La policía política de Nicolás Maduro continúa el asedio a funcionarios del Gobierno interino de Juan Guaidó. Ahora los perjudicados son los opositores David Natera, Gabriel Gallo, Rafael Domínguez y Romer Rubio.
Las persecuciones iniciaron este lunes de manera simultánea. Mientras que en el estado Yaracuy la residencia del coordinador regional de Voluntad Popular (VP), Gabriel Gallo, era allanada —aun cuando el funcionario se encuentra fuera del país—, en Caracas ocurría lo mismo en la residencia de Rafael Ángel Domínguez, embajador de Guaidó ante Bahamas.
El Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) también apresó en el estado Bolívar a David Natera, director del Correo del Caroní, quien es padre del nombrado —recientemente— como miembro del Consejo de Protección de Activos, David Natera.
Natera (padre) se encontraba en su residencia cuando llegaron los efectivos de inteligencia, según reseña Infobae.
El mismo lunes, la residencia de Romer Rubio, dirigente del partido Primero Justicia, también fue allanada. El procedimiento lo llevó a cabo la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCM) en el estado Zulia. Sin embargo, al momento del operativo, los padres del funcionario del Gobierno interino no se encontraban en la vivienda.
¿Por qué los allanamientos?
Los allanamientos tienen lugar luego que el presidente interino, Juan Guaidó, activó el llamado Consejo Nacional de Defensa Judicial de la República.
Este organismo tendrá como finalidad “fortalecer la estrategia de protección de activos” de Venezuela en el extranjero, según datos difundidos este sábado por su equipo.
Tanto Natera como Rubio forman parte del Consejo de Protección de Activos venezolanos. Este nuevo órgano que “debe salir a defender” a Venezuela, de acuerdo con declaraciones hechas por Guaidó el pasado viernes.
La designación del mencionado Consejo surge a escasos días de la aprobación de la polémica “Ley Antibloqueo” promulgada por la Asamblea Constituyente chavista, que le otorga poderes extraordinarios a Nicolás Maduro para tomar decisiones en materia económica, sin ser auditados previamente.
La persecución como táctica de amedrentamiento
Entre otras denuncias por allanamientos y arrestos, se suma también la del diputado opositor venezolano Armando Armas. Hace semanas el parlamentario denunció que fuerzas policiales detuvieron a su madre y se la llevaron «a declarar», tras allanar su domicilio en el estado de Anzoátegui.
Armas en ese momento hizo la denuncia a través de su cuenta en Twitter: «En estos momentos una presunta comisión del (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro) CONAS (de la Guardia Nacional Bolivariana) se está llevando a mi madre Nidia Cuartin a ‘declarar’».
Tras conocerse el hecho, el presidente interino Juan Guaidó se hizo eco de las declaraciones del legislador venezolanos y aseguró que «la miserable dictadura», que ejerce Nicolás Maduro sobre Venezuela, «secuestra a la madre del diputado Armando Armas en su brutalidad y como parte de su esquema de persecución».
El espejismo de los llamados indultos presidenciales
A finales de agosto, Nicolás Maduro otorgó un llamado indulto presidencial a 110 personas —entre diputados y dirigentes opositores venezolanos—. Esta conducta llamó la atención de muchos países, debido a los motivos que se aludían para “el perdón de estos políticos.
Maduro admitió, durante una transmisión del canal estatal VTV, que firmó «el indulto para avanzar en el diálogo, para avanzar en la creación de condiciones que permitan la más amplia participación electoral, para avanzar en la creación de confianza».
En el indulto emitido por Nicolás Maduro, vía decreto, figuraron 25 diputados opositores que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Otros 50 «perdonados» que estaban en la cárcel, mientras que el resto tenía acusaciones en contra.
Sin embargo, el régimen venezolano continúa la persecución.