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La pulseada entre el el Grupo de Lima y el régimen venezolano sigue tensa. En esta oportunidad, la coalición de 13 países de América que no reconoce a Nicolás Maduro activó una petición ante la Corte Penal Internacional (CPI). Solicitan que en su “examen preliminar” sobre Venezuela sume las denuncias de la ONU por los “crímenes de lesa humanidad” atribuidos a la tiranía.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, en conjunto con los países miembros de este grupo, también expidió un comunicado de rechazo a las “sistemáticas violaciones a los derechos humanos perpetradas por el régimen ilegítimo” de Maduro.
De acuerdo con Infobae, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, indicó que el documento representa “un paso adelante para pedir que haya justicia y se evite la impunidad frente a los graves crímenes denunciados por la Misión independiente de la ONU”.
De la misma forma, los países del Grupo de Lima “recomiendan que el informe (…) pueda ser materia del examen preliminar sobre la situación de Venezuela que lleva a cabo la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional”, reseña el comunicado de la Cancillería colombiana. Asimismo, reclamaron que “a la luz de los hallazgos de estas investigaciones, los responsables de estos crímenes sean juzgados y que las víctimas y testigos reciban la debida reparación y protección”.
El informe de la ONU sobre las atrocidades del régimen
La emisión del reporte redactado por la Misión Independiente de Determinación de Hechos ha impactado a muchos gobiernos alrededor del mundo. Evaluó 2 891 casos para “corroborar los patrones de violaciones y crímenes”, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. Estos hechos, descriptos en sus 443 páginas, hacen justicia solo en una porción mínima a los vejámenes y torturas que sufren aquellos que desafían al régimen de Nicolás Maduro.
Tan solo en 2020 los organismos de seguridad venezolanos ejecutaron extrajudicialmente a 1 611 personas en los primeros seis meses, de acuerdo con un informe de la organización de derechos humanos Provea. Los asesinatos que fueron perpetrados entre enero y junio equivalen a un promedio de nueve crímenes diarios, siendo la mayoría de las víctimas jóvenes de escasos recursos de entre 18 y 30 años de edad.
