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Seis de los niños migrantes que fueron deportados de Trinidad y Tobago recibieron medidas de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La cruel deportación ocurrida hace un par de semanas, incluía a 16 menores, entre ellos un bebé de apenas cuatro meses. Las autoridades trinitenses obligaron a regresar a Venezuela en precarias condiciones a los migrantes. Tras dos días en el mar, decidieron volver a Trinidad, donde ahora se encuentran cumpliendo cuarentena en instalaciones gubernamentales.
La medida cautelar fue solicitada por el Foro Penal Venezolano para los 16 menores, pero seis de ellos son los que más peligran. De regresar a Venezuela, enfrentarían riesgos a su vida e integridad personal, incluyendo abuso doméstico.
— Gonzalo Himiob S. (@HimiobSantome) December 9, 2020
En la resolución, el organismo internacional se ampara en el artículo 25 de su reglamento, exhortando al Gobierno de Trinidad y Tobago a adoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos a la vida e integridad personal.
Los testimonios del hambre
Un reporte difundido por la OEA refleja el estado de vulnerabilidad que atraviesa la infancia en Venezuela. La desnutrición y las enfermedades son factores que están afectando severamente a esta población.
La organización humanitaria Caritas asegura que 52 de cada 100 niños tienen algún tipo de déficit nutricional y que 10 % de ellos (unos 130.000 menores), necesitan ayuda humanitaria inmediata.
Por otro lado, el aumento de enfermedades —que habían sido erradicadas— también atenta contra este grupo a propósito de los escasos operativos de vacunación.
El escenario preocupa a la CIDH, la cual plasma en su resolución que los testimonios de los seis niños coinciden con el impacto de la severa crisis alimentaria y de salud.
El desprecio de Trinidad y Tobago
El grave crimen ocurrido contra los menores se suma al listado de deportaciones que dicho país viene aplicando a venezolanos migrantes en complicidad con la dictadura de Nicolás Maduro.
El trato despectivo también ha sido otro factor relevante destacado por la CIDH, que se refirió a una alta autoridad que usó el calificativo de “indeseables” para referirse a los menores
La autoridad es nada menos que el ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago, Stuart Young, quien se excusó al decir que la deportación se ejecutó para “proteger” las fronteras del país.
A pocos días de difundirse el caso, el gobierno deportó a 160 venezolanos, quienes habrían entrado ilegalmente a dicho territorio hace 60 días.
El procedimiento se realizó “en conjunto” con las autoridades al servicio del régimen venezolano, según un comunicado emitido por el gobierno de ese país. Trinidad y Tobago reiteró que seguirá “asegurando” las fronteras para prevenir la entrada “ilegal” de migrantes.
Sin acceso a información
Ante un gobierno que desprecia a los migrantes venezolanos, es de esperarse que tampoco facilite la información sobre los procesos “legales”.
El hecho está objetado dentro de la resolución de la CIDH, ya que el organismo no obtuvo respuesta de parte del Estado trinitense con respecto a los seis niños.
