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Irán recibió un espaldarazo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto a la sanciones impuestas por Estados Unidos a ese país. El máximo tribunal de las Naciones Unidas anunció que sí tiene competencia para examinar una denuncia interpuesta por Teherán en 2018.
Las sanciones de parte de EE. UU. se restablecieron ese año cuando el entonces presidente Donald Trump anunció su salida del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA por sus siglas en inglés), la decisión estaba basada en el carácter amenazante y belicista de Irán. Además, el pacto no garantizaba la verdadera cooperación del régimen de Hasán Rohaní respecto a controlarse con el enriquecimiento de uranio.
Irán recurrió a un viejo acuerdo para elevar aquella denuncia. El Tratado de Amistad, Relaciones Económicas y Derechos Consulares suscrito por ambos países en 1955, el cual supuestamente estaría siendo violado con las sanciones. Desde ese momento abogados de EE. UU. alegaron que el tratado solo se ocupa única y exclusivamente del comercio bilateral.
La defensa estadounidense explicó que la denuncia carece de fundamento porque las medidas tomadas contra empresas de otro países por comerciar con Teherán, estarían fuera del alcance del convenio, indicó EFE.
Sin embargo, Abdulqawi Ahmed Yusuf, juez presidente de la CIJ no dio lugar a los argumentos. Aseveró que EE. UU. podrá exponerlos cuando el caso sea investigado por La Haya.
Uranio ilícito
Es conocido el carácter belicista de Irán y sus inclinaciones hacia el terrorismo. Donald Trump lo advirtió cuando se salió del tratado nuclear. Luego de ese suceso, Hasán Rohaní decidió distanciarse de su compromiso, cumpliendo lo que adelantaba el expresidente estadounidense.
La salida de EE. UU. provocó reacciones inclusive del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas (OIEA), que desmintió a Trump asegurando que Irán sí cumplía con todos los compromisos establecidos en el pacto, indicaba la organización Dipublico en su sitio web.
Par de años después, el mismo organismo confirmó que Irán estaba produciendo uranio en lugares clandestinos. Fueron identificados más de 2400 kilogramos enriquecidos a 4,5 %, una clara violación al PAIC que establece un límite de enriquecimiento de 3,67 %, informó ABC.
Pero el escenario empeoró a inicios de este año, el propio portavoz de la dictadura iraní, Alí Rabi, informó que comenzaron a enriquecer uranio a 20 %, dejándolos cada vez más cerca de la creación de un arma nuclear. Sumado a eso, el parlamento controlado por el régimen aprobó un reglamento que buscará limitar las inspecciones del OIEA.
El listado de sanciones es largo, el régimen iraní quedó prácticamente sin accesos a economías de otros países y sin proyecciones de crecimiento interno. Esta incluían la prohibición de transacciones de instituciones financieras extranjeras con el Banco Central de Irán e instituciones financieras iraníes.
Los negocios con compañías petrolera iraníes también están en ese listado de prohibiciones. Un golpe bajo que el régimen ahora busca esquivar con la demanda recién admitida por la Corte Internacional de Justicia.
El próximo paso
No es nuevo que Irán recurra a la ONU para escudarse de las sanciones, tampoco es nuevo que el organismo internacional atienda sus reclamos. A finales de 2018 la CIJ ordenó a Estados Unidos paralizar parte de las sanciones contra Teherán.
Abdulqawi Ahmed Yusuf, juez de la Corte exigió el acceso a EE.UU. que otorgara a Irán acceso a medicamentos y bienes relacionados «con la seguridad de la población civil», reseñó France 24. El funcionario citó aquel tratado de 1955 que Irán también empleó en la demanda original.
«La decisión ha probado una vez más que la República Islámica está en lo correcto y que las sanciones de Estados Unidos contra el pueblo y los ciudadanos de nuestro país son ilegales y crueles”, dijo el Ministro de Asuntos Exteriores iraní en celebración de la decisión.
La agencia de noticias indica que las decisiones de la Corte de la ONU son vinculantes, sin embargo, no tiene el poder para obligar a los Estados a que las cumplan.
El siguiente paso en el proceso es que ambos países deberán presentar argumentos por escrito para que los magistrados juzguen el fondo del asunto. No obstante, el inicio de los argumentos orales podría demorar años.
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