El partido español, Podemos impulsó y finalmente ganó la aprobación este lunes de una iniciativa que insta al Gobierno a adoptar medidas para prevenir lo que se ha llamado “la propagación de mensajes de odio en las redes sociales”, una acción que permite la eliminación inmediata de este tipo de declaraciones en un lapso de tiempo de 24 horas.
El espacio político del dirigente izquierdista Pablo Iglesias llevó a la Comisión de Interior de la Cámara Baja esta Propuesta No de Ley (PNL). La pandemia del coronavirus es la excusa perfecta. A juicio de los redactores del proyecto, la situación que se atraviesa a causa del virus funciona como “una lente de aumento” de los discursos de odio y es, al mismo tiempo, la causante de “una creciente polarización en la opinión pública”, según reseña El Mundo.
Cabe subrayar que esta no es la primera iniciativa que toma Podemos para silenciar a la opinión pública. En una oportunidad anterior, trató de prevenir la difusión de “bulos” (noticias falsas o fake news) contra el Gobierno durante la pandemia. En efecto, denunció la publicación de un montaje fotográfico en el que aparecían decenas de ataúdes bajo las siglas del PSOE (Partido Socialista Obrero Español).
Ante estas quejas, intervino la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El organismo rechazó los argumentos del partido morado y le espetó que “la crítica es necesaria porque así se controla la acción del poder y se evitan las conductas totalitarias y carentes de respeto con los derecho de los ciudadanos”.
Las “ciberpatrullas” en las redes
El Gobierno español ya ha puesto la lupa sobre las redes sociales con anterioridad, en búsqueda de supuestos agitadores. En abril se conoció sobre una iniciativa promovida por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para intentar monitorear los llamados “discursos peligrosos” en la web y en las plataformas digitales “con el fin de comprobar algunos discursos que puedan ser peligrosos o delictivos”.
Estas declaraciones del funcionario, recogidas en un artículo de El Mundo, sirvieron para poner de manifiesto la polémica que quiere traer a la mesa el Gobierno español y que trata de diferenciar los discursos considerados potencialmente criminales y otros, simplemente “peligrosos”.
“Hay elementos que vemos a diario y que, sin revestir carácter delictivo, tratan de intoxicar, causar desasosiego y de manipular a la opinión pública”, precisan fuentes del ministerio al diario español.
Esta declaración se enmarca en un contexto, marcado por la reciente limitación del reenvío de mensajes en WhatsApp -actualmente bajo el control de Facebook- para el supuesto combate contra las fake news.
En medio de esta polémica, Vox se pronunció desde su canal oficial para instar a sus simpatizantes a migrar a otro servicio de mensajería, Telegram. El objetivo de este llamado era “defender a España sin censura”. En este sentido, el parlamentario de dicho partido, Iván Espinosa de los Monteros, aseveró que se estaba produciendo “una migración masiva” de usuarios de WhatsApp a Telegram “porque la gente está harta de que los progres pretendan controlarlo y censurarlo todo, hasta nuestros mensajes privados”.
La votación que mantiene los territorios demarcados en el Congreso
Al momento de la votación en la Comisión, el amiguismo jugó un papel importante entre las fracciones parlamentarias. Podemos tuvo el apoyo de los socialistas y del ERC (Esquerra Republicana de Catalunya). Por el contrario, los diputados del PP (Partido Popular), así como sus homólogos de Vox, decidieron votar en contra, bajo el alegato de que permitir una iniciativa de esta naturaleza atentaría contra la libertad de expresión. Ciudadanos, por su parte, optó por la abstención.
Los populares, fieros antagonistas de Podemos, no dejaron pasar por alto un importante argumento: esta propuesta confiere eventuales sanciones a las plataformas tecnológicas, que serían en todo caso impuestas por la Justicia española.
De la misma forma, el proyecto contempla que, en caso de considerarse necesario, redes sociales como Facebook o Twitter retiren denominados “mensajes de odio” en un plazo de 24 horas. Al mismo tiempo, se contemplan altas multas para las compañías si no garantizan el control que solicita el oficialismo español.