Un funcionario de la administración de Donald Trump se reunió con un representante del régimen venezolano en México para negociar la salida pacífica de Nicolás Maduro del poder. No obstante, las conversaciones no tuvieron éxito.
La información, difundida por Bloomberg, revela que Ric Grenell, exdirector interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos y embajador en Alemania, y Jorge Rodríguez, una de las principales figuras del chavismo, se reunieron en Ciudad de México.
Dos personas familiarizadas con el asunto dijeron que el asesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien, firmó el encuentro con la aprobación del presidente.
Donald Trump ya ha ejecutado medidas para presionar cada vez más al régimen venezolano. Las más conocida son las sanciones impuestas en el año 2019 para asegurar que Maduro y sus cómplices no siguieran enriqueciéndose a costa de las operaciones petroleras, ni realizaran transacciones ilegales con dinero del país.
Específicamente, Trump ordenó bloquear todos los activos de la dictadura Maduro en EE UU, prohibió a las empresas estadounidenses hacer negocios con Caracas e impedir la entrada de cualquiera del régimen a territorio norteamericano.
“Todos los bienes e intereses del Gobierno de Venezuela que se encuentran en EE UU están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse de otra manera”, reza el texto de la medida adoptada, reseñado por El País.
Presión al régimen
El Gobierno de los Estados Unidos también se ha asegurado de vigilar las actividades ilegales del régimen, a través del acuerdo con otros 22 países para supervisar las aguas del Caribe, canal esencial para transporte de cocaína a Estados Unidos desde Colombia y Venezuela.
En estas aguas se encuentran activos militares estadounidenses, un buque militar holandés equipado con la más alta tecnología e incluso vigilancia aérea. Solo en septiembre, el buque holandés Groningen incautó alrededor de tres toneladas de clorhidrato de cocaína.
A la lista se suman los cargos por narcoterrorismo que el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció contra el dictador venezolano. La acusación está justificada en el hecho de que Maduro llevó adelante una sociedad de narcotráfico con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) por los últimos 20 años.
El departamento también ofreció 10 millones por informaciones respecto a otros funcionarios chavistas como Diosdado Cabello y Tareck El Aissami.
Adicional, EE. UU. ha sido firme respecto al fraude electoral planificado para las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, desconociendo tal planteamiento por no tener ninguna garantía y sesgado políticamente a favor del régimen.
“Nosotros y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro”, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado.