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La estatal petrolera Pdvsa, catalogada hace décadas como una de las más importantes empresas del mundo, actualmente aleja sus barcos de las costas venezolanas en medio de sanciones, deudas y demandas.
El distanciamiento de las costas, que está siendo comunicado a sus clientes, también implicaría mayores costos y menor supervisión, reseña la agencia Reuters.
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Si bien la terminal de Jose, ubicada en la costa oriental del país, era la emisora de las dos terceras partes de las exportaciones, estas comenzaron a ser transferidas a Caquetíos, ubicada en el occidente frente a su refinería de Amuay, y ahora nuevamente los clientes de Pdvsa están siendo dirigidos a un lugar alrededor de 20 kilómetros al norte de las islas Los Monjes, en el Golfo de Venezuela, añade la agencia de noticias.
Sanciones contra la corrupción
En 2019 el Gobierno de EE. UU. impuso nuevas sanciones al régimen venezolano las cuales abarcan el bloqueo de propiedades y activos de Pdvsa. El objetivo es exponer la corrupción del régimen e impedir que continúen saqueando la economía venezolana.
Este conjunto de medidas ha llevado a la dictadura venezolana a buscar alternativas para seguir valiéndose del recurso que le ha dado millardos de dólares y de los cuales pocos llegan al país, que actualmente enfrenta crisis sanitaria y alimentaria.
Petrolera sin dinero
La empresa no solo traslada sus operaciones para evitar sanciones, también enfrenta demandas por el incumplimiento de pagos en refinerías del exterior, donde Pdvsa mantenía operaciones por más de 30 años.
Una demanda hecha en marzo por la Refinería Di Korsou (RDK), propietaria de la Refinería Isla, asciende a 51 millones de dólares, monto que se suma a los $162 millones de dólares de otra demanda previa de la misma empresa por el impago durante el último año en relación.
La falta de pago no es la única alerta, la falta de mantenimiento es otro detonante de la deficiente administración del régimen venezolano ya que en agosto de este año el Gobierno de Bonaire ordenó a Pdvsa el vaciado de los tanques y oleoductos en su terminal Bopec. La razón es el poco mantenimiento a dichos tanques, representando riesgos ambientales y de fugas.
Las presiones aumentan
En agosto de este año EE. UU. confiscó cuatro buques iraníes con 1,1 millones de barriles de combustible que iban rumbo al país caribeño, lo cual pone más entre la espada y la pared al régimen de Maduro.
La incautación fue aprobada por un juez del distrito de Columbia, tras alegatos presentados que aseguran que en esta transacción, donde interviene Venezuela, representaba beneficios directos para la Guardia Revolucionaria Islámica, organización que EE. UU. califica como terrorista.
Las ganancias de estas operaciones «apoyan la gama completa de actividades nefastas de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios de entrega, apoyo al terrorismo y una variedad de abusos contra los derechos humanos, en el país y en el extranjero”, declaró para ese momento el fiscal federal para el Distrito de Columbia, Zia Faruqui.
Todas estas situaciones ofrecen un escenario complejo para una empresa que al inicio del régimen venezolano manejaba y supervisaba una de las mayores bonanzas petroleras del mundo.
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