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(Foto: EFE)
El cada vez más acorralado régimen de Nicolás Maduro se atrinchera tras las paredes del Palacio de Miraflores, desarrollando un creciente temor por la verdad y por la transparencia de sus acciones, lo que lo ha llevado a una intensificación de sus ataques a periodistas, tanto nacionales como extranjeros. Es tanto el temor, que ya ni siquiera intenta disimular para guardar las formas. Sin pudor alguno, el régimen acosa, reprime, censura, detiene y hasta tortura a los representantes de todos los medios independientes, en medio del asombro y estupor de la mayoría de los venezolanos y del mundo.
En la medida en que la dictadura de Nicolás Maduro y sus huestes criminales se aferren al poder que mantienen usurpado, se acrecienta la sistemática destrucción de la libertad de expresión e información en Venezuela, que, en honor a la verdad, no inició el pupilo de Hugo Chávez. En realidad, desde el momento en que su mentor se alzó con el poder, en 1999, los comunicadores empezaron a ser hostigados, a pesar de que muchos de ellos se mostraron inicialmente benignos con el militar golpista. En la medida en que se fue demostrando la naturaleza totalitaria del fenecido presidente, se acrecentó el acorralamiento y represión por parte del gobierno chavista. Difícil no recordar los casos del cierre del canal Radio Caracas Televisión (RCTV) en 2007 y las numerosas estaciones radiales confiscadas y cerradas durante los años postreros de Hugo Chávez, así como sus ataques a medios y periodistas que ya no le eran favorables.
Pero no cabe duda de que el hoy usurpador Maduro perfeccionó el sistema represor en contra de la prensa libre, el cual ha sido intensificado desde que el pasado enero la legítima Asamblea Nacional juramentó al diputado Juan Guaidó como presidente encargado del país; al punto de que solo en lo que va del año 2019 se contabilizan 39 detenciones de periodistas y 10 deportaciones, según la reputada organización no gubernamental Espacio Público.
Muchos son los casos de reporteros y corresponsales extranjeros agredidos en los últimos meses por el régimen castromadurista. Baste señalar algunos de los ejemplos más notorios, como el de la detención arbitraria del periodista alemán Billy Six, en noviembre de 2018, quien fue acusado de espionaje en un tribunal militar tras presuntamente fotografiar “muy de cerca” a Maduro. Six, un corresponsal de guerra, que ha trabajado en Siria y Libia, fue detenido en la península de Paraguaná, en el estado Falcón, por funcionarios de inteligencia que lo trasladaron, sin orden judicial, a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Helicoide, en Caracas. Luego de cuatro meses encarcelado y aislado, la pasada semana fue finalmente liberado y deportado, a raíz de las cuantiosas denuncias y exigencias hechas por colegas venezolanos y de todo el mundo, así como presiones del gobierno alemán y la Unión Europea.
Es de mencionar también el caso del conocido periodista Jorge Ramos y su equipo de la cadena televisiva Univisión, quienes fueron retenidos en el propio Palacio de Miraflores y después deportados del país, al tiempo de que sus herramientas y celulares de trabajo les fueran confiscados por el régimen. Esto sucedió en el marco de una entrevista exclusiva, previamente acordada, durante la cual Maduro se molestó por las preguntas y comentarios criticos del entrevistador mexicano; en particular cuando Ramos le mostró como prueba de la crisis humanitaria -que el usurpador insistía en negar- unas imágenes de jóvenes comiendo de la basura muy cerca de la sede presidencial. Fue entonces cuando Maduro cortó la entrevista en forma abrupta y se marchó, mientras que Ramos y su grupo eran detenidos e incomunicados por horas.
Al igual que sus colegas extranjeros, el periodista venezolano Luis Carlos Díaz fue apresado en una calle de Caracas y desaparecido por horas, hasta que el régimen reconoció que estaba en el tenebroso Sebin, acusado de formar parte del supuesto sabotaje que produjo el apagón eléctrico nacional de Venezuela del pasado 7 de marzo. Tantas y de tal fuerza fueron las presiones en contra de esta detención arbitraria dentro y fuera del país, que Diaz debió ser liberado, con medidas cautelares y prohibición de salir del territorio nacional o declarar sobre su caso.
Muy engorroso y largo sería continuar reseñando los numerosos abusos y detenciones que se han sucedido en las recientes semanas. Sin embargo, no es posible dejar de mencionar los viles ataques al periodista polaco Tomasz Sudel, desde hace dos meses en el país, quien el pasado 14 de marzo fue salvajemente golpeado en el rostro y costillas por funcionarios policiales de las Fuerzas Especiales (Faes) en una calle de la capital. De igual forma, cabe apuntar las agresiones a los reporteros que en días más recientes intentan cubrir las actuaciones de la comisión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU que se encuentra en Venezuela, preparando la visita de Michelle Bachelet. Tanto en los hospitales y cárceles visitados por la misión, los periodistas han sido hostigados y atacados por funcionarios policiales o por los llamados colectivos armados que impiden el trabajo reporteril.
No creo que quepa darle muchas vueltas explicativas a este asunto. Estoy convencida de que todas estas acciones no son más que patadas de ahogado, medidas desesperadas de un régimen que se encuentra en sus postrimerías, producto del miedo y la desesperación. De esta forma brutal e irracional, e incluso autodestructiva (porque lo que producen es mayor rechazo y cerco) actúan todas aquellas dictaduras sitiadas interna y externamente, que se saben compelidas a desaparecer.
