Restan solo pocos días antes de conocerse el dictamen por parte del Tribunal de Apelaciones de Londres, institución que tiene la potestad de decidir si la representación del dictador Nicolás Maduro o la junta “ad hoc” del presidente interino Juan Guaidó es la autorizada para tener el control sobre el oro de Venezuela, el cual está depositado en el Banco de Inglaterra (BoE).
Tras escuchar y analizar los alegatos de ambas partes en un juicio de tres días, los jueces Kim Lewison, Stephen Males y Stephen Phillips se comprometieron a acelerar el proceso, para dar a conocer este dictamen que marcaría un precedente internacional en relación con la disputa que se mantienen entre las dos representaciones por el control de los activos de Venezuela en el exterior, reseñó EFE.
La representación de Nicolás Maduro, en la figura de Calixto Ortega como presidente de la junta del Banco Central de Venezuela, gastó sus últimos cartuchos frente al Tribunal de Apelaciones inglés y consignó un recurso contra un fallo emitido el 2 de julio que otorgó a la junta “ad hoc” del BCV designada por Juan Guaidó el acceso a 31 lingotes de oro venezolano valorados en al menos 1 300 millones de euros.
Para robustecer la impugnación hecha por parte del BCV chavista, más allá de este recurso, la representación jurídica también acusó esta semana al Banco de Inglaterra (BoE en inglés) de violar las leyes de derecho internacional por este caso. Al respecto, alude que las decisiones emitidas en julio “ponen en peligro la percepción del Reino Unido como una jurisdicción segura en la que almacenar activos”.
Dicho argumento dado por el representante legal del Banco Central de Venezuela, Leigh Crestohl, mediante un comunicado al que tuvo acceso Europa Press, también asevera que los observadores extranjeros se sorprenderán por el hecho de que una declaración política del Reino Unido —sobre un tema relacionado con la política exterior— pueda tener el efecto de despojar a una denominada parte soberana extranjera de sus derechos sobre sus activos en Londres, y que tal acción sea inmune a los tribunales.
¿Qué busca el régimen de Maduro con las acusaciones al BoE?
La decisión del Tribunal de Apelaciones, que compete a Lewison, Males y Phillips, debe ser emitida en los próximos días y resolverá cuál de las dos juntas tiene potestad sobre los lingotes de oro venezolano, para poder avanzar o no en una demanda contra el BoE que introdujo Calixto Ortega en mayo.
En aquella oportunidad, el representante del BCV chavista acusó a dicha institución financiera de infringir su contrato, pues el banco se negó a traspasar 930 millones de euros de las reservas a un fondo de la ONU, que el régimen pretendía adquirir bajo el argumento de usar los fondos para la lucha contra la COVID-19 en el país caribeño.
El objetivo de los voceros del chavismo ante este panorama es claro: al hacerse con el control del oro venezolano en Reino Unido, en caso de que este dictamen sea a favor de la representación chavista del BCV, Nicolás Maduro emite un mensaje de legitimidad, que actualmente es muy cuestionada a nivel mundial, que le permite el manejo de activos en el exterior.
De la misma forma, busca obtener esta cantidad por medio del fondo de la ONU y justificar su uso en supuestos pagos y gastos que puedan subsanar los estragos económicos de la COVID-19 en el país.
Los cuestionamientos sobre la legitimidad
La legitimidad de Juan Guaidó también ha sido objeto de debate a lo largo de estos procesos legales en Reino Unido. La representación legal de la junta Ad Hoc del BCV en la figura del abogado Andrew Fulton argumentó esta semana que Londres reconoció “inequívocamente” al líder opositor como presidente y jefe de Estado en Venezuela. Esto fue ratificado a través de una declaración el 4 de febrero de 2019.
El entonces ministro de Asuntos Exteriores británico, Jeremy Hunt, fue el encargado de brindar este mensaje en el que fijaba una posición clara del Reino Unido. En dicho pronunciamiento se reconocía al líder opositor como “presidente constitucional interino de Venezuela hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles”, tras haber dado un ultimátum previamente a Maduro para convocar esos comicios.
Por lo tanto, Fulton destacó que la Justicia británica debe hacer lo mismo, basándose en el principio de la doctrina de “Una sola voz”, que pide a los órganos del Estado británico actuar de forma unificada en política exterior, reflejó EFE.
Ante esta afirmación, el abogado de la junta nombrada por Maduro, Nick Vineall, a su vez adujo que Hunt solo reconoció a Guaidó “de iure” (en derecho), pero no “de facto” (de hecho), al frente de Venezuela, ya que en la práctica sigue tratando con el Gobierno chavista y sus embajadores.
Sin embargo, entre los grises que debe estudiar el Tribunal de Apelaciones y decidir sobre ellos, está determinar si tiene jurisdicción para examinar —con base en el derecho venezolano— los nombramientos de Guaidó en su país, entre ellos el de la junta Ad Hoc del BCV, declarados nulos por el Tribunal Supremo de Justicia del chavismo.
El abogado del Gobierno interino pidió hoy a la Corte que acepte “sin cuestionarlos” esos nombramientos y agregó que si Londres considera a Guaidó el gobernante legítimo, se deben dar por buenas sus instrucciones “al margen de si las instituciones venezolanas siguen o no sus normas”.
No obstante, el juez Phillips indicó que “es muy extraño” que se pida a la Corte que reconozca a Guaidó como “presidente constitucional”, pero se incite a ignorar los fallos del Tribunal Supremo de Justicia, que en su opinión está también sujeto a la Constitución.
De acuerdo con EFE, esta incógnita por parte del juez fue debatida por la representación legal de Guaidó que pidió el tratamiento de este tópico con principios similares a los nombramientos —de Guaidó— de la junta de la petrolera estatal venezolana Pdvsa Ad Hoc, que fueron reconocidos en detrimento de la directiva designada por Maduro.
Entre la serie de argumentos ya planteados, se avizora un hecho con una lectura importante a nivel nacional e internacional para el Gobierno interino, puesto que el dictamen del Tribunal de Apelaciones sentará precedente en el Reino Unido sobre la legitimidad de Juan Guaió, también presidente de la Asamblea Nacional venezolana, único poder legítimo reconocido por más de 60 países democràticos. No se descarta que el caso llegue al Tribunal Supremo del país.