Estados Unidos está atento a los tropezones del interinato. Aunque no se mencione a viva voz, presta su ayuda, pero también cuida otros frentes. Por lo tanto, de manera progresiva ha tratado de utilizar medios alternativos para hacer presión al régimen de Nicolás Maduro. Esto se percibe como una respuesta ante las incongruencias vistas desde el 2019, cuando inició la gestión del opositor Juan Guaidó.
El primer y más memorable tropezón frente a Estados Unidos que tuvo el Gobierno interino de Guaidó vino con las irregularidades que se presentaron en la entrega de ayuda humanitaria desde Colombia a Venezuela en febrero de 2019. Un evento que terminó volviéndose noticia por las irregularidades al rendir cuentas sobre los recursos que tanto el país norteamericano como otras naciones habían destinado para esta causa. Un caso que terminó adquiriendo el infame apodo del “Cucutazo”.
Los daños colaterales de este suceso todavía se sienten. Por ejemplo, recientemente un nuevo informe del inspector general de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) plantea un estudio de lo que motivó el envío de provisiones que el Gobierno estadounidense a tierras caribeñas, de acuerdo con lo que reseñó la Associated Press.
“El reporte se enfoca en los frenéticos meses después de que el líder de la oposición Juan Guaidó se alzó para desafiar el mandato de Maduro, ganándose rápidamente el reconocimiento como presidente interino de Venezuela por Estados Unidos y docenas de aliados. Como parte de ese esfuerzo, la USAID gastó 2 millones de dólares entre enero y abril de 2019 para trasladar 368 toneladas de provisiones de emergencia a la isla caribeña de Curazao y a la frontera entre Colombia y Venezuela”, explica la agencia de noticias estadounidense.
Para aquel momento, se confiaba en que estas provisiones entrarían al país bajo órdenes de Guaidó. Sin embargo, esto no ocurrió. Una caravana trató de ingresar a territorio venezolano de manera infructuosa, siendo bloqueada en la frontera. Posteriormente, un camión se incendió, perdiendo provisiones provistas por Estados Unidos y valuadas en 34000 dólares.
Este fracaso fue solo el comienzo de las irregularidades que notó Estados Unidos. Y es que luego de esto, se dio a conocer cómo varios enviados de Guaidó se apropiaron en Colombia de fondos para la ayuda humanitaria. Un incidente donde Rossana Barrera, cuñada del diputado Sergio Vergara del partido Voluntad Popular, conocido como mano derecha de Juan Guaidó; junto a Kevin Rojas, fueron protagonistas de un escándalo detectado por la inteligencia colombiana relacionado con el despilfarro de dineros públicos que en principio habían sido destinados para pagar el hospedaje de los militares que desertaron el 23 de febrero de las fuerzas militares de Maduro.
Al respecto, AP asevera que “en los meses siguientes, cuando se perdía la atención mediática y se desvanecía la lucha de Guaidó por derrocar a Maduro, Estados Unidos modificó discretamente la ayuda. Al final, solo ocho toneladas lograron llegar a Venezuela, y las 360 toneladas restantes fueron distribuidas en Colombia y enviadas a Somalia, de acuerdo con el informe”.
Este revés ocurrido en la frontera, así como en el país vecino, trajo sus consecuencias, pues se explica también que la USAID empezó a trabajar “tras bambalinas” con agencias de Naciones Unidas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones para llevar ayuda a Venezuela, donde tales artículos suelen ser distribuidos en hospitales del gobierno y agencias controladas por Maduro. Esto marcó un precedente que ahora se afianza con el estadounidense Joe Biden.
Joe Biden y la relajación de las sanciones
Recientemente, el presidente estadounidense Joe Biden ha estado explorando maneras de abordar el tema del régimen que encabeza Nicolás Maduro. En este aspecto todo, tristemente, apunta a negociaciones. Por ejemplo, en tres meses de la Administración demócrata, ha levantado al menos tres sanciones impuestas por el gobierno republicano. El régimen venezolano ha resultado favorecido de manera directa o indirecta con tales decretos.
Entre estos casos está el revocamiento de las sanciones impuestas por Donald Trump a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar a tropas estadounidenses o a sus aliados, reseñó hace semanas la agencia EFE.
Entre los funcionarios favorecidos destaca la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, señalada por la oposición venezolana de mantener engavetado el expediente que probaría las violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro.
De la misma forma, tras ser ratificada como secretaria del Tesoro, Janet Yellen emitió el pasado 2 de febrero una licencia que autoriza algunas transacciones para operaciones portuarias y aeroportuarias entre Estados Unidos y Venezuela.
En ese hilo de “perdones” se conoció sobre el levantamiento de otra sanción que indirectamente también favorece al régimen de Nicolás Maduro. La OFAC dio a conocer este jueves 1 de abril en un comunicado que cuatro compañías propiedad del empresario Alessandro Bazzoni salían de la lista negra a la cual habían sido incorporadas en enero por la Administración Trump por evadir la política sancionatoria contra el sector petrolero de Venezuela.
El régimen, a su modo, ha sabido responder a este “relajamiento”. Este viernes los seis ejecutivos estadounidenses que laboraban en Citgo y se encontraban presos en Caracas recibieron el beneficio de arresto domiciliario. Al respecto, agencia AP calificó la decisión como un “gesto de buena voluntad” con la Administración Biden para iniciar otro diálogo incierto
El cambio, en mayor o menor escala, de la política de Washington hacia Venezuela con el demócrata en la Casa Blanca no es una novedad. Ya durante la campaña sus asesores habían anunciado en varias entrevistas reseñadas por el New York Times la preferencia de Biden por la “persuasión antes que la imposición”, haciendo referencia a las sanciones impuestas por la administración Trump.