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Más que claros han quedado los delitos perpetrados por los integrantes de las mafias que mantienen secuestradas las instituciones venezolanas. El pasado jueves 1 de julio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidente chilena Michelle Bachelet no deja lugar a dudas de qué, tanto Maduro como los que forman parte de su cuadro de mando, son responsables de las miles de ejecuciones extrajudiciales que han terminado con la vida de seres humanos en nuestro país. Los ámbitos de consumación de tan horrendos asesinatos, recurrentemente tienen lugar en sectores populares, advirtiendo que los venezolanos que conforman la población más vulnerable son el blanco de tales acechanzas.
Lo que se narra en dicho informe le pone la piel de gallina a cualquiera cuando se lee que “se ratifica que los autores materiales irrumpen en las casas de las víctimas, valiéndose incluso de violencia de género para controlar “testigos” y separar a las víctimas de sus familias”. Un ejemplo específico señalado en el texto del nuevo dictamen, es la utilización indebida de la fuerza en las operaciones policiales realizadas en la popular parroquia caraqueña de La Vega.
Otro caso destacado en las páginas del informe da cuenta “del asesinato de la familia Remolina, en el estado Apure, luego de haber sido ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad del régimen”. Otro hecho aberrante es que se cometen “actos de violencia sexual por parte de sus custodios, contra mujeres privadas de libertad”.
«Métodos como la tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes, que incluyen golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación», entre otros, son reconfirmados como un patrón de conducta de un régimen que no repara a la hora de producir todo tipo de dolores a sus víctimas. Maduro y sus esbirros persisten en el mecanismo perverso de las “desapariciones forzadas, que van desde breves, hasta de varios meses (Caso Sequea Torres). Los propios torturadores son llamados a declarar contras sus víctimas, sin que jueces o fiscales tomaran ninguna medida (se ratifica cadena de mando)”. Por otro lado, se comprueba que los integrantes de los cuerpos represivos (SEBIN y DGCIM) proceden en connivencia para consumar violaciones DDHH y obligar a los detenidos, bajo tortura, a declarar en su propia contra.
Este nuevo informe es una lápida sobre un régimen que quiere salir de su cueva oscura a tratar de brillar en medio de elecciones regionales, como que si en Venezuela todo está normal, y por lo tanto podemos entretenernos realizando un festival de candidaturas a gobernaciones y alcaldías. Pues bien, eso no se puede tolerar y la investigación concluye en que se siguen violentando los derechos de “la libertad de asociación, la libertad de movimiento, la libertad de manifestaciones pacíficas, la de opinión y expresión”, entre otras.
Quiénes lean estas páginas lo menos que pueden sentir es escalofríos, sabiendo como el régimen narcotiránico de Venezuela no para en cometer crímenes de lesa humanidad. Por eso lo prioritario es seguir respaldando todas las diligencias que se adelantan en La Corte Penal Internacional y retomar la lucha por la libertad plena de Venezuela.
