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Una representación de funcionarios republicanos en Texas introdujeron una demanda electoral contra Michigan, Georgia, Wisconsin y Pensilvania ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En el documento se alega que estas jurisdicciones cambiaron «inconstitucionalmente» sus leyes electorales, trataron a los votantes de manera desigual y desencadenaron importantes irregularidades en la votación.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien está al frente de la demanda, cargó contra el sistema de seguridad electoral en dichos estados. En un comunicado que reseñó The Epoch Times indicó que «Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin destruyeron esa confianza. Comprometieron la seguridad y la integridad de las elecciones de 2020».
Existe una diferencia entre esta demanda, que llega de una vez al tribunal superior, respecto de las demás consignadas de manera reiterada ante varios tribunales federales. En este escenario legal, la Corte Suprema tiene jurisdicción para escuchar las impugnaciones entre los estados, en lugar de pasar primero por los tribunales inferiores.
La demanda de Texas busca que el máximo tribunal estadounidense determine que los cuatro estados en disputa donde se llevaron a cabo las elecciones de 2020 contaron con irregularidades que serían reconocidas como violaciones a la Constitución.
En ese orden, el fiscal Paxton pidió a la Corte Suprema que prohíba el recuento de los votos emitidos por los cuatro estados en el Colegio Electoral. Para las jurisdicciones acusadas pero que ya han designado electores, la demanda solicita al tribunal que ordene a las legislaturas estatales el nombramiento nuevos electores de acuerdo con la Constitución.
La demanda en cuestión alega que los resultados de las elecciones estatales son inconstitucionales y no se pueden contar. Paxton continuó con sus argumentos y alegó que el cambio de las reglas de votación «abrió la puerta a irregularidades electorales de diversas formas», haciendo afirmaciones sobre fraude electoral e irregularidades en el proceso electoral.
Es importante recalcar que la Corte Suprema no está obligada a tomar el caso. Si bien las impugnaciones legales aún se pueden escuchar después de este martes, es probable que estén sujetas a un nivel aún mayor de escrutinio por parte de los jueces.
Paxton presentó la impugnación el día de la fecha límite del llamado «puerto seguro», seis días antes de que los estados deban certificar a sus electores. El fiscal general le pide a la Corte Suprema que extienda el plazo de certificación.
El Colegio Electoral se reunirá el 14 de diciembre para que se confirme el voto de sus delegados por cada estado. No obstante, Texas señala en su demanda que la Corte Suprema podría cambiar esta fecha, si así lo quisiera.
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