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Nuevas protestas sumergen nuevamente a Chile en el caos por motivos que van más allá de reformar la Constitución. Ahora los grupos radicales de la izquierda chilena apuntan directamente a la destitución del presidente Sebastián Piñera.
La convocatoria fue hecha en la Alameda, la principal avenida de la capital chilena y, como la mayoría de las movilizaciones dirigidas por estos grupos, terminó con enfrentamientos, obstrucción de calles y ataques a comisarías.
En total hubo 46 detenidos en 34 incidentes violentos que incluyeron saqueos y un autobús quemado, informó el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, reseñado por Associated Press.
El funcionario indicó que son alrededor de 400 personas las que tomaron las calles del centro de Santiago para generar desórdenes públicos.
Con esta insistencia, dichos grupos extremistas estarían reiterando su intención de profundizar la fractura del sistema político chileno, atacando al gobierno, al cuerpo de Carabineros y a su Carta Magna con propósitos meramente de carácter ideológico.
El verdadero objetivo
“Esto no se acaba con el plebiscito sino hasta que caiga el sistema de los ricos”, publicó el día de la consulta, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES). En la jornada electoral finalmente se aprobó iniciar el proceso para redactar una nueva constitución.
Para respaldar las palabras de este y otros grupos, recientemente parlamentarios de oposición pidieron el cargo a Piñera a través de un proyecto que busca adelantar para abril de 2021, las elecciones presidenciales y parlamentarias previstas para noviembre del próximo año.
“En un sistema presidencial como el que tenemos, es del todo improcedente plantear elecciones anticipadas. Equivaldría a una crisis constitucional en cualquier país del mundo”, explicó el abogado constitucionalista Javier Couso, de acuerdo con El Libero.
El hecho comenzó el domingo en la noche luego de que Piñera anunciara —haciendo uso de sus facultades— que recurriría al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto sobre el segundo retiro de fondos de pensiones.
El presidente explicó, a través de un comunicado, que el proyecto de ley es inconstitucional, ya que implica materias exclusivas de la Presidencia, como gasto público, seguridad social e impuestos.
El supuesto estallido social
Las protestas violentas de 2019 marcaron un antes y después en la nación sudamericana, luego de que un grupo de jóvenes adoctrinados destruyeron más de 80 estaciones del Metro de Santiago de Chile y sentaron las bases para la amenaza de la izquierda que sigue latente.
Es así como el supuesto estallido social que se plantaba ante las «desigualdades», realmente ocasionó destrozos, pérdidas de empleo y daños a la propiedad pública y privada.
Según la encuesta CEP (Centro de Estudios Públicos), 70 % de los chilenos no asistió a las marchas. Mientras que 72 % de la población chilena se define como “apolítica” o independiente.
Se habló de “violaciones a los derechos humanos” que nunca ocurrieron y luego se glorificó la “primera línea”: conformada por jóvenes que se enfrentan a los Carabineros para lograr la aceptación pública.
Detrás de estas protestas estarían grupos de extrema izquierda como El Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez (MPRM) y grupos de estudiantes como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
Carabineros en la mira
El cuerpo policial Carabineros también está en la mira de los movimientos radicales. Hace unos días, el general Mario Rozas, de la jefatura de Carabineros, fue destituido tras el encuentro del presidente Piñera con sus ministros y el intendente, señala El Libero.
La nota del medio agrega que la destitución de Rozas no calmó al ala más radical de la izquierda del escenario político.
En su lugar, figuras como el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, llamaron a una “profunda intervención civil de Carabineros”. Mientras tanto, en la ACES publicaron un mensaje exigiendo la “disolución” de la policía.
Es decir, los grupos que promovieron las protestas del año pasado también promueven la intervención del cuerpo policial.
No cesan las protestas
Tan solo cinco días después del plebiscito, Carabineros reportó 20 personas detenidas luego de alteraciones al orden público. En ese momento, los manifestantes exigían la liberación de los detenidos en 2019.
Para mediados de noviembre se realizó una nueva movilización a propósito de la firma del “Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”.
“No soltaremos las calles”, publicó en un comunicado la Coordinadora Feminista 8M.
Por su parte, Marcos Fauré, actual vocero de la ACES, se pronunció respecto a la renuncia del ministro de Interior, Víctor Pérez, y advirtió a Piñera que las protestas no terminaban con la renuncia del funcionario.
Además, los grupos izquierdistas han llamado a protestar cada viernes. Tras haber logrado una victoria en el plebiscito para cambiar la Constitución, ahora las excusas son variadas. Convocan a tomar las calles para exigir la liberación de los detenidos, piden la renuncia del presidente, llaman al desconocimiento general del sistema democrático chileno, entre otras.
Por si fuera poco, ven en Perú como un ejemplo para lograr sus objetivos, a raíz de las manifestaciones tras la destitución de Martín Vizcarra y la posterior dimisión de Manuel Merino.
«Tambalean los poderosos, las policías salen a golpear y asesinar. Chile, Perú, y la claridad de que el problema no pasa por un gobernante u otro, es el sistema el que debe caer. Un abrazo de lucha a los compañeros en Perú, Latinoamérica y el mundo que lucha por una vida digna”, dijo en Twitter el exvocero de ACES, Víctor Chanfreau.
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