El pasado domingo 9 de agosto, el territorio de Puerto Rico vivió lo que nunca imaginó, la suspensión de un evento electoral. En un cuatrienio donde han ocurrido situaciones históricas, lo último que nos faltaba por vivir era el colapso de nuestra propia democracia. El evento electoral suspendido fueron las elecciones primarias de los principales partidos políticos, en el que los afiliados de esos partidos iban a elegir a sus candidatos para las elecciones generales de noviembre.
Debido a la incompetencia de quienes administran la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), entidad gubernamental autónoma, facultada por ley para regir los procesos electorales y velar que se lleven a cabo de la manera más limpia y transparente posible, por primera vez en nuestra historia, los puertorriqueños no pudimos elegir a nuestros líderes.
El problema radicó en la falta de papeletas debido a la mala coordinación y logística y aunque se han repartido culpas y aunque el presidente de la CEE le pidió perdón al pueblo puertorriqueño por el fracaso electoral, la realidad que lo ocurrido el pasado 9 de agosto es parte de un efecto dominó gracias a gobernantes incompetentes que fueron “electos legalmente” pero no electos por la mayoría, principio básico y fundamental de la democracia. Para eso, tenemos que retroceder en el tiempo al año 2016, año de nuestra última y más reciente elección general.
Para las elecciones generales del año 2016, hubo seis candidatos certificados por la CEE que compitieron por la gobernación de Puerto Rico, máximo cargo público en la isla. En esa elección resultó “electo” gobernador, el candidato del Partido Nuevo Progresista (PNP), Ricardo Rosselló Neváres. La elección del año 2016 fue histórica en varios sentidos, algunos positivos y otros negativos.
Por el lado positivo, fue una elección donde el electorado tuvo varias opciones pero en el lado negativo fue una elección donde hubo una muy baja participación del electorado, eso sin mencionar que aunque fue positivo que hubiera diversidad de opciones en la papeleta, las reglas electorales establecidas por ley daban, o dan todavía, paso a que un gobernador sea “electo” porque resultó ser el ganador de una elección al ser el candidato con la mayor cantidad de votos pero no necesariamente electo por la mayoría y el evento del 2016 es un ejemplo de eso.
Para empezar, fue la elección con la participación más baja de la historia donde solo el 55.1% de los electores registrados para votar participaron, para un total de sobre 1.5 millones de electores que participaron de una lista de casi 3 millones de electores registrados para votar. Eso significa que 44.9% del electorado se abstuvo y no participó de la elección.
De ese porcentaje tan bajo de electores que participaron, el ganador de la elección, Ricardo Rosselló, prevaleció con tan solo el 41.8 % de los votos. El otro 58.2 % de los votos se diluyó entre los otros cinco candidatos. Por ejemplo, el candidato que llegó en segunda posición, David Bernier del Partido Popular Democrático (PPD), obtuvo el 38.87 % de los votos, otro porcentaje muy bajo.
El porcentaje alcanzado por el gobernador electo Ricardo Rosselló, es el porcentaje típico de un candidato derrotado en una elección donde solo compiten dos candidatos, máximo tres. Entonces, ¿cuál fue la falla aquí? La respuesta es sencilla, nuestro sistema electoral. Ricardo Rosselló fue un gobernador que gobernó en minoría, gracias a que nuestro sistema electoral vigente lo permite.
¿Por qué digo que gobernó en minoría? Porque 58.2 % del electorado no votó por él, por ende, gobernó en minoría ya que la mayoría del electorado, casi un 60 %, lo rechazó en las urnas.
Entonces, ¿fue Ricardo Rosselló electo constitucionalmente? Sí.
¿Fue Ricardo Rosselló un gobernador constitucionalmente legítimo? Sí.
¿Fue Ricardo Rosselló un gobernador electo por la mayoría del pueblo democráticamente? NO.
Entonces, si no fue electo por la mayoría del pueblo, ¿cómo es posible que haya ejercido el cargo de gobernador?
Esa pregunta se responde de forma sencilla, porque la Constitución y las leyes lo permiten. Otra pregunta que se podría hacer es si de la misma forma que la Constitución autoriza que existan leyes que permitan esto, también permite leyes que lo prohíban y la respuesta es sí.
Lo único que se tendría que hacer es que nuestros legisladores cambien nuestras leyes electorales y establezcan un sistema que evite estas situaciones. La solución que yo propongo es sencilla y es el sistema de la segunda vuelta electoral.
Para los que se pregunten qué es esto, es simplemente un sistema que consiste en que para llegar al cargo público que corresponda es necesario obtener más de la mitad de los votos emitidos. En otras palabras, es un sistema que cuando en una elección, ninguno de los candidatos supera un determinado porcentaje de los votos (por lo general mayoría absoluta), se realiza una segunda votación para decidir entre los dos candidatos que queden en primer y segundo lugar en la primera votación. Se trata pues de una eventual etapa del proceso de elección de una autoridad.
Esta institución nace en el siglo XIX, por primera vez en 1852 con la instauración del Segundo Imperio francés de Napoleón III. Luego se aplica nuevamente en la Tercera República Francesa y surge con gran fuerza en la Quinta República a través de la Constitución francesa de 1958. Es una institución electoral paradigmática del derecho electoral y constitucional francés, adoptada por muchos países del mundo para garantizar que su jefe de gobierno cuente con la legitimidad y apoyo mayoritario del electorado.
Por ejemplo, si en Puerto Rico hubiese existido este sistema en la elección pasada, Ricardo Rosselló y David Bernier hubiesen tenido que enfrentarse en una segunda votación posterior para garantizar un ganador electo por la mayoría. Si en la primera votación donde compitieron los seis candidatos, Rosselló hubiese alcanzado más del 50 % de los votos, la segunda votación no hubiese sido necesaria ya que hubiese sido electo por la mayoría.
Sin duda alguna este sistema actual que tenemos de una elección por mayoría simple, dio paso a un gobierno cuyo gobernante hizo nombramientos gubernamentales que afectaron grandemente a Puerto Rico. Un gobierno donde las decisiones de su líder fueron tan negativas que hasta provocaron que no pudiera finalizar su mandato y tuviera que renunciar. Ese mismo gobernante no electo por la mayoría, fue el gobernante que nominó al actual presidente de la CEE, Juan Ernesto Dávila, máximo responsable del fracaso electoral del pasado 9 de agosto que no solo provocó que por primera vez en la historia se suspendiera un proceso electoral sin concluir sino que también el pueblo haya perdido la confianza en sus instituciones.