Esta semana la dictadura ofreció su “Memoria y Cuenta” del 2020. Nicolás Maduro y aliados cocinaron este evento y lo enarbolaron como un regreso triunfal del chavismo después de tres años de desconocer al Parlamento, en manos de la oposición. El mensaje —como era de esperarse— fue un desastre.
Durante unas cuantas horas el dictador se explayó a hablar de números y hechos que, una vez chequeados resultaron falsos, dudosos o simplemente exagerados, de acuerdo con Efecto Cocuyo. Los tópicos se barajaron entre economía digital, el tema de la pandemia, las sanciones, la cuestión petrolera y las deudas de la nación, que no son pocas.
La oposición salió al paso de estas declaraciones. El presidente interino, Juan Guaidó, se pronunció al respecto y recordó que sobre Maduro recae una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.
A través de su cuenta en Twitter, Guaidó ilustró con una infografía los ítems que de verdad merecen atención, así como un cuestionamiento en la dictadura. Mostró y comparó a Maduro con otros dictadores, además de terroristas o criminales de la talla de Osama Bin Laden y “el Chapo” Guzmán.
“Ante las mentiras del dictador, en la imagen un resumen por lo que debe rendir cuentas a la Justicia: delitos de lesa humanidad, terrorismo y narcotráfico; con recompensa de 15 millones de dólares”, escribió. En ese orden, también agregó cifras como la inflación acumulada, el número de refugiados según datos ofrecidos por la ACNUR y la OIM, y el número de venezolanos que estarían “pasando hambre”. Según reflejan estos datos, serían 9 300 000 coterráneos.
Ante las mentiras del dictador, en la imagen un resumen por lo que debe rendir cuentas a la Justicia: delitos de lesa humanidad, terrorismo y narcotráfico; con recompensa de 15 MM de dólares.#UsurpaciónYCuento pic.twitter.com/XjH4SzSbMs
— Juan Guaidó (@jguaido) January 12, 2021
Sin embargo, en la trinchera opositora también es necesario meter la lupa y mirar con cuidado cada una de las gestiones que se han hecho en los últimos dos años. Si bien Maduro saca su carta de presidente, el interinato también hace lo propio y se arroga poderes de Ejecutivo. No obstante, por ahora Guaidó no ha hecho su Memoria y Cuenta correspondiente.
La operación Gedeón
Entre los casos que vale la pena mencionar, al ver someramente la gestión interina, se recuerda al menos en 2020 el escándalo de la operación Gedeón, una estrategia militar que se llevó a cabo en mayo, donde el régimen venezolano capturó a Airan Berry y Luke Denman, ambos exintegrantes de las fuerzas especiales de Estados Unidos contratados por Jordan Goudreau, artífice de esta operación en conjunto con el entonces estratega del Gobierno interino, Juan José Rendón, quien aseguro haber pagado 50 000 dólares para llevar a cabo esta operación.
También fueron arrestados 47 venezolanos, a los que se sumaron seis combatientes venezolanos, quienes murieron tras aparentemente ser asesinados de manera extrajudidicial, según la oposición venezolana.
Goudreau hoy demanda a Rendón por incumplimiento de contrato. El exsoldado norteamericano informó que se reunió con el diputado Sergio Vergara, así como otro funcionario venezolano afecto al presidente interino. Con la ayuda de un abogado se elaboró un “Acuerdo de Servicios Generales” con los detalles de esta operación, revela Miami Herald.
De la misma forma, se afirma que varios miembros de alto rango del equipo gobernante de Guaidó exigieron que se reservaran 20 millones de dólares con el objetivo de financiar un levantamiento popular interno para acompañar la incursión militar.
Otros figuras del partido de Guaidó, Voluntad Popular, surgen en estos testimonios. Jorge Betancourt y Lester Toledo, ambos vinculados de manera estrecha con el dirigente Leopoldo López, son parte de los señalados.
“Tuve varias conferencias de Zoom con Leopoldo López y hablé con él por teléfono”, agregó Goudreau.
Aunque se indica en el medio que el contrato fue firmado por Guaidó, Rendón, Vergara y Goudreau en octubre del 2019, Guaidó ha afirmado de manera reiterada que su firma había sido falsificada.
La consulta popular
Otro cuestionamiento que también sigue sin respuesta es el origen de los fondos que se destinaron para armar el aparataje de la consulta popular. Algunos referentes del comité organizador trataron de explicar en su momento —con pronunciamientos comedidos— este tema que se volvió bastante espinoso.
Blanca Rosa Mármol de León, miembro del comité organizador de la consulta popular al ser consultada por El Pitazo, también se refirió a este tópico y quedó un señalamiento presente: los miembros del comité no han recibido “ni un dólar” hasta el momento y que por ahora trabajan en aras de garantizar la transparencia del proceso.
En intervenciones anteriores, Guaidó se refirió al financiamiento de la consulta. Dijo que «tendremos que buscar apoyo para poder ejecutarla y que se exprese el pueblo de Venezuela”, al igual que lo hizo en 2017.
Más allá de esta suerte de mensaje encriptado con respecto a los recursos para la consulta popular, también queda otra pregunta sin responder: ¿Cuál es el origen de ese capital para armar la logística?
Otros escándalos del interinato
Detrás de Guaidó siempre hay otros resolviendo asuntos en su nombre. Javier Troconis, el comisionado presidencial para gestión y recuperación de activos de Venezuela en el exterior, ha sido uno de los más peculiares dentro de este gabinete, principalmente porque su gestión ha estado signada por irregularidades.
Una investigación de The Washington Post reveló que Troconis tuvo una mediación en representación de la compañía Petróleos de Venezuela (PDVSA) con el Gobierno de Paraguay. Tal negociación le dejaría una comisión de al menos 26 millones de dólares, cifra nada despreciable.
Troconis trabaja en el gabinete del Gobierno interino desde febrero de 2019, cuando se incorporó como parte de la junta directiva de Citgo Holding Inc. por mandato de la Asamblea Nacional en manos de la coalición opositora. Posteriormente, en agosto de ese mismo año sumó a sus funciones el cargo de comisionado enfocado en Miami, Bogotá y Washington.
Tres meses después de asumir esta función, firmó la solicitud de Paraguay de rebajar su deuda con la estatal petrolera venezolana que le ahorrarían al gobierno de Mario Abdo Benítez 150 millones de dólares a cambio de una retribución jugosa.
Sin embargo, este acuerdo no se concretó por la falta de formalidad ante un tribunal de París para garantizar la liberación de Paraguay de sus compromisos.
El escándalo con CRA
No solo este ha sido uno de los casos de Troconis. En septiembre de 2020 se conoció que estuvo supuestamente involucrado en el cierre de un contrato con el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las compañías LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar, residenciados en Estados Unidos.
De acuerdo con una investigación desarrollada por la periodista venezolana Patricia Poleo, esta empresa presentó sus servicios al Gobierno interino de Juan Guaidó en 2019, para recuperar los bienes de Venezuela que se encuentran en los países que forman parte de Petrocaribe.
Este consorcio —de acuerdo con lo relatado por Poleo— tenía como plan el cobro total de aproximadamente 40 billones de dólares, en ciertos plazos de tiempo, por concepto de deudas vencidas y atrasadas, así como acuerdos de renegociación y reestructuración del 50 % de las cuentas financiadas de Petrocaribe. Se hablaba de la recuperación de 2000 millones de dólares en el primer año.
Sin embargo, Antar y Reyes sumaron los nombres de varios funcionarios que —según ellos— les perjudicaron para cerrar la firma del contrato, luego de supuestamente haber ganado la licitación en enero de 2020.
Entre los aludidos por los directores de CRA figuran Javier Troconis, Fernando Blasi-Blanchar, encargado de negocios de Venezuela en EE.UU. y su hermano Magi Blasi-Blanchar, quien no formaría parte del Gobierno interino.
La representación de CRA aseveró que estas personas habrían pedido al menos 750 000 dólares a cambio de obtener la licitación del contrato para llevar a cabo la recuperación de activos. Al no dar el dinero que se les pedía fueron desconocidos por el entonces procurador José Hernández.
Ante este entramado de hechos, Hernández aseguró que lo planteado por Antar y Reyes no ocurrió de ese modo e indicó que: «No tengo registrada reunión alguna con la firma CRA, ni jamás fui consultado sobre su posible contratación. Ciertamente, junto con la junta ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)».
Hoy por hoy, estos funcionarios denunciados por CRA permanecen activos en el Gobierno interino y son las voces oficiales de Juan Guaidó en el exterior. Mientras tanto, el panorama sigue igual: los fondos sin recuperarse, el gobierno interino desmoronándose y la economía del país a un paso del default.
El escepticismo desde EEUU
Estados Unidos está atento a esto traspiés del interinato, aunque no se mencione a viva voz. Presta su ayuda, es cierto, pero también cuida otros frentes. Por ejemplo, para el año en curso aportó 30 millones de dólares, con el objetivo de la defensa de la democracia en Venezuela, sumado a 5 millones adicionales para programas de salud.
Dicha cantidad está contemplada en el presupuesto general de gastos del Gobierno norteamericano para el año fiscal 2021, documento que firmó el presidente Donald Trump. Sin embargo, el periodista Joshua Goodman indicó que desde la presidencia estadounidense se habría solicitado que el monto fuera de 205 millones de dólares por una posible transición que creían iba ocurrir durante este año.
La cifra está respaldada por un documento emitido por el área de investigación del Congreso de EE.UU., con el objetivo de «apoyar al Gobierno de transición, mejorar la seguridad alimentaria, fortalecer el sistema de salud, estabilizar el sector energético y fomentar el crecimiento económico».
La ayuda total a Venezuela aumentaría en 170 millones de dólares (486 %) en comparación con la estimación del año fiscal 2020. No obstante, los nuevos números, por demás desinflados, no dan un buen mensaje.
Guaidó y los tratos de la OFAC
Vale recalcar que el presidente interino ha recibido otras fuentes de financiamiento a través de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus sigla en inglés) es otra muestra de ello.
Dicho organismo le concedió el acceso a 80 millones de dólares incautados al Banco Central de Venezuela, controlado por el chavismo, en cuentas de Estados Unidos. De ese monto, tan solo 18 millones de dólares fueron asignados al programa Héroes de Salud que entregaba bonos de 300 dólares a personal médico en Venezuela.
También, de ese monto que aprobó la OFAC se destinaron 13,6 millones de dólares para el salario de diputados que no han recibido salarios desde 2016, porque Maduro cortó el financiamiento a la Asamblea opositora.
Queda una diferencia cuantiosa de al menos 40 millones de dólares que todavía vale la pena mencionar mencionar.
Desde el año fiscal 2017 detallado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) Estados Unidos ha proporcionado más de 656 millones de dólares en asistencia humanitaria y de desarrollo para abordar la crisis.
Esto incluye más de 467 millones de dólares en asistencia humanitaria y desarrollo para apoyar a los venezolanos migrantes y las regiones que los reciben, otros 189 millones de dólares han ido para la situación dentro de Venezuela, indica en su sitio web.
Existen muchas irregularidades en la gestión del Gobierno interino. Eso es innegable. El tema del popular “Cucutazo” en 2019, que le siguió el fracaso del 30-A con la liberación de Leopoldo López, que terminó por convertirse en un huésped de la Embajada de España y posteriormente en un exiliado más del régimen engrosan la lista.
Lo ideal sería que el presidente Guaidó tocara este tema y otros temas, como corresponde, ante el órgano legislativo y lograra responder no solo al Parlamento, sino a la ciudadanía que apostó por el interinato como una salida a la crisis que ha azotado a Venezuela por más de 20 años. Menos de eso sería una burda hipocresía.