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Un juez federal anuló el programa parole in place que impulsó la administración del presidente Joe Biden, el cual beneficiaba a 500.000 cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y a unos 50.000 hijos adoptivos que tuviesen una situación migratoria irregular, al otorgarles estatus legal.
El magistrado J. Campbell Barker, quien ya había suspendido temporalmente esta regulación, señaló en su fallo, publicado el jueves, que el programa quedaba anulado debido a que el Congreso no había autorizado al Poder Ejecutivo para implementar dicha medida.
De acuerdo con reportes de Univision, Campbell Baker determinó que el Departamento de Seguridad Nacional carecía de autoridad legal bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para otorgar el parole in place a inmigrantes elegibles en el marco del programa Keeping Families Together.
Esta política tenía como objetivo la simplificación del camino hacia la ciudadanía para aproximadamente medio millón de inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, 16 estados encabezados por Texas presentaron una demanda para poner en freno esta medida. Alegaban que una práctica de esta naturaleza les está costando millones de dólares en servicios públicos, incluyendo atención médica, educación y aplicación de la ley.
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A finales de agosto, el juez Campbell Barker suspendió el programa en respuesta a la demanda, cuyo argumento es que el parole in place es ilegal, al otorgar beneficios migratorios sin la autorización del Congreso a personas sin admisión legal en el país.
Posteriormente, el pasado 13 de septiembre, un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 5º Circuito ordenó a una corte federal de Texas suspender todos los procedimientos relacionados con el parole in place.
Sin embargo, la orden de agosto de Campbell Barker impedía al Gobierno conceder el beneficio de la regularización de estatus migratorio sin salir del país, pero no impedía que aceptara nuevas solicitudes mediante el formulario I-131F de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés). El nuevo fallo impide ahora ambas cosas.
El programa autoriza saltarse el trámite consular y evitar poner en riesgo sus regresos a Estados Unidos porque a los indocumentados, una vez ponen un pie fuera del país, les cae automáticamente la Ley del Castigo, que pena con tres años si la permanencia indocumentada supera los 180 días y se eleva a 10 años si pasa de los 365 días.
