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La parafernalia en las juramentaciones legislativas del 5 de enero pasó y lo cierto es que dejó más preguntas que respuestas. Por un lado, el chavismo instaló una Asamblea írrita carente de reconocimiento internacional. Por su parte, la coalición opositora realizó un acto para formalizar la continuidad de sus funciones e instaló un nuevo período anual adicional. Ambas aluden a la legitimidad basada en el voto de la ciudadanía. Ambas hablan de un poder otorgado por el pueblo.
Sin embargo, no hay un panorama claro sobre cómo se tratarán los asuntos legislativos. Lo que sí es un hecho es que Venezuela vive una crisis institucional. Los organismos internacionales así lo perciben y más allá de tomar partida, muestran cautela en sus pronunciamientos.
El comunicado emitido por la Unión Europea este miércoles es ejemplo de ello. Si bien explicó que considera que las elecciones «no cumplieron con los estándares internacionales para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar», también sostuvo que mantendrá «el compromiso con todos los actores políticos y de la sociedad civil que luchan por devolver la democracia a Venezuela, incluido en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente elegida en 2015».
Sumado a ello, la pugna de ideologías impregna cada paso de ambos parlamentos. Actualmente, Guaidó es reconocido por al menos 50 países. Mientras tanto, el chavismo se apoya en el amiguismo con los regímenes de Irán, Siria, Cuba, Nicaragua, Turquía, Arabia Saudita, China, Bolivia, Trinidad y Tobago, Argentina y México, solo por nombrar algunos. Todos ellos se amparan en la excusa del reconocimiento con base en sus doctrinas, sin detenerse a estudiar los vicios de ambos procesos.
El análisis del presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio
Y es que «vicio» es la palabra adecuada para denominar las tácticas llevaron a lo que ha ocurrido en el seno del hoy maltrecho poder legislativo. Es un escenario que ya se veía venir y que oportunamente esbozó el presidente del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Miguel Ángel Martín, al Panam Post: «Nos vamos a encontrar con un escenario jurídico internacional complejo, porque vamos a tener diputados elegidos en un proceso fraudulento, pero votados por la ciudadanía y nos encontraremos con unos diputados que no participaron en ese proceso y que en teoría debería continuar con el ejercicio de su poder como diputados a la Asamblea Nacional. Habrá una guerra numérica interesante, además del quiebre institucional».
En aquel momento, el funcionario también profundizó sobre algunas restricciones que, en su opinión, podrían haber sido atacadas a tiempo: «Cuando iban a elegir al presidente Guaidó (en 2020) estábamos proponiendo que se designara un presidente provisional hasta que haya elecciones libres, democráticas y se mantuviera la Asamblea Nacional con una separación de poderes, para crear la tríada de poderes que hay en Venezuela. No compartieron nuestra opinión y ahora nos encontramos con un tema constitucional cuando vence el periodo constitucional de los diputados de la AN».
Asimismo, Martín aseveró que desde el TSJ se plantearon varios aspectos para atacar el problema que hoy por defecto también deteriora la imagen de las instituciones del país frente a las democracias del mundo.
Este daño institucional puede reflejarse en el principal objetivo que ya han manifestado ambas trincheras: obtener el control de activos venezolanos en el exterior. Una pugna que se acrecienta en los casos más álgidos, como por ejemplo el oro venezolano —actualmente en disputa— depositado en Reino Unido y el control de la refinería Citgo, protegida por Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump.
El combate legislativo: una asamblea fraudulenta vs. una «Comisión Delegada»
Por lo pronto la lucha legislativa se reduce a las directivas de los parlamentos: Jorge Rodríguez, Iris Varela y Didalco Bolívar por el chavismo frente a Juan Guaidó, Juan Pablo Guanipa y Carlos Berrizbeitia, por la oposición. Una Asamblea fraudulenta de 277 diputados (256 chavistas sumado a 21 de una oposición «moderada») frente a una «Comisión Delegada» durante un periodo extraordinario, cuya imagen de legitimidad reposa sobre una base cada vez más endeble.
La Comisión Delegada es una especie de versión reducida del Parlamento, cuyas funciones iniciaron en 2015 y teóricamente terminarían este 5 de enero. Este grupúsculo será integrado por la junta directiva y los presidentes de las comisiones permanentes que, según la Constitución, son los encargados de mantener el funcionamiento de la institución durante los recesos anuales. El partido Acción Democrática (AD) ocupa seis puestos en las presidencias y vicepresidencias de las distintas comisiones que conforman la Comisión Delegada. Los otros puestos se los reparten Voluntad Popular (VP) —el partido de Guaidó— con cuatro; Primero Justicia con cinco, y Un Nuevo Tiempo con seis.
Lo cierto es que el daño ya está hecho y las instituciones han sido las principales víctimas de esta guerra institucional. A pesar de todas las conjeturas que vengan después, la recuperación de la institucionalidad luce como un camino cuesta arriba. Lo menos alentador de este escenario es que mientras las facciones políticas discuten desde sus trincheras, Venezuela se acerca a pasos aún más acelerados a la debacle. La crisis humanitaria no conoce de colores políticos, pero sus dirigentes parecen haberlo olvidado. Lamentablemente.
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