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Tras la destitución de Alejandro Ordoñez los motores para elegir al nuevo encargado de la Procuraduría General de la Nación (PGN) se encendieron. La Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya nominaron a sus candidatos. Ahora empieza la pelea para que el senado de la república decida cuál de los tres candidatos ocupará uno de los cargos de mayor importancia del país.
La PGN es la institución colombiana encargada de “controlar y vigilar que las actuaciones de los servidores públicos y de particulares que ejerzan función pública”, además de “proteger los derechos humanos, los derechos colectivos y el patrimonio público”. Dicha institución está en la capacidad de abrirles procesos disciplinarios a senadores, representantes a la cámara, alcaldes, gobernadores, entre otros, y suspenderlos o destituirlos de su cargo. Esto hace que dicha institución sea considerada como una de las de mayor poder en el país, por lo cual los diferentes partidos políticos desean poder tenerla bajo su control, sin dejar de lado la no despreciable suma de más de USD $170 millones de presupuesto anual que esta entidad maneja.
¿Quiénes son los candidatos?
Fernando Carrillo Flórez
El primer ternado fue Carrillo, candidato del Consejo de Estado. Es abogado de la Universidad Javeriana y magister en administración y políticas públicas de la Universidad de Harvard. Viene de toldas liberales y es abiertamente santista.
Fue ministro de Justicia durante el mandato de César Gaviria, época en la que Carrillo fue duramente criticado, pues después de la fuga de Pablo Escobar de la cárcel La Catedral, los medios revelaron que el narcotraficante vivía lujosamente en la cárcel y que desde allá seguía dirigiendo su organización criminal.
Además, en 1997 fue sancionado por la PGN, entidad que ahora pretende dirigir, «por omisión en el ejercicio de sus funciones, al dilatar durante ocho meses la legalización e incorporación de la cárcel La Catedral, localizada en jurisdicción del municipio antioqueño de Envigado, al sistema penitenciario nacional», tal como lo reveló en su época El Tiempo.
También se desempeñó como representante y vocero del BID ante la OEA. En mayo del 2012 Santos lo nombró Director de la Agencia Jurídica de Defensa de la Nación y agosto de ese mismo año lo nombró ministro del Interior.
Como director de la Agencia Jurídica asesoró a Santos para que saliera bien librado de la polémica que se generó en torno a la reforma a la justicia, la cual fue objetada por Santos después de haberla impulsado, y de que el congreso la aprobara en último debate. El presidente le pidió al congreso que hundiera dicha reforma debido a una serie de inconsistencias en su trámite, a lo cual dicha institución accedió.
Todo esto lo hizo Santos respaldado en la lectura realizada por Carrillo en la que afirmaba que no es contrario a la constitución que el presidente objete un proyecto de reforma constitucional que ya ha sido aprobado por el congreso.
Jorge Fernando Perdomo
Perdomo fue el segundo ternado y es candidato de la Corte Suprema de Justica. Es abogado de la Universidad Externado de Colombia magister en derecho comparado, doctor de la Universidad de Bonn.
El primer cargo público que ocupó fue como viceministro de política criminal y justicia restaurativa en el ministerio de justicia, cuando este era dirigido por Juan Carlos Esguerra, y en abril de 2012 fue nombrado por el exfiscal Eduardo Montealegre como vicefiscal. Posteriormente, después de la salida de Eduardo Montealegre de la Fiscalía General de la Nación (FGN), Perdomo se desempeño como fiscal encargado.
Durante el tiempo que se desempeñó como fiscal encargado diferentes medios de comunicación sacaron a la luz una serie de contratos que no estaban relacionados con las principales actividades a las que se debe dedicar la FGN, como cursos de inglés en Inglaterra y Estados Unidos por más de USD $300.000 y cursos de entrenamiento a la tripulación del avión de la fiscalía también por un costo aproximado de USD $300.000. Además, fue cuestionado por una serie de contratos realizados a exmagistrados.
Otra de las polémicas que rodean a Perdomo es que esté fue ternado por magistrados que tiene familiares trabajando en la Fiscalía General de la Nación y dos fueron contratados directamente por él.
María Mercedes López
López fue nominada por el presidente Santos. Es abogada de la Universidad Autónoma Latinoamericana, magister en derecho penal y doctora en derecho de la Universidad Externado de Colombia.
Su carrera la empezó ocupando varios cargos públicos en la ciudad de Medellín: Terminal de Transporte, Banco Popular y Personería de Medellín. Posteriormente se desempeñó como magistrada auxiliar en el Tolima, procuradora judicial en Neiva y magistrada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. Esa experiencia fue suficiente para que en el 2007 el presidente de la época, Álvaro Uribe, la ternara para ocupar el cargo de magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, el cual consiguió.
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López es reconocida por haber destapado el escándalo del “carrusel de pensiones”, en el cual se inflaban las pensiones de magistrados y auxiliares de la Judicatura, en el Consejo Superior de la Judicatura, lo que causó que varios de sus compañeros fueran investigados por la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.
No es la primera vez que López es ternada para ocupar el cargo de procuradora general. En el 2013 el presidente Santos la nominó por primera vez, pero lo hizo tres meses después de que el procurador en funciones fuera ternado por la Corte Suprema de Justicia, lo cual la puso en desventaja, pues este ya había comenzado una fuerte campaña de reelección en el senado de la república. Esa desventaja la llevó a renunciar el día definido por el senado para elegir al nuevo procurador.
La puja detrás de los candidatos
Aunque es el senado de la república el ente encargado de elegir al nuevo procurador general de la nación, es claro que hay una serie de acuerdos burocráticos establecidos al interior de la coalición de gobierno establecida por el presidente Santos son los que finalmente podrían definir quién será el nuevo procurador.
El Partido Liberal quiere recuperar la PGN, y tiene una baraja fuerte, como lo es el exministro Carrillo, además, sería la carta que santos estaría dispuesto a jugarse, pues después de seis años de haber tenido un procurador en su contra, le vendría bien uno que apoyara un eventual triunfo del plebiscito y que estuviera dispuesto a no abrirle procesos disciplinarios a los funcionarios que hubiesen hecho proselitismo, lo cual está prohibido en Colombia.
Aunque Perdomo juega como independiente, los liberales estarían dispuestos a adoptarlo en caso de que este coja más fuerza que Carrillo. Lo mismo haría Santos, ya que Perdomo ha sido un amigo de las negociaciones realizadas entre el Gobierno Santos y las FARC. Además, mientras este fue viceministro estuvo metido de lleno en la construcción de los pilares que le permitieron a Santos desarrollar las negociaciones con las FARC, como lo fue la ley de víctimas y restitución de tierras y temas relacionados con la justicia transicional, además ayudó a sacar adelante el marco jurídico para la paz.
En lo que tiene que ver con el Partido Conservador (PC), este no está dispuesto a perder la PGN y, a su vez, Santos no quiere perder el apoyo de los conservadores, por esta razón decidió meter en la terna a una conservadora.
Aunque muchos no ven a López como una fuerte rival para Carrillo y Perdomo, no hay que dejar de lado que la oposición mayoritaria, como lo es el Centro Democrático (CD), estaría dispuesta a impulsar su candidatura, sobre todo si se tiene en cuenta que López es cercana al expresidente y senador Álvaro Uribe.
Aunque la bancada del CD es de 20 senadores, lo cual no sería mayoría para elegir procurador, no hay que dejar de lado que la bancada del PC es de 19. Si estos dos partidos decidieran aunar fuerzas podrían tener la opción de poner a López en la PGN. Aunque no hay que olvidar que el partido de la U cuenta con 21 senadores y el Partido Liberal con 18, lo cual deja a los que podrían votar por Carrillo o por Perdomo con 39 votos, la misma cantidad de los que votarían por López.
Sin embargo, a los primeros habría que sumarles los votos de los 5 senadores del Partido Verde y los 6 del Polo Democrático, partido de izquierda, aunque estos últimos podrían abstenerse de votar, votar en blanco o, como lo hizo en el pasado uno de sus senadores, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, votar por el candidato del PC. También estarían los votos de Cambio Radical (9), que dependerían de por quién decida irse el vicepresidente Germán Vargas Lleras, los de Opción Ciudadana (5), que aunque pertenece a la coalición de Gobierno podría cambiar de parecer, como ya lo ha hecho antes. Además quedarían los 7 senadores de los partidos más pequeños, quienes no suelen tener una línea clara de votación.
A lo anterior hay que sumarle que aunque en total son 110 senadores, la asistencia de estos a las plenarias es baja, lo cual suele ser un factor determinante en las votaciones que se suelen llevar a cabo. También hay que tener en cuenta que varios senadores tienen familiares o cuotas políticas trabajando en la PGN, y estos podrían votar si los candidatos les prometen mantenerlos en sus cargos.
La procuraduría colombiana única en su tipo
La PGN de Colombia fue modificada a través de la Constitución Política, y por medio de ella se le otorgaron los poderes que hoy ostenta. Es única en su tipo, ya que en otros países no existe esta figura como tal, menos como una institución autónoma, como lo es en Colombia.
Por ejemplo, en los Estados Unidos el procurador general trabaja para el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y ostenta el papel de abogado del Gobierno ante la Corte Suprema de Justicia; en México esta institución es la encargada de realizar las investigaciones relacionadas con delitos federales y en Inglaterra el procurador general es el encargado de asesorar legalmente a la corona. En la mayoría de países los procuradores trabajan para la fiscalía, para el departamento de justicia o para el ministerio de justicia.
Es debido al poder que la PGN colombiana ostenta es que se han generado diversos debates sobre la utilidad y conveniencia de su existencia. Es por ellos que políticos, líderes de opinión y académicos ubicados en diferentes orillas ideológicas han propuesto la disminución de sus poderes o la eliminación completa de la entidad.
Sin embargo, eso no ocurrirá en un futuro cercano, menos teniendo en cuenta el poder y presupuesto que esta institución maneja.
Fuentes: Caracol; La Silla Vacía; Noticias RCN; Semana;
