Hoy el diputado venezolano Juan Carlos Requesens Martínez volvió a ser noticia. Tras haber sido injustamente acusado, apresado y torturado en El Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) por más de dos años, el parlamentario tendrá arresto domiciliario a partir de este viernes.
La noticia fue recibida con alegría por unos y recelo en otros, por lo que pudo haber estado en juego para que el régimen de Nicolás Maduro cediera en sus presiones contra quien señala como cómplice de un supuesto intento de magnicidio, ocurrido en 2018 y que se habría gestado en el transcurso de los actos de celebración de la Guardia Nacional Bolivariana.
El regocijo que se vio en la cara de sus familiares al tenerlo cerca nuevamente no mitiga la tortura que sufrió durante más dos años, en los que el chavismo se encargó de pasar factura por cada una de las veces que el joven diputado sitió a cualquier seguidor de la dictadura con argumentos que apegados a la lógica anulaban los discursos autómatas y huecos que ofrecía la militancia a la que se enfrentaba.
El alto de costo de la verdad en Venezuela
Caracterizado por su verbo incendiario, Requesens utilizó un sinnúmero de trincheras para enfrentar a los personeros del chavismo, desde la universidad —donde fungió como presidente del Centro de Estudiantes— hasta la Asamblea Nacional a la que llegó en 2016, tras ganar las elecciones parlamentarias en diciembre de 2015, teniendo como trampolín a Primero Justicia, partido político al que pertenece actualmente.
Durante una de sus intervenciones en la Asamblea Nacional, el parlamentario fue incisivo al enfrentar a la tolda del Gobierno: “Me niego a rendirme, me niego a arrodillarme frente a quienes hoy pretenden quebrarnos la moral. Muchos hermanos de nosotros están bajo tierra, porque los mataron, porque los mataste Nicolás. La única estrategia de la dictadura es aplastar a todo el que piense distinto”.
Y así fue. La inmunidad parlamentaria de la que gozaba Juan Requesens fue el equivalente a nada al momento de ser detenido, llegando a su residencia en Caracas junto a su hermana Rafaela Requesens. El 07 de agosto de 2018 inició la espiral de violencia en su contra y no ha terminado, aunque hoy se encuentre en arresto domiciliario.
En aquella oportunidad se le acusó junto al también diputado y expresidente del Parlamento Julio Borges de estar involucrado en supuesto el atentado contra Nicolás Maduro. Posteriormente, el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, informó que gestionaría el retiro del fuero parlamentario a “los diputados implicados en el magnicidio”.
Una orden que fue servida por la Fiscalía General, hizo una petición al Tribunal Supremo de Justicia de emitir sentencia para iniciar la remoción de la inmunidad parlamentaria de Requesens. Ahí comenzó el calvario.
Un par de días después de su arresto, el ministro de Información, Jorge Rodríguez, emitió un video de Requesens donde habla de su presunta colaboración con el ingreso de los autores del supuesto atentado. La oposición denunció que Requesens fue drogado y torturado para obtener las declaraciones.
La tortura sistemática que sufría Juan Requesens en manos del Sebín no fue algo que se guardara con especial hermetismo. Era, más bien, una advertencia viva que usaba el régimen para mantener a raya a quienes pretendían dar un paso más del que era permitido.
Era común ver “videos filtrados” o denuncias por parte de sus familiares, a quienes los primeros tres meses de su arresto les fue negado contacto alguno. Requesens fue presa también de la brutalidad psicológica, que a su vez era publicada en redes sociales, lo se convirtió en la fórmula perfecta para inspirar miedo en cualquier opositor a la dictadura.
Las imágenes que le muestran sin control alguno de su voluntad, con ropa interior llena de excremento mientras es fotografiado, fueron detonante y valió el repudio nacional e internacional contra el régimen de Maduro, por las condiciones en las que se le observaba.
Una reseña de Acceso a la Justicia muestra cómo al menos una docena de veces la audiencia fue diferida, cuando fue llevada por la jueza Carol Bealexis Padilla Reyes de Arretureta, quien era la encargada del tribunal Primero de Control Antiterrorismo, antes de pasar el caso a juicio el 01 de julio de 2019, a pocos días de cumplirse un año de la detención de Requesens.
La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha exigido la inmediata liberación del diputado opositor, mediante un comunicado, al ser notificada sobre las atrocidades a las que era sometido.
Desde el inicio de su juicio el 25 de noviembre de 2019 hasta este año a inicios de marzo, el proceso del joven diputado estuvo marcado de vicios que en su mayoría pasaban por audiencias diferidas.
Ahora, debido a la situación que se experimenta en el país por la pandemia de la COVID-19, la defensa de Requesens, interpuso hace cinco meses ante el juzgado que lleva la causa, una solicitud de medida cautelar sustitutiva de libertad, para garantizarle el derecho a la vida y a la salud. Una petición que se respondió esta tarde.
A ciencia cierta no se sabe si esa será la excusa —pandemia— que vendrá desde la Justicia venezolana para decir que sus condiciones de aprehensión cambiaron, lo que sí queda claro es que la historia de Requesens y sus desencuentros con la dictadura están lejos de terminar.