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(Foto: EFE)
Los acontecimientos del 23 de enero y días subsiguientes en Venezuela pusieron aun más claramente de manifiesto, si falta hiciera, el cada vez mayor talante dictatorial, totalitario, de Nicolás Maduro, quien cometió uno de los peores agravios al ser humano: impedir e incendiar la ayuda humanitaria de medicinas y alimentos que numerosos gobiernos y actores de la comunidad internacional habían acercado a las fronteras venezolanas, con el único objetivo de paliar el sufrimiento de millones de venezolanos que se encuentran en situación de pobreza. Porque es de recordar que, según reciente estudio de la Universidad Andrés Bello (UCAB-ENCOVI), solo entre 2015 y 2018 se ha incrementado en un 51% la cantidad de hogares pobres en el país, una cifra sin precedentes históricos y que se incrementa día a día debido a la falta de respuestas por parte del Estado nacional.
A la vez, ante los ojos del mundo ha quedado claro que, a pesar del creciente desprestigio y aislamiento del régimen castrochavista de Maduro, el dictador no solo no vacila en impedir la entrada de alimentos y medicinas, sino que sus verdugos, representados por efectivos de la policía bolivariana y mercenarios nacionales y extranjeros, la emprenden contra quienes intentan, desprotegidos y desarmados, ingresar y recibir la ayuda, así como los que intentan denunciarlos. Los sucesos del 23 de febrero y días posteriores, han dejado hasta ahora un lamentable saldo de cinco fallecidos y numerosos heridos y detenidos.
Ya antes, desde el 23 de enero que la Asamblea Nacional legítima del país proclamó como presidente interino al diputado Juan Guaidó, hasta el martes 29 de ese primer mes del año, las Naciones Unidas había cifrado en más de 40 los fallecidos y en 850 los detenidos en torno a las protestas ocurridas en rechazo al régimen usurpador y en apoyo al presidente interino. Según el portavoz actual del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, “entre los detenidos hubo al menos 77 menores de edad, y que el 23 de enero, el día de mayores protestas, fueron arrestadas 696 personas, el mayor número registrado en un sólo día (en ese país) durante los últimos veinte años”.
Frente a este panorama tenemos a un cada vez mayor grupo de países, con el Grupo de Lima a la cabeza, apoyado por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros actores internacionales, que no solo apoyan la gestión y propuestas del presidente encargado, autor de esta iniciativa humanitaria, sino que han mostrado su decisión de llevar adelante todos sus esfuerzos diplomáticos, políticos y financieros para que Venezuela recupere en el menor plazo posible la democracia, el bienestar y la dignidad para sus ciudadanos.
Si bien los estados democráticos de la comunidad mundial aún no se ponen de acuerdo ni ven la necesidad perentoria de ejercer el derecho internacional que tienen de una intervención militar colectiva con fines humanitarios y de aplicar el principio de la responsabilidad de proteger a la población venezolana de las violaciones graves y sistemáticas de la que son objeto por parte del régimen madurista, no por ello debemos dejar de aplaudir con entusiasmo la declaración final del Grupo de Lima reunido el pasado lunes 24 de febrero en Bogotá, donde los países firmantes ratifican la urgente necesidad de resolver la crisis venezolana, para lo cual trazaron una ruta para el día después, señalando la necesidad del apoyo de organismos internacionales, como el Banco Mundial, en la recuperación económica del país.
Sí, debemos aplaudir y agradecer a todos los que nos apoyan, los que nos dan más y los que nos dan menos, estemos de acuerdo o no con sus posiciones y decisiones. Debemos ser agradecidos porque estamos en una crisis nacional terminal, muy difícil y compleja, de la que no se sale fácil, y sin ayuda. De modo que debemos seguir sumando esfuerzos por más pequeños que sean porque todos hacemos falta: gobiernos, organismos multilaterales, parlamentos, ONG, grupos sociales y religiosos, entre otros.
Es más, ha llegado el momento de que todos los que nos consideramos demócratas pongamos nuestro esfuerzo y talento para lograr el anhelo de la inmensa mayoría de venezolanos: la salida de Nicolás Maduro y la recuperación del país, tristemente destruido por la desmedida ambición de poder del grupo criminal trasnacional, de hechura castrista, que la gobierna desde hace dos décadas.
Es por ello que no puedo menos que agradecer, en primer término, a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, por el honor y privilegio de haberme escogido como su representante ante Guatemala, en un momento en el cual son necesarios todas los acciones y denuedos para alcanzar las metas deseadas, superando los incontables obstáculos y trabas que se están ejerciendo desde Miraflores, incluyendo las amenazas penales que el régimen ya anunció contra los venezolanos que aceptamos representar al país ante naciones amigas.
Pero tan importante como el apoyo del presidente Guaidó y su grupo de trabajo, ha sido la reacción inmediata y meridiana del presidente guatemalteco Jimmy Morales, quien no solo no vaciló en aceptar la propuesta del presidente encargado, sino que no tuvo empacho en anunciar en la reunión del Grupo de Lima su beneplácito por mi nombramiento y su disposición para que trabajemos en conjunto “sobre temas prioritarios, la transición y asuntos sobre nuestro relacionamiento con Venezuela”, como afirmó. Agradezco pues la actitud y palabras del presidente Morales, que me honran y comprometen.
Insisto en que es ya la hora de que nos pongamos a trabajar al unísono por la recuperación de la institucionalidad y reconstrucción del tejido social y la democracia en Venezuela. El trabajo es arduo, porque la destrucción ha sido vasta y extensiva a todos los sectores de la vida nacional. Pero existen bríos y valores en Venezuela y en los países amigos, para que entre todos podamos restablecer las condiciones que garanticen salud, trabajo, educación, producción y desarrollo para restaurar la calidad de vida de todos los venezolanos y con ella, la de toda la región latinoamericana.
