La Ley Bolívar ya está en el Congreso de Estados Unidos. El senador republicano Marco Rubio, férreo opositor al régimen de Nicolás Maduro, está en compañía de sus homólogos Rick Scott y Thom Tillis —en conjunto con la demócrata Jacky Rosen— moviendo sus piezas para activar esta legislación. Una manera elegante de sitiar al chavismo con mayor meticulosidad.
Y es que Estados Unidos sigue desplegando su batería de estrategias legales contra el régimen. Es cierto eso. Hace un par de días el Comité de Relaciones Exteriores del Senado aprobó una resolución que condena “la continuada erosión de la democracia en Venezuela”. Algo que también tiene la firma de Rubio y en esta ocasión la del demócrata Rob Menéndez, reseña Infobae.
Sin embargo, los grises en estas tácticas de los congresistas estadounidenses saltan a la vista. La iniciativa bautizada como “Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo Venezolano” (llamada Bolívar, en inglés) si bien es un movimiento que se celebra a favor de la democracia, muestra también un camino colateral y no un enfrentamiento directo al régimen de Nicolás Maduro.
El abogado y catedrático Juan Carlos Sosa Azpúrua lo ve de ese modo. En una entrevista con PanAm Post, el experto desmenuzó varios puntos importantes sobre lo que significa promover la Ley Bolívar. Asegura que va en una tónica enfocada a una realidad pesada, dura, tosca, pero que debe enfrentarse: Joe Biden no está interesado en remover a Maduro del poder, al menos no del modo que Trump lo intentó.
“El que pensaba que el gobierno de Biden haría algo diferente por Venezuela no entendió lo que estaba pasando. A Trump se lo hicieron muy difícil. Biden no hará nada para que este régimen caiga, lo que hará es mantener las sanciones, que son un error porque empobrecen más la población y hacer cosas como facilitar a los venezolanos su residencia en Estados Unidos. No hará más nada. No lo hará con Cuba y no lo hará con Venezuela”, agrega Sosa Azpúrua.
Sus palabras se sienten como pedradas. Sin embargo, no deja de tener razón. Tristemente las señales apuntan a eso. Acciones como la Ley Bolívar y la aprobación del Estatus de Protección Temporal (TPS) son muestras de ello. Esto tiene su justificación y se dirige a la mediocridad de la oposición en el manejo de sus gestiones. Sin más, ni menos.
Sosa Azpúrua lanza sus dardos a quienes se aglutinan hoy en la vocería opositora y expone sus razones: “El problema es que en Venezuela no tenemos un sector político competente. Aquí había que plantear una serie de esquemas que no tenían que ver con el TIAR o la consulta. No. Había que irse directamente a hacer un acuerdo bilateral con el gobierno de Trump que sí tenía la intención de hacer las cosas y activar otros organismos, pero la decisión y la responsabilidad de acción en Venezuela recaía sobre el interinato. El problema es que acá el sector político no estuvo dispuesto a hacerlo. Entonces, se fueron por la tangente”.
Efectivamente así ocurrió. El tiempo pasó y ahora solo quedan pocos retazos de esas propuestas que se hicieron en 2019 con tanta vehemencia. Hoy solo queda ceñirse a las reglas y ver cómo Estados Unidos desarrolla el juego, ahora con este paquete de legislaciones que se va aprobando de manera progresiva y ralentiza la salida del régimen del poder.
Bolívar enfrenta al régimen
Entre las fichas que se agrupan para tratar de ahondar sobre el tema Venezuela y atacar al régimen por unos de sus flancos surge la Ley Bolívar como un láser contra los personeros del chavismo, así la define Sosa Azpúrua.
“Una cosa es sancionar específicamente a los funcionarios, impedirles viajar a Estados Unidos, que viajen a países civilizados, ponerle precio a sus cabezas y eso está muy bien, pero de manera muy puntual y que los afectes exclusivamente a ellos y no al país”, dijo.
Este mecanismo —más allá de la carga y lectura que tenga— lo tacha como efectivo en cierto modo, porque “busca complicarle las cosas a los funcionarios del régimen en Estados Unidos. Es acertado. La Ley Bolívar está muy bien concebida, en el sentido de que va específicamente con las personas que tengan nexos con el régimen en Estados Unidos tratando de hacer negocios allí”.
Esta legislación en particular, más allá de su nombre tiene funciones específicas. En el documento que fue consignado en el Congreso, se esgrimen sus objetivos:
- Prohíbe que las agencias federales otorguen contratos del gobierno de EE. UU. a empresas que realicen negocios con la administración de Maduro. La prohibición solo se aplicaría a los contratos celebrados en o después de la promulgación del proyecto de ley y no afectaría ningún negocio con la Asamblea Nacional de 2015 y sus sucesores electos.
- Proporciona las excepciones necesarias, incluso para la prestación de ayuda humanitaria, socorro en casos de desastre y cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros emita una licencia válida para hacer negocios en Venezuela.
- Permite al secretario de Estado renunciar a la restricción cuando sea de interés nacional de los EE. UU.
El mecanismo de la Ley Bolívar se enfoca en atacar individuos predeterminados. De acuerdo con DW, el congresista republicano Michael Waltz puso el proyecto de ley a consideración de la Cámara de Representantes el 28 de enero. En aquel entonces, unos quince representantes de los dos partidos que forman parte de ella respaldaron la iniciativa. Más tarde, el 15 de marzo, la legislación llegó al Senado.
Allí radica su efectividad a diferencia que las sanciones aplicadas de manera universal. Estas últimas son tóxicas, tal vez nocivas, pero no para la salud de la democracia en ningún país, sino para el pueblo que las enfrente.
Al respecto, Sosa Azpúrua añadió sus razones para entender mejor el porqué de estas afirmaciones: “Las sanciones en general me parecen un gravísimo error. Eso a nivel histórico no ha funcionado, sino todo lo contrario, empobrece más a las poblaciones donde gobiernan estos regímenes tiránicos. Sirven para que el régimen tenga la excusa perfecta para justificar las carencias, los problemas que hay en la economía, la escasez de gasolina y gasoil, los cortes de luz. En fin, todos los problemas que tenemos en Venezuela”.
Venezuela se apaga con legislaciones de forma, mas no de fondo
El panorama, tal como lo describe el catedrático, es desalentador. La población en general sufre por la escasez y los altísimos precios, producto precisamente de que se forman las economías mafiosas en donde no se respetan leyes de oferta y demanda. Ahora, terminan por crearse precios artificiales producto de cómo se aprovechan quienes tienen la capacidad de corromper a los funcionarios de las aduanas para que les permitan traer productos.
En otras palabras, el jurista explica que con estos vicios en la adquisición de productos se genera una “burbuja de mentira”, donde un porcentaje ínfimo de la población tiene la capacidad de adquirir bienes importados que se pagan en dólares, pero el resto se encuentra al margen y con la incapacidad total de tener acceso a esos bienes y, por supuesto, sufriendo los embates de una economía destruida.
Las consecuencias de la cobardía
Es frustrante revisitar por medio de testimonios o también cifras estos escenarios. Lo es aún más cuando pudo evitarse con el camino que se tomó en Venezuela. Pudo desarrollarse una estructura organizativa y una ayuda logística y estratégica.
No se habla de una intervención, sino de una acción dirigida por el Gobierno de Venezuela, pero nada de esto se hizo. El interinato no confrontó, otros Estados no lo hicieron tampoco y con suficientes motivos.
“Es que pretender que un gobierno de EE. UU. o cualquier gobierno extranjero se vaya a endilgar la responsabilidad de una intervención en Venezuela no es viable. No lo fue antes y no lo es ahora”, recalca Sosa Azpúrua, quien no culpa a los que se van por el proteccionismo de estas medidas, pues agrega que Venezuela está entrampada.
Se ve un interinato entregado, un régimen borracho de poder y un espejismo de soluciones que luce cada vez más desgastado y apaga a su población a diario.
Una radiografía a los movimientos de la izquierda
Al coctel de desasosiego se le suma que –a juicio del abogado– el mundo está impregnado fuertemente de una ideología progresista y de izquierda que siempre va a ver con malos ojos que se intente deponer a un régimen como el que está en Venezuela.
Siempre habrá una cantidad de gente muy poderosa en los medios de comunicación y en las organizaciones internacionales, en la OEA, la ONU, que harán todo lo posible porque este tipo de sistemas se mantenga.
“La izquierda ganó la partida. Hoy en día el mundo entero está envenenado con esa ideología y es algo que afecta al mundo. En EE. UU. la situación es muy delicada, porque Biden no es quién está gobernando sino los titiriteros que lo pusieron a él ahí. Estamos hablando de una fuerza poderosa y esa fuerza está alineada a los demócratas”, dictaminó Sosa Azpúrua.
La realidad es que al tener el control de la Cámara de Representantes y la Cámara del Senado a los demócratas se les facilitará mucho la agenda que en un corto plazo puede tener ciertos beneficios para la gente que está más necesitada, pero en tres o cuatro años va a empezar a sentirse el efecto pernicioso que tienen estas medidas: más inflación, pérdidas de empleos y recesión.
Es muy temprano para sentir estos efectos, ahora solo se experimenta la alegría de tísico. Se va a sentir un pequeño bienestar que la gente confundirá con una mejoría estructural de sus condiciones de vida, cuando en realidad es un pañito de agua caliente que se les va a enfriar muy rápidamente. Un panorama que pinta oscuro y que pide mucha conciencia. Mucha.