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Los plazos de tiempo acorralan nuevamente a Juan Guaidó. Ahora, cuando restan menos de cinco días de reuniones, pronunciamientos y compactar ideas, para dar a conocer a la ciudadanía la llamada «nueva hoja de ruta» que será emitida desde la coalición opositora encabezada por el presidente interino, las miradas se enfocan en una sola interrogante: ¿Cómo aglutinar estas propuestas sin propiciar pugnas por un pedazo de credibilidad?
El pasado 20 de agosto un Juan Guaidó apacible, por no decir sumiso, se mostró al país a través de las redes sociales hablando con un reloj en contra, frente al proceso comicial que sería —en teoría— el próximo 6 de diciembre. En aquella oportunidad convocó a los demás líderes políticos «a la construcción conjunta de una nueva hoja de ruta, para arreciar los mecanismos de presión contra el régimen de Nicolás Maduro».
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Tras un año y ocho meses de gestión, Guaidó vuelve con la apuesta a la creación de una «fuerza monolítica», tal como la lograda en las parlamentarias de 2015, que le haga frente al régimen de Nicolás Maduro cuya agenda va enfocada en la pulverización definitiva de la Asamblea Nacional legítima, a través de unas fraudulentas elecciones.
La respuesta de las caras con mayor jerarquía de la coalición ha sido poco menos que tibia. La cautela ha rodeado a los partidos y sus representantes a pesar de las aseveraciones de Guaidó, quien afirmó que su propuesta fue atendida por “las principales figuras de la oposición”.
Los pronunciamientos algo incisivos sobre el nuevo planteamiento no se han hecho esperar y desde algunas trincheras irónicamente se suman contras al proceso y evidencian un secreto a voces: la oposición se desmorona en medio de resquebrajamientos a lo interno y sigue sin capitalizar el descontento en el país.
Negociación antes que aceptación: el choque de las «hojas de ruta»
Henrique Capriles aprovechó la oportunidad para lanzar una alternativa con tintes demagógicos para paliar —en su opinión— la crisis económica. Poco después de ser requerido por Guaidó para una discusión, el excandidato presidencial ofreció su propia hoja de ruta de manera unilateral.
La propuesta se enfocó en cinco puntos: el primero le llamó «escuchar al pueblo», es decir, tomar en cuenta las opiniones más allá de los partidos; posteriormente hizo un exhorto a cuestionar las sanciones de EEUU respecto a la confiscación de gasolina, un movimiento que confronta las políticas solidarias con la administración de Donald Trump, que ha tenido por objetivo asfixiar al régimen.
El subsidio no se quedó atrás en estas líneas y figuró como tercera línea de ejecución. Capriles habló sobre el cobro de un bono de 100 dólares mensuales para seis millones de familias, algo lejos de lo práctico para la ciudadanía, en un país con una marcada perversión en la comercialización de la divisa.
A su vez, asomó dentro de su «hoja de ruta» una posible participación en las elecciones del 6-D que no sea la abstención, un claro guiño a medirse en las urnas con la maquinaria política del chavismo. De último, pidió no «hablar fantasías» y recordar que actualmente la coalición no es Gobierno, ni está de ese lado.
Por otra parte, María Corina Machado, a pesar de no responder con la mordacidad que le caracteriza, ha manejado una agenda privada y pública que se mantiene aún en estos días, centrada en la creación de una coalición internacional que despliegue una Operación de Paz y Estabilización en Venezuela (OPE).
La propuesta de MCM básicamente se refiere al control del territorio, seguridad y desarme; la asistencia humanitaria primaria; la reconstrucción de la infraestructura de emergencia y de los servicios públicos; la restauración de la ley y el orden; la promoción del Estado de Derecho; y la reinstitucionalización democrática del país.
Esta mirada tildada como radical por algunos sectores dentro de la coalición le ha servido para desmarcarse de la oposición más complaciente con la tiranía y la infructuosa propuesta de diálogo que a juicio de la dirigente solo atornilla al régimen cada vez más al poder.
La abogada Thays Peñalver, quien públicamente fue designada por Guaidó para «incorporar visiones intelectuales» a la propuesta de la hoja de ruta, fue otra que rechazó el nombramiento por la poca claridad dentro de sus planteamientos.
“No puedo participar en algo que desconozco”, escribió en Twitter. Frase lapidaria que dio cuenta cómo la comunicación dentro del Gobierno interino no está en sus niveles más óptimos.
Respuestas distantes
Algunas de las partes de los partidos restantes que fueron convocados han apostado a sobrias declaraciones para medir el termómetro en la población, frente los kamikazes políticos que se negaron a participar de manera íntegra en este proyecto. Otros sencillamente no han dado respuesta de manera pública ante la petición de Guaidó.
Hoy sostendré reunion con Pte @jguaido
Hablaré con espiritu de verdadera unidad, apuntando a buscar una conducción con estrategia, con propósitos, ética y franqueza absoluta.
Aspiramos que haya autocritica para saber si hay verdadero proposito de enmienda.
Venezuela es lo 1ro!— Antonio Ledezma (@alcaldeledezma) August 25, 2020
Todos los sectores estamos llamados a la unión y a la propuesta conjunta #PorUnaRutaUnitaria para el rescate de Venezuela.
El país está en medio de una Pandemia en emergencia humanitaria compleja y URGEN soluciones
Cuenta Vzla con AD en la lucha por la democracia y por la vida https://t.co/FLn93kTXU0
— Acción Democrática (@ADemocratica) August 20, 2020
#19Ago | #COMUNICADO de #LaCausaR al país y al mundo.
LA PRESIDENCIA INTERINA NO CESA HASTA QUE NO HAYA ELECCIONES PRESIDENCIALES LIBRES O SE CONFORME UN #GobiernoDeEmergenciaNacional pic.twitter.com/CUYk7GUq83
— La Causa Я (@LaCausaRVe) August 19, 2020
Las renuncias que marcan al Gobierno interino
Tras el inicio de la gestión de Juan Guaidó en el poder, muchos aliados que le acompañaban en puestos estratégicos han tirado la toalla en el camino, motivados a diversas razones. La más reciente muestra vino en la figura del presidente de la junta administradora Ad-Hoc del Banco Central de Venezuela (BCV), Ricardo Villasmil.
Entre las posibles hipótesis que llevarían a Villasmil a tomar dicha decisión, se maneja un conflicto de intereses que ocurriera con la designación de José Ignacio Hernández como procurador especial, un cargo que le fue otorgado cuando se encontraba involucrado en causas como defensor de varias empresas contra el Estado venezolano.
Ante la polémica de este nombramiento, Hernández deja el cargo, aunque públicamente argumentó que esto se debe a sus proyectos de “asesoría legal estratégica asociados a la compleja transición venezolana”.
A su vez, una de las dimisiones más explosivas fue la de Humberto Calderón Berti, quien ejerció como embajador en Colombia. Un par de días después de ser notificado su cese como embajador, el representante acusó a personas del entorno del líder opositor y les acusó por corrupción en el manejo de fondos para el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela el 23 de febrero de 2019.
De acuerdo con la BBC, Calderón Berti afirmó que muchas personas concentradas en círculos cercanos a Guaidó manejaron cantidades importantes de dinero, donde figuraba una «doble facturación» y emisión de pagos que involucraban licor y otros gastos no relacionados con el fin al que fueron destinados.
Aunado a este caso, figura el de Tamara Sujú, designada como representante del Gobierno interino en República Checa y quien renunció al puesto luego de ejercerlos por escasos cinco meses. Sujú explicó que dimitió por tener “conflicto de intereses” entre su trabajo en defensa de DDHH y la responsabilidad de fungir como embajadora.
Debido a sus labores como representante del Instituto Centro de Estudios para América Latina (Casla), Sujú aseguró que precisa ser independiente, para así alcanzar la meta de conseguir justicia y reparación de las víctimas que han llevado los casos ante esta instancia.
A esta renuncia se suma la hecha por el economista Ricardo Hausmann, designado previamente como representante de Venezuela ante el Banco Interamericano de Desarrollo. Este puesto fue rechazado porque en su opinión «entraría en conflicto con sus responsabilidades en Harvard donde dirige el Laboratorio de crecimiento de la escuela», reseñó Infobae.
Otro que abandonó el barco fue el analista político Juan José Rendón, quien presentó su carta de renuncia al cargo de estratega general del Comité presidencial que ejercía en el equipo de Juan Guaidó, luego de haber admitido que firmó un acuerdo con la contratista militar Silvercorp y pagado $50 000 dólares para la ejecución de la llamada «Operación Gedeon».
El diputado Sergio Vergara, quien salió de las filas del partido Voluntad Popular, estuvo involucrado en esta operación y cuya firma figura en el contrato con Silvercorp, también renunció a su cargo.
Dentro de los representantes que renuncian ante el Gobierno interino también figuró Guarequena Gutiérrez, embajadora en Chile designada el también presidente de la Asamblea Nacional. Al respecto, el portal de EFE reveló que su dimisión fue enteramente por «razones económicas y migratorias».
Gutiérrez cumplió funciones hasta el mes de junio de 2020, tras haber sido nombrada el 29 de enero de 2019 como representante diplomática en Chile por Guaidó.
Con estos precedentes, el tic-tac de un reloj que emplaza al propio Guaidó a dar una respuesta efectiva, ante la mirada de 50 países que le reconocen y un régimen cada vez más avaro de poder, el panorama se ve difuso para un gobernante que le ha tocado medirse en un terreno político donde tiene todo en contra.
Desde la dictadura venezolana, hasta quienes le acompañan en el terreno de consonancia de pensamiento, han terminado por colocar a Juan Guaidó en un escenario donde se le ve rodeado de aliados para lograr un mismo fin, pero que lo maquiavélico que se ejecuta tras bastidores —quizá sin su venia— ha terminado por desmoronar parte del castillo de naipes en el que se ha convertido el Gobierno interino.
