La controversia que mantiene a Venezuela en el ojo del huracán latinoamericano tiene como protagonista, de nuevo, al régimen de Nicolás Maduro. Ante su intransigencia de imponer la realización de elecciones presidenciales en fecha anticipada a lo previsto en la Constitución venezolana, y bajo condiciones que imposibilitan que sean libres, democráticas y transparentes para que reflejen el verdadero sentir del pueblo de Bolívar. Además, esas elecciones, a realizarse el próximo 22 de abril, se originan en el peor de los fundamentos: haber sido convocadas por la espuria Asamblea Constituyente, no reconocida ni por la oposición venezolana ni por buena parte de las naciones del mundo libre.
Esta imposición de elecciones sin condiciones para su viabilidad justa y democrática ha llevado a que la mayoría de los países de la región, agrupados en el llamado Grupo de Lima, más los Estados Unidos, se haya pronunciado rotundamente por su no reconocimiento. Junto a la garantía de condiciones, la comunidad regional solicita la participación en esos comicios de todos los representantes del espectro político venezolano, lo que no se evidenció con la reciente inhabilitación de candidatos y partidos políticos opositores por parte del Consejo Nacional Electoral sumiso al Ejecutivo venezolano.
También el Grupo de Lima ha rechazado la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar a mediados de abril, a petición de Perú como país anfitrión. Tras esa decisión, Maduro, como guapetón de barrio que es, aseveró que llegará a Lima “llueva, truene o relampaguee”, lo que motivó que la primera ministra peruana, Mercedes Aráoz, respondiera que “él no puede entrar ni al suelo y al cielo peruano… porque no es bienvenido”, mientras que la canciller Cayetana Aljovín reiteró que Perú le retiró la invitación.
Más allá de que Maduro decida forzar la situación y presentarse en la capital peruana a trocha y mocha, lo que vale la pena resaltar es que el régimen castromadurista concita cada vez mayor rechazo a escala regional e internacional y que el círculo sobre el Gobierno pareciera cerrarse cada vez más, tanto dentro como fuera del país.
Desde la OEA, su secretario general, Luis Almagro, quien viene dando una invalorable lucha para denunciar las ilegalidades y atrocidades del Gobierno venezolano, insistió en que la comunidad internacional debe imponer sanciones “más amplias y fuertes” en contra del régimen por considerarlo “una amenaza para la paz y la seguridad internacional”. Por lo que pidió a los países no seguir escudándose detrás del principio de “no intervención para seguir mirando a otro lado mientras este régimen elimina los derechos de sus ciudadanos”.
Aún Almagro no ha logrado todo lo que quisiera, incluida la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Pero sabemos que el camino de la OEA es lento. Al menos, este pasado 23 de febrero se logró un nuevo paso al llevarse a cabo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo para abordar la situación en Venezuela, convocada a petición de Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Panamá y Santa Lucía. Con 19 votos a favor, 5 en contra, 8 abstenciones y 2 ausentes, la OEA aprobó una resolución que exige al Gobierno de Maduro cancelar las elecciones presidenciales en ese país.
Aunque aún muy insuficiente, este paso en la OEA pudo darse luego de que, finalmente, después de varios días considerándolo, los principales partidos opositores reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunciaran que no participarán en las elecciones presidenciales del 22 de abril por considerarlas “fraudulentas” e “ilegítimas”. Defendiendo la importancia y necesidad del voto como elemento de cambio político en Venezuela, la MUD han llamado a lo que han denominado abstención activa, es decir, no acudir a las urnas manteniendo diversas formas de protesta que todavía no ha especificado.
La OEA y otros actores y gobiernos extranjeros continuarán dando pasos en la medida en que la oposición venezolana se una y fortalezca en torno a una sola y contundente estrategia contra el régimen madurista. Si bien aún parece un tanto descolocada ante el llamado unilateral a elecciones presidenciales y todavía no supera sus divisiones internas, las diversas fuerzas opositoras vienen trabajando en la conformación de un Frente Amplio que reúna a los sectores representativos de la sociedad venezolana para enfrentar la ilegal votación propuesta por la ilícita constituyente castrochavista.
El primer paso lo dio la aguerrida Conferencia Episcopal Venezolana, que antes que la oposición política fijó posición ante las elecciones anticipadas señalando que “estamos ante un hecho de extralimitación y desnaturalización de las funciones de la asamblea nacional constituyente” que han calificado de “inconstitucional e ilegítima en su origen y en su desempeño”.
El padre Luis Ugalde, exrector de la Universidad Católica Andrés Bello, también fue el primero en plantear una especie de Frente Unitario o Alianza para la Liberación que integre a los diversos partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Una idea que está agarrando cuerpo en los principales sectores de oposición.
Volviendo a nuestro tema, si a lo hecho hasta ahora por el grupo de Lima y la OEA sumamos las sanciones ya tomadas desde el pasado año tanto por Estados Unidos como por Canadá y la Unión Europea, que prevén congelamiento de bienes de los afectados y prohibición de establecer negociaciones tanto con el presidente Maduro como con los altos funcionarios del régimen, entre otros considerandos, pareciera que poco a poco se va conformando un cerco internacional para presionar cada vez más al régimen con el objeto de alcanzar una salida a la cruel y desesperada situación de los venezolanos de hoy.
Tal vez, hasta podríamos pensar que luego de más de 70 años se estaría aplicando, en la propia Venezuela, los postulados ideados por el expresidente Rómulo Betancourt, quien para 1960 pedía una suerte de “cordón profiláctico” hacia los regímenes despóticos que no respetan los derechos de sus ciudadanos. Jamás pudo imaginar el exmandatario venezolano que sus postulados tendrían una concreción en su propio país.
Pero, precisamente, al recordar a Betancourt cabe preguntarse: ¿es este cerco suficiente? Por el talante totalitario y su decisión de “huida hacia adelante” del Gobierno, parece que no. Pese a todo, la comunidad internacional va lenta y falta mucho por hacer. Ni siquiera el Mercosur ha avanzado en la aplicación de su Cláusula Democrática y todavía luce lejana la posibilidad de un rompimiento colectivo de relaciones diplomáticas y comerciales como solicitaba a la OEA la Doctrina Betancourt.
El punto es que en la medida en que no se establezca un buen cerco de presión regional, crecen las posibilidades de intervenciones unilaterales.