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El Movimiento Al Socialismo (MAS) logró llegar nuevamente al poder a través de Luis Arce, que asumió a inicios de noviembre la presidencia de Bolivia. Este regreso no solo devolvió el poder a la bancada, sino que parece haber dado luz verde al oficialismo para perseguir a sus opositores.
En días recientes, la exdiputada del MAS, Lidia Patty, presentó una denuncia en el Ministerio Público boliviano contra el excandidato presidencial Luis Fernando Camacho y su padre José Luis Camacho Parada.
El argumento de la exfuncionaria es que ambos, con ayuda del ejército y la policía, habrían organizado un golpe de Estado en 2019, contra el Gobierno de Evo Morales.
Las acusaciones son por “terrorismo, sedición y conspiración” y exige prisión preventiva porque supuestamente pueden abandonar el país.
El supuesto golpe
Pero no son los únicos, otros cuatro funcionarios policiales y del ejército también fueron incluidos en la denuncia de la simpatizante del partido socialista fundado por Evo Morales.
Estos funcionarios son el jefe de Operaciones de las FFAA en 2019, Sergio Carlos Orellana Centellas; el jefe del Estado Mayor en 2019, Flavio Gustavo Arce San Martín; el comandante general de la Policía Boliviana 2019, Yuri Calderón; y el comandante en jefe de las FFAA, Willams Carlos Kalimán Romero.
La denuncia cita que durante el presunto golpe, el comandante en jefe Kalimán Romero en complot con el Alto Mando Militar, le sugirieron al presidente Morales que renunciara a su mandato presidencial.
Patty sugiere que Morales dimitió “con el riesgo inminente de perder la vida y velando por que el pueblo boliviano no sea masacrado”.
El “golpe de Estado” ha sido desmentido por políticos bolivianos y organismos como la OEA.
“En Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”, afirmó el secretario general de la OEA, Luis Almagro, reseñó El País.
Almagro también denunció que alrededor del 23 % de las actas escrutadas fueron alteradas para favorecer a Morales.
Arrecia la persecución
A estas reciente acusaciones, se suma la denuncia contra la expresidente Jeanine Añez y a los 11 ministros durante su periodo presidencial por parte de la Asamblea Legislativa.
El órgano —dominada por el MAS— aprobó en octubre un informe en el que se recomienda autorizar juicio de responsabilidades a Añez por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado, citó Associated Press.
“El MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría”, declaró Jeanine Añez.
La decisión se tomó horas antes de que asumiera la nueva Asamblea Legislativa tras los comicios del 18 de octubre donde Luis Arce resultó ganador.
La defensa ante la OEA y la ONU
Tantas acusaciones e investigaciones provocaron que la bancada opositora acuda a organismos internacionales para denunciar la persecución que comienza a arreciar en Bolivia.
El partido Creemos elevó la denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) sobre la persecución de parte del MAS.
El recurso está dirigido entre otros a la alta comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó EFE.
“Estamos haciendo una denuncia a la señora Bachelet para que ella esté informada de la persecución y la cacería contra la oposición que está empezando a tramarse en Bolivia”, expresó la senadora de esa alianza Centa Rek.
Rek aseveró que no solo se juega solo la libertad de Luis Fernando Camacho, también “se juega la libertad de todo el pueblo de Bolivia”.
En este sentido, hace pocos días llegó a Bolivia el subsecretario de Asuntos Políticos y Construcción de Paz de la ONU, Miroslav Jenca, quien se reunió con autoridades del Gobierno boliviano, con el objetivo de analizar los hechos ocurrido en octubre de 2019 en ese país.
