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La Procuraduría denunció penalmente al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por los presuntos delitos de peculado y colusión. La acusación contra el representante izquierdista incluye dos aristas: «Resguardo policial irregular» y contratos ilícitos.
Entre los señalados por el primer crimen figura el actual gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas. Del mismo modo, también se incluye a Carlos Zárate, suboficial de la Policía Nacional de Perú (PNP).
Por otro lado, la lista de señalados por colusión la encabeza Cerrón, Orihuela y Gregoria Villalobos Cerrón, madre del funcionario policial. Otros de sus familiares, como Yeni Estrada Velasco, Luz Misayauri Sovero, Oscar Zárate Nisayauri, Óscar Zárate Palomino y Víctor Zárate Palomino también figuran allí.
Irregularidades policiales
De acuerdo con la Procuraduría, el efectivo de la PNP habría resguardado policialmente a Cerrón incluso cuando este ya no era funcionario público. El también secretario general del partido oficialista, ejerció como gobernador de Junín hasta agosto de 2019, luego de ser condenado por corrupción. Posteriormente, fue inhabilitado para desempañar cargos públicos.
Pese a dejar el puesto, Zárate y otros funcionarios continuaron brindándole sus servicios y cobrando por ello. Según el diario El Comercio, los agentes habrían recibido unos 30000 soles, el equivalente cercano a 7000 dólares, como «bonificación». No obstante, el medio peruano Gestión accedió a las órdenes de servicio de la policía, demostrando que se pagaron 40000 adicionales, es decir, alrededor de 9500 dólares.
Por otra parte, imágenes difundidas a través de denuncias periodísticas evidenciarían el incumplimiento de funciones de los policías. Estos en lugar de resguardar a Orihuela, el gobernador vigente, realizarían labores para el exdirigente, Vladimir Cerrón. Aunque posteriormente también siguieron trabajando para su sucesor.
Una familia con nexos de corrupción
La segunda denuncia tiene a más involucrados, Cerrón, Orihuela y familiares de Zárate, quienes eran militantes de Perú Libre. La Procuraduría alega que empresas ligadas a familiares del suboficial se habrían beneficiado con contratos firmados con el Gobierno Regional de Junín y municipios de la jurisdicción.
No obstante, el acuerdo se extendería más allá de este territorio, favoreciendo también a Cusco y Huancavelica. De este modo, la familia del funcionario de la PNP se adjudicaría un monto superior a los 25 millones de soles en convenios estatales.
Frente a esto, la Procuraduría solicita a la fiscalía nacional abrir una investigación preliminar contra todos los implicados. Además de tomar declaración de Vladimir Cerrón y pedir el levantamiento de su secreto bancario y de comunicaciones. Por su parte, el secretario general del partido de Castillo alegó en Twitter que esto se trataría de una «persecución judicial» en su contra.
