Las vacunas contra el COVID-19 parecen estar lejos de llegar a Venezuela. El régimen de Maduro y el Gobierno Interino de Juan Guaidó se disputan la manera de cómo financiar las dosis: accediendo al dinero almacenado en lingotes de oro en el Banco de Inglaterra.
La dictadura venezolana ya ha dicho que el dinero que obtenga de ese oro, supuestamente lo va a usar para la lucha contra el COVID-19, por eso proponen vender una parte de los activos. Lo cierto es que Maduro adeuda 18 millones de dólares a la ONU por el pedido que hicieron de 11 millones de dosis.
Los abogados de la dictadura alegan que podría haber un “desastre humanitario y una pérdida potencialmente grande” si los fondos no se liberan, indica un reportaje de Associated Press. De esta manera, el régimen venezolano se muestra urgido por obtener una cantidad que parece ínfima en comparación con los millones de dólares robados por los ingresos petroleros.
En ese mismo pedido de 11 millones de dosis, Maduro debe ofrecer garantías financieras por otros $ 101 millones. La fecha límite para pagar era el 15 de diciembre. El director de emergencias de salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, dijo que Venezuela está bloqueada hasta que pague otra deuda por 11 millones de dólares.
A todo el problema, se suma la puja con Juan Guaidó, líder de la oposición. Su argumento es que Maduro probablemente no distribuya bien las vacunas, y que quiere crear un precedente para acceder a los fondos, agrega la investigación de AP. En el medio siguen estando los venezolanos, que ni siquiera pueden recurrir a los hospitales porque no hay recursos, medicinas ni personal que los atienda.
Acusaciones van y vienen
Los abogados de Maduro, al igual que su jefe, culpan a las sanciones de Estados Unidos por no poder cumplir con el pago, por eso acuden a los fondos en Inglaterra. En contraposición, el equipo de Guaidó dice que de acceder a ese dinero, lo usarían para desplegar monitores y “asegurarse de que la distribución de la vacuna no se use como una tapadera para el patrocinio político”. Su argumento es el acceso que ya tienen a fondos incautados por Estados Unidos al régimen venezolano.
La afirmación puede generar suspicacia, para el año fiscal 2021 Estados Unidos aprobó 33 millones de dólares para programas e iniciativas a favor de la democracia en el país que llegan a las manos de Guaidó y su gabinete.
El Gobierno interino distribuye ese dinero en iniciativas como «Defensa de la Democracia» con abonos de diferentes montos (entre 50, 100 o 150 dólares) para coordinadores, promotores, productores, entre otros. Si bien el Gobierno de Guaidó ha beneficiado a algunos sectores con bonos en dólares, los frutos de la financiación tampoco han sido demasiado relevantes ante un régimen que sigue atornillado en el poder.
Para contraponer el argumento de los abogados del régimen —del bufete Zaiwalla & Co., con sede en Londres— la oposición afirma que la ayuda humanitaria no se ve obstaculizada por las sanciones estadounidenses y que el Departamento del Tesoro exime asistencias relacionada con el COVID-19.
“Es muy claro que Maduro está tratando de meter la nariz debajo de la carpa para poder agarrar el oro”, dijo a AP Vanessa Neumann, enviada de Guaidó a Londres.
El país tampoco contaría con la vacuna rusa para la que Maduro ofreció a venezolanos como conejillos de indias. La Sputnik V aún no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud.
La fatal deuda
Aquella deuda de 11 millones de dólares que Venezuela acumula con la OPS viene de compras anteriores de otras vacunas, básicas para la población infantil contra la poliomielitis, sarampión, meningitis y otras enfermedades.
Maduro deja desprotegidos a los más pequeños. No puede adquirir nuevas dosis hasta que asuma el pago. El régimen dejó de pagar en 2017, por eso en 2020 la OPS tomó medidas. El informe del organismo revelaba que Venezuela no pagó los años 2017, 2018, 2019 y 2020.
A pesar de que Maduro reconoció la deuda, se excusó diciendo que no pagaba por «motivos fuera de su control» y volvió a poner como excusa el bloqueo de fondos en el extranjero.
Además, ofreció pagar a un plazo de 20 años sin incluir los aportes de 2020 y tampoco señalaba fechas de pago concretas para 2021 y los años siguientes.
La contienda entre ambos bandos políticos, más las deudas acumuladas por Maduro podrían dejar rezagada a Venezuela mientras que otros países del continente avanzan en sus campañas de vacunación.