El presidente interino, Juan Guaidó, sigue en su cruzada para dar forma a la consulta popular, a pocas semanas llevarse a cabo las elecciones fraudulentas impulsadas por el chavismo.
Este martes ya se dio a conocer la fecha de dicho evento y las interrogantes siguen sumándose sobre la logística que se usará para ello.
La noticia vino de la mano del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Pablo Guanipa. El evento está pautado para realizarse desde el 5 al 12 de diciembre. La ejecución de este acto, dijo, será “presencial, virtual e itinerante”.
“La gente puede ir a un punto establecido para estampar su firma y su opinión sobre las preguntas que se hacen, pero si no puede hacerlo, también puede ir por la vía virtual. Ya se está estableciendo una modalidad que pueda garantizar la identidad de la gente”, expresó el dirigente a Radio Caracas Radio.
Al respecto también Guanipa agregó que “durante esos días vamos a tener la consulta virtual y la consulta itinerante y el día final, el día 12, va a ser el día presencial, en el que la gente podrá asistir a distintos puntos a manifestar su opinión”.
¿Qué se busca con la consulta popular?
La información suministrada por el diputado Guanipa, quien en anteriores declaraciones había mencionado a VOA que la consulta popular se daría entre octubre y noviembre, rompe con el patrón que se tenía en el discurso sobre la consulta popular como mecanismo para salir del régimen de Nicolás Maduro, porque con esta modificación de fechas se da una sola lectura: la oposición vuelve a medirse en las urnas electorales con el régimen de Nicolás Maduro.
Esta consulta popular ahora se visualiza —con estos nuevos parámetros— como una suerte de termómetro para medir la participación ciudadana frente a la propuesta del chavismo, que no ha cedido en su ruta de celebrar el 6 de diciembre las elecciones parlamentarias señaladas como fraudulentas desde su convocatoria.
Si bien Guaidó empuja la ejecución de este evento como la solución para el país y para su administración —cuya imagen se ha visto desgastada por los múltiples fracasos a lo interno—, la percepción que proyecta a la comunidad internacional está abonada por escándalos de corrupción en su gabinete.
Las incógnitas que se mantienen sobre la consulta popular
El aparataje para armar este evento sigue en pie, mientras el reloj juega en contra. En concreto, Guaidó juramentó ya su comando de campaña denominado “Venezuela alza la voz”, para promover la participación en la consulta.
Sumado a ello, anunció la instalación de los «Comandos Regionales por la Libertad y Elecciones Libres». El objetivo de éstos es “rechazar el fraude, convocar la participación en la consulta y acompañar la protesta de cada uno de los sectores del país”.
Sin embargo, queda una interrogante pendiente y radica en el financiamiento de un acto de tal magnitud que precisa maquinaria y gran logística.
En declaraciones anteriores, Guaidó aseveró sobre el financiamiento de la consulta que «tendremos que buscar apoyo para poder ejecutarla y que se exprese el pueblo de Venezuela”, al igual que lo hizo en 2017.
Más allá de esta suerte de mensaje encriptado con respecto a los recursos para la consulta popular, también queda otra pregunta sin responder: ¿Cuál es el origen de ese capital para armar la logística?
A pocas semanas de llevarse a cabo la consulta popular 2020, estos temas son tratados por el Gobierno interino con el mayor hermetismo posible.
Las preguntas de la consulta popular del 2020
Hace algunas semanas se revelaron las preguntas que tendrá la consulta popular para los venezolanos. Tras la firma del pacto unitario hecha el pasado 7 de septiembre que contó con la participación de 37 partidos opositores, Guaidó había ofrecido detalles sobre la consulta popular.
El también presidente de la Asamblea Nacional explicó que la consulta involucraría tres temas esenciales: la “atención a la emergencia” por la que atraviesa el país; las “posibilidades de transición”; y, lograr elecciones parlamentarias “libres, justas y verificables”.
Las preguntas planteadas y aprobadas por el Parlamento fueron las siguientes:
- 1. ¿Apoya usted todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que en el marco de la Constitución se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos?
- 2. ¿Rechaza usted el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados?
Estas preguntas que se dieron a conocer no distan mucho a las realizadas por el Parlamento venezolano de mayoría opositora en 2017, cuando se aprobó la convocatoria a un referendo el 16 de julio y se le solicitó a los venezolanos que manifestaran su rechazo o apoyo a la Constituyente de Nicolás Maduro.
Esta observación fue hecha en múltiples ocasiones por la dirigente María Corina Machado, quien se pronunció previo a la aprobación del acuerdo y rechazó estas «farsas electoreras y mecanismos que le den tiempo por consultas débiles (para) que permanezca o extienda a la tiranía en el poder».
Machado se desmarcó de la propuesta de Guaidó tras una reunión sostenida en agosto. En aquella oportunidad la dirigente nacional argumentó su proceder al indicar que: “Sería un engaño pretender volver a consultar lo ya consultado para colar la prolongación de tu condición de presidente interino de manera indefinida. No es sano, ni es ético y no lo acompañaríamos”.