenta de Twitter.
