América Latina y Asia Pacífico son las dos regiones que a lo largo de 2020 tuvieron la mayor cantidad de periodistas asesinados, por encima de los Estados Árabes y África. Las cifras de la UNESCO revelan este año 59 asesinatos a profesionales de los medios de comunicación: 44 en América Latina y Asia Pacífico (22 en cada región), 9 en los países árabes y 6 en África.
Aunque los números son los más bajos de la última década, no dejan de ser preocupantes. Profesionales de todo el mundo denuncian continuamente la persecución por parte de organizaciones terroristas y cualquiera que quiera ocultar de la verdad, especialmente gobiernos dictatoriales.
La profesión también fue víctima de la pandemia. Para la UNESCO, el contexto constituyó una «tormenta perfecta» que ha afectado a la libertad de prensa en todos los sentidos. El organismo también agrega que durante los últimos diez años, 888 periodistas y trabajadores de medios de comunicación —uno cada cuatro días— murieron por desempeñar su trabajo.
Las estadísticas de la UNESCO van en consonancia con las denuncias del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés). Este organismo mencionó a México y Afganistán como los países con “un número significante de asesinatos”: “Los periodistas que cubren México trabajan en un entorno de narcotraficantes violentos y de corrupción arraigada y el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado voluntad política para combatir la impunidad», reza el informe.
Las protestas, el escenario ideal
«Los asesinatos continúan y los ataques no letales y el acoso siguen aumentando», se lee en el balance de la UNESCO. Las protestas parecen haber sido el escenario ideal para los agresores. Como ejemplo, el organismo menciona las manifestaciones del grupo Black Lives Matter.
El grupo ha sido señalado por su carácter violento en las calles de Estados Unidos. En la noche de las elecciones presidenciales fueron hasta la Casa Blanca, se enfrentaron a la policía y causaron disturbios al grito de «¡Es una revolución!». Ahora, estos incidentes se suman a las cifras que expresan el deterioro social hacia profesionales que solo cumplen con su trabajo de informar.
En este sentido, la UNESCO identificó 125 protestas en 65 países, entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020, en las que los periodistas fueron atacados o detenidos.
El sometimiento en América Latina
Tampoco es un secreto que el contexto de la pandemia ha sido aprovechado por las dictaduras latinoamericanas para coartar la libertad de expresión. Así fue como ocurrió la «tormenta perfecta» descripta en el informe.
Venezuela es el retrato perfecto de esta situación y le sigue Nicaragua. Ambos Gobiernos han perseguido y acusado de «noticias falsas» a los medios que difunden cifras y contagios por el COVID-19. Tanto Maduro como Ortega buscan ocultar cualquier indicador de su mala gestión, pero esta persecución está siendo monitoreada por organizaciones internacionales.
Un informe de Diálogo Interamericano cita el caso del periodista Darvinson Rojas, detenido el 21 de marzo por la unidad de policía FAES (Fuerza de Acciones Especiales), debido a sus investigaciones sobre el COVID-19 en Venezuela. Ahora el periodista enfrenta cargos de «promoción del odio».
Mientras tanto, en Nicaragua, Daniel Ortega acusó a los medios de difundir noticias falsas sobre el supuesto ocultamiento de las cifras de COVID-19 por parte de su gobierno, calificando esos reportes como «terrorismo desinformativo».
Tanto acoso y asedio contra la labor de informar parece no tener fin mientras este tipo de Gobierno se mantengan en el poder. Más bien todo lo contrario: cada día cercenan más cualquier ápice de libertad y criterio. Prueba de ello es cuando, en octubre, el parlamento sandinista sancionó la Ley Especial de Ciberdelitos, un arma potencial para censurar a la prensa.
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