Nota de autor: una versión anterior del artículo señalaba que: “El hecho de haber propiciado una denuncia de este calibre, sin antes haber ido a las autoridades competentes, también acarrea una serie de sanciones esgrimidas en la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas, conocida como Ley RICO.
La ley RICO enumera 29 delitos federales y su procedimiento penal. Entre los que está obstrucción de la Justicia, soborno y lavado de dinero. Alguien que haya cometido al menos dos de estos 29 delitos, dentro de un plazo de diez años, puede enfrentar cargos como el de extorsión criminal, con una pena que va desde una multa de 25 000 dólares hasta 20 años de prisión”.
Ofrecemos disculpas a la periodista Patricia Poleo puesto que la legislación establece que los únicos que, por la Ley Rico, pudieran sufrir sanciones son los denunciantes, no la plataforma.
El abogado José Ignacio Hernández, quien fungió como procurador especial del Gobierno interino, desmintió una serie de acusaciones hechas en su contra por el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las compañías LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar, residenciados en Estados Unidos.
El Consorcio CRA señaló a Hernández de desconocer una licitación que supuestamente habrían ganado para ejercer cobros de deudas vencidas y atrasadas a los países miembros de Petrocaribe en nombre de Venezuela.
Mediante un comunicado dirigido al PanAm Post, Hernández aclaró la sucesión de eventos que ocurrieron, distintos a los señalados por la periodista Patricia Poleo, quien mostró una serie de correos que asociaban a funcionarios del Gobierno interino de Guaidó a este consorcio.
Las denuncias de Poleo —hechas públicas este lunes— indican que esta empresa presentó sus propuestas al Gobierno interino en 2019 para recuperar los bienes de Venezuela que se encuentran en los países que forman parte de Petrocaribe.
Sin embargo, Hernández desmintió tal aseveración e indicó que fue en 2020 cuando le notificaron de estas actividades en las que estaría inmiscuida dicha compañía. De hecho, el primer encuentro telefónico con la representación de CRA habría sido este año y no en agosto del año pasado.
Este consorcio —de acuerdo con lo relatado por Poleo— tenía como plan el cobro total de aproximadamente 40 billones de dólares, en ciertos plazos de tiempo, por concepto de deudas vencidas y atrasadas, así como acuerdos de renegociación y reestructuración del 50 % de las cuentas financiadas de Petrocaribe. Se hablaba de la recuperación de 2 000 millones de dólares en el primer año.
Sin embargo, Antar y Reyes sumaron los nombres de varios funcionarios que —según ellos— les perjudicaron para cerrar la firma del contrato, luego de supuestamente haber ganado la licitación en enero de 2020.
Entre los aludidos por los directores de CRA figuran Javier Troconis, comisionado de Guaidó para la gestión de la recuperación de activos; Magin Blasi-Blanchar, encargado de negocios de Venezuela en EE. UU. y su hermano Fernando Blasi-Blanchar, quien no formaría parte del Gobierno interino.
La representación de CRA aseveró que estas personas habrían pedido al menos 750 000 dólares a cambio de obtener la licitación del contrato para llevar a cabo la recuperación de activos. Al no dar el dinero que se les pedía fueron desconocidos por el entonces procurador José Hernández.
Ante este entramado de hechos, Hernández aseguró que lo planteado por Antar y Reyes no ocurrió de ese modo e indicó que: «No tengo registrada reunión alguna con la firma CRA, ni jamás fui consultado sobre su posible contratación. Ciertamente, junto con la junta ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA)».
Asimismo, el abogado también explica la razón del intercambio de sus comunicaciones por correo electrónico, que fueron expuestas recientemente.
Al respecto, detalló QUE «Por medio de los embajadores Tarre y Vecchio, fui informado que la empresa CRA habría contactado embajadores de países miembros de Petrocaribe, en gestiones de cobro de supuestas cuentas pendientes a favor de PDVSA. Por ello, el 16 de junio reiteré la comunicación PER-397, advirtiendo que CRA no podía actuar en nombre y representación de PDVSA. En respuesta, CRA insistió en su interés en avanzar en el proyecto de recuperación de activos».
A continuación, el pronunciamiento completo de Hernández sobre este hecho:
Caracas, 15 de septiembre de 2020
Señores
Panampost
Presente.-Tengo a bien dirigirme a ustedes en referencia al artículo “Investigación arroja delitos federales cometidos por funcionarios de Guaidó en EEUU”, publicado el día de hoy, 15 de septiembre de 2020. El artículo recoge denuncias sobre el “intento de extorsión contra el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA) conformado por las compañías LockinCapital y Global Risk Management, cuyos directores son Jorge Reyes y Pedro Antar, ubicado en Estados Unidos”. Mi nombre es referido en relación con conversaciones telefónicas que se habrían dado entre agosto y septiembre de 2019, cuando me desempeñaba como Procurador Especial, así como en relación a mi supuesta imposibilidad de revisar el contrato por el cual esa firma procedería a recuperar cuentas por cobrar derivadas de Petrocaribe.
Al respecto, quisiera aclarar algunos hechos, requiriendo, con el debido respeto, que esta aclaratoria sea publicada.
1.- No tengo registrada reunión alguna con la firma CRA, ni jamás fui consultado sobre su posible contratación. Ciertamente, junto con la junta ad-hoc de Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), participé en varias reuniones exploratorias sobre la posibilidad de recuperar cuentas por cobrar en el marco de Petrocaribe, una acción que solo podía ser emprendida por la junta ad-hoc. Pero se trató de reuniones exploratorias, para recabar información y tener una mejor información de este tema.
2.- Mi primer contacto directo con CRA fue por correo electrónico, el 27 de marzo de 2020, cuando la firma informó a la Oficina del Procurador Especial que a pesar de las gestiones que había emprendido para la recuperación de cuentas por cobrar en el marco de Petrocaribe, no había podido suscribir el correspondiente contrato, luego de la buena pro que, a su decir, habría obtenido. Nunca tuve conocimiento alguno sobre las actuaciones previas a esa fecha, ni tuve conocimiento, por ello, de la “buena pro” que la empresa dice haber obtenido. En todo caso, luego de recabar información del caso, el 1° de abril envié un correo a CRA en el cual informé que ni la junta administradora ad-hoc de PDVSA ni la Oficina del Procurador Especial habían suscrito contrato alguno para representar a PDVSA frente a los eventuales países deudores de Petrocaribe. En especial, se explicó que la representación de PDVSA para asuntos extrajudiciales recae, exclusivamente, en la junta administradora, quien es la única que pudo haber otorgado un contrato de representación para el cobro extrajudicial de esas cuentas por cobrar. Ese mismo día informé del asunto al centro de gobierno. Todo ello se reiteró en comunicación PER-397 de 2 de abril de 2020, dirigida a CRA, y en la cual solicité que no se ejerciera la representación de PDVSA para ninguna gestión de cobro, ante la ausencia de contrato autorizado por la junta administradora.
3.- Posteriormente, por medio de los embajadores Tarre y Vecchio, fui informado que la empresa CRA habría contactado embajadores de países miembros de Petrocaribe, en gestiones de cobro de supuestas cuentas pendientes a favor de PDVSA. Por ello, el 16 de junio reiteré la comunicación PER-397, advirtiendo que CRA no podía actuar en nombre y representación de PDVSA. En respuesta, CRA insistió en su interés en avanzar en el proyecto de recuperación de activos. En todo caso, como expliqué, la decisión de avanzar en ese proyecto no correspondía a la Oficina del Procurador Especial, cuya actuación se limitó a aclarar que, sin contrato debidamente asignado previa autorización de la junta administradora ad-hoc de PDVSA, no podía ejercerse la representación de PDVSA para el cobro de cuentas pendientes. En ningún momento CRA informó o denunció sobre supuestas irregularidades.
4.- Resta por señalar que jamás emití opinión sobre la conveniencia de esa contratación ni sobre el porcentaje de comisión de la firma a cargo de la recuperación. Insisto, solo tuve conocimiento de este caso el 27 de marzo, luego de la CRA habría obtenido la buena pro en condiciones que desconozco. A todo evento, cabe aclarar que poco antes de renunciar al cargo, en junio pasado, opiné sobre ciertas desventajas de este tipo de contrataciones para la recuperación de activos con base en comisiones fijas, con ocasión a un proyecto de Ley que la Asamblea Nacional discutía. Con lo cual, en suma, como Procurador Especial, nunca recomendé este tipo de contrataciones.
Cordialmente.
José Ignacio Hernández G.
Las particularidades en el caso CRA y sus directores
Al contemplar las respuestas de Hernández y cotejar las versiones de los acontecimientos, existe un patrón en el comportamiento de la representación de CRA ante estos hechos. En primer lugar, según la denuncia que dio a conocer por la periodista Patricia Poleo, estas personas supuestamente fueron chantajeadas al menos dos veces por funcionarios adscritos al Gobierno interino de Guaidó.
La respuesta ante un acto de esta naturaleza, cuyos montos requeridos se bandeaban entre 50 000 y 750 000 dólares como exigencias hacia los denunciantes para seguir con unas negociaciones, aparentemente no fue de carácter legal, más allá de una mera advertencia que citan en un intercambio de correos electrónicos sobre la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA en inglés), una legislación que sanciona a individuos y a entidades por pagos indebidos a funcionarios extranjeros.
De acuerdo con lo establecido en la (FCPA) el comportamiento que se le atribuye a Javier Troconis, Fernando Blasi-Blanchar y a su hermano, el empresario Magin Blasi-Blanchar, está tipificado en la sección 78dd-2 de la mencionada legislación, dentro de las categorías de individuos sobre los que puede proceder esta ley, pues aplica a cualquier extranjero (persona que no sea un consorcio nacional o emisor) cuyas conductas en el territorio de los Estados Unidos encaucen un pago indebido.
La conducta que despierta ciertas suspicacias es que luego de recibir dos propuestas de extorsión —en diciembre de 2019 y enero de 2020—, hubo un intercambio de comunicaciones ante el procurador especial del Gobierno interino cuatro meses después y en lugar de hacer una denuncia del caso, la representación de CRA insistió en volver a las negociaciones y firmar el contrato.
Esto contraviene el proceder de cualquier empresa que pretenda desligarse de un caso de soborno o, al menos, proyecta esa imagen. Posibles hipótesis que serán corroboradas ahora mediante investigaciones.