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El abuso financiero contra familias en Holanda obligó al Gobierno de ese país a renunciar. Las falsas acusaciones tributarias del primer ministro Mark Rutte y de su gabinete provocaron la quiebra de unas 26000 familias.
Los primeros casos se dieron en 2014, cuando padres y madres fueron calificados como «estafadores» por parte del Estado, a raíz de ayudas que recibían para el pago de guarderías. Las acusaciones no tenían fundamento a pesar que las familias presentaban documentos que incluían contratos de trabajo y facturas para comprobar sus finanzas.
Rutte admitió que se ha “criminalizado a personas inocentes, cuyas vidas fueron destruidas” cuando se acusó a miles de familias de haber defraudado a la Agencia Tributaria sin argumentos, reseñó EFE.
La mayoría de familias afectadas tienen orígenes extranjeros, sobre todo marroquíes o turcos. En dichos casos, además de ser bloqueada su respectiva subvención, se vieron obligados a devolver decenas de miles de euros en plazos que no superan unas semanas. Esto llevó a muchos a perder su casa y su trabajo para reunir el dinero.
El canal Euronews detalló que las deudas podían alcanzar hasta 100.000 euros. Muchas madres, entre lágrimas, confesaron angustia financiera y psicológica por los ataques de funcionarios fiscales, agrega un informe de BBC.
Arrepentimiento de funcionarios
También se pronunciaron algunos exintegrantes del gabinete holandés. El ministro de Finanzas, Wopke Hoesktra, admitió que la renuncia es justificada «debido al sufrimiento y la injusticia sin precedentes que se ha cometido contra miles de familias”.
El ministro de Economía, Eric Wiebes, aceptó la responsabilidad del preocupante hecho. «He estado lidiando con esto durante mucho tiempo y ya no puedo más. He estado pensando mucho en qué podría haber hecho mejor, pero no he podido concluir qué… y eso solo lo hace todo aún más triste”, dijo.
La oposición el gobierno concuerda con los funcionarios. “Se ha penalizado a gente inocente, se ha destruido sus vidas y se informó al parlamento de manera incorrecta e incompleta”, expresó Geert Wilders, líder del principal partido opositor.
Investigadores de ese país acusan al Estado de «sesgo institucional» por la falta de criterio y porque la Agencia Tributaria trató de obstaculizar la búsqueda de pesquisas, según periodistas y diputados.
Compensación insuficiente
La abogada española Eva González Pérez fue quien destapó el escándalo. Ella llevaba varios de los casos e insistió con llamadas, correos y visitas a funcionarios de la agencia tributaria para demostrar que sus clientes no habían defraudado a Hacienda.
Ahora, el Estado planea entregar una compensación de 30000 euros que no es suficiente. “Ese dinero lo ofrecen porque en realidad no saben por dónde empezar, esto es como un volcán que ha estallado de repente. Llevo veinte años ejerciendo esta profesión y nunca había visto algo así”, declaró a EFE.
El caso llegó a sus manos por obra del destino. Su marido dirigía en 2014 una agencia de niñeras. Ante la merma de ingresos, trasladó el caso a González, quien ahora provoca la dimisión del gobierno holandés.
Rutte apuesta a la reelección
Aun con todo el escándalo, Mark Rutte apuesta a la reelección. El mandatario de Holanda confirmó que continuará al frente del Partido Popular por la Libertad y la Democracia como cabeza de listas para las elecciones del 17 de marzo. Ahora buscará su cuarto mandato.
La misma nota de EFE detalla que no está claro cómo afectará la dimisión a su imagen, aunque el camino parece allanado, ya que en Holanda existe un gobierno de coalición entre conservadores y socialdemócratas, por lo que el funcionario sería la opción más viable de la docena de partidos existentes.
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