La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció los tratos inhumanos sufridos por más de 100 000 venezolanos que han regresado a su país por las fronteras de Brasil y Colombia, desde el inicio de la pandemia provocada por la COVID-19. Estas acciones ejecutadas por parte del régimen de Nicolás Maduro han sido repudiadas por la ciudadanía.
El regreso de los venezolanos a su territorio ha sido más complejo de lo que se evidencia a simple vista. La intermitencia en el cierre de frontera colombo-venezolana —de manera unilateral— que en varias oportunidades ha hecho el régimen de Nicolás Maduro, ha imposibilitado la entrada de gran parte de la ciudadanía y tiene como resultado el aumento del número de personas que busquen ingresar a través de caminos irregulares.
Colombia es el principal escape de cientos de miles de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y social en su país. Según varios reportes de autoridades migratorias, alrededor de 1.7 millones de venezolanos se encuentran en territorio colombiano, 105 000 de ellas han regresado a Venezuela.
Debido a la pandemia, las fuentes de ingreso de esta población se han visto sustancialmente afectadas, en parte porque una porción mayoritaria y significativa de estas personas trabaja en el sector informal. Esto generó que miles de familias de migrantes y refugiados venezolanos fueran desalojadas, quedando sin hogar y les tocara emprender el retorno al país de origen.
Mediante un informe emitido esta semana, la OEA explica cómo las vejaciones, al igual que la criminalización hecha a la figura del migrante retornado, colocan a quienes han decidido regresar a su territorio en una situación de vulnerabilidad, ante los uniformados que les reciben en la frontera. Un escenario que además de darse en Colombia, también abarca a los 6 000 venezolanos que han cruzado desde Brasil.
La OEA en la figura de su secretario general, Luis Almagro, atribuye estos malos tratos a “la ausencia de un sistema democrático en Venezuela, violaciones sistemáticas a derechos humanos, escasez alimentaria, precariedad en los sistemas de salud, crisis eléctrica, violencia generalizada y colapso económico son algunas de las causas que han ocasionado que desde 2015 más de 5,1 millones de personas venezolanas se hayan visto forzadas a huir de su país”.
En el caso de los venezolanos varados en aeropuertos y los diferentes países del mundo, la OEA resaltó la labor hecha por los Estados de la región para garantizar la protección de esas personas de manera coordinada y con las medidas de seguridad pertinentes, a la espera de la repatriación de sus nacionales.
“Pese a las adversidades, los Estados han preservado sus deberes y los derechos de quienes buscan retornar a sus países, a través de la programación de vuelos humanitarios y de repatriación. No obstante, el panorama se agrava cada día que transcurre para aquellas personas venezolanas que se encuentran varadas, cuya situación es de total incertidumbre, sin pronunciamientos favorables y sin esperanza de poder regresar”, se lee en el informe.
Asimismo, el documento destaca las medidas desarrolladas para que el cruce de fronteras sea más efectivo, entre ellas surge la habilitación de un corredor humanitario entre Colombia y Ecuador, a través del Puente Internacional de Rumichaca, una medida ejecutada con el propósito de que brindar una oportunidad de retorno a los migrantes y refugiados que se trasladaban desde países como Bolivia, Perú y Ecuador.
Para cerrar su pronunciamiento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, insta mediante el informe de la Secretaría General de la OEA a lo siguiente:
1.- Que cese la discriminación, estigmatización y criminalización de los venezolanos retornados, garantizando su libre entrada al territorio venezolano y su libre desplazamiento dentro del territorio nacional.
2.- Que se declare la nulidad de todos los actos administrativos que han sido dictados en violación de la Constitución, los tratados internacionales y de los derechos humanos en ellos garantizados;
Que se sometan a investigación por delitos de lesa humanidad a todos los funcionarios públicos que hayan ordenado y ejecutado dichos actos.-3.- Que se proceda a indemnizar a las víctimas de estas violaciones de derechos humanos y se establezcan políticas de inclusión para revertir el daño causado por los actos criminales del régimen de Nicolás Maduro.
4.- Que la comunidad internacional ayude a visibilizar la situación en que se encuentran los venezolanos varados y a condenar la respuesta inconstitucional e ilegal del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro;
Que la comunidad internacional se una para ayudar a explorar distintas vías humanitarias para la protección de los venezolanos que están intentando ejercer el derecho a regresar a su país.