Petrocaribe, acuerdo energético creado el 29 de junio de 2005, mediante el cual los países miembros importaban crudo venezolano en condiciones y precios preferenciales, y que nació como un intento para ayudar a la región del Caribe, especialmente a Cuba, no ha muerto formalmente. Pero viene boqueando desde que, al menos, Nicolás Maduro asumió el poder chavista en 2013, aunque fue en 2015 que el estado terminal de la iniciativa se empezó a hacer visible.
En efecto, fue en 2015 cuando Jaime Reusche, analista de la firma Moody’s alertó que “Vemos un futuro bastante complicado para Petrocaribe”, ya que “en los últimos dos años se ha venido registrando una reducción de los envíos de crudo que se hacen bajo el esquema de Petrocaribe”. Así, Cuba, por ejemplo, de recibir 100.000 barriles de crudo a finales del 2013 bajo esa iniciativa, en 2015 pasó a recibir apenas unos 35.000. Según un reciente reporte de Petrologistics, una de las fuentes más confiables en materia petrolera, el suministro de petróleo a través de Petrocaribe se ha reducido a la mitad respecto a 2012.
Los problemas que Petróleos de Venezuela (PDVSA) ha tenido en los últimos dos años no solo han afectado gravemente el suministro constante de sus productos a los miembros del convenio Petrocaribe, sino que ha suscitado suspensión de acuerdos. Es el caso del convenio de larga data que mantenía la empresa Alba PetroCaribe Belize Energy Limited (Apbel) con PDVSA, el cual fue suspendido a principios de este pasado septiembre.
Es obvio que para que la industria venezolana pudiera mantener la asistencia financiera que otorgó en un principio y durante años a sus socios caribeños, los precios del crudo tendrían que estar al doble de los niveles que están en la actualidad. Aunque, a decir verdad, el problema no solo se debe a la progresiva caída de los precios internacionales del petróleo, también al precario estado económico venezolano y de su industria petrolera.
Tal es la crisis financiera que vive Venezuela, que numerosos gobiernos extranjeros —incluido el de China— han reducido los préstamos a la dictadura de Maduro, mientras que muchas empresas multinacionales han anulado sus operaciones en el país. La excepción ha sido Rusia, quien viene aprovechando la crisis generalizada para comprar activos petroleros nacionales, de alto valor a largo plazo, a cambio de dinero y créditos que el régimen madurista necesita para sobrevivir.
Ahora bien, ¿por qué Maduro se empeña en no terminar de darle la extremaunción a un acuerdo de cooperación energético que se halla en inminente estado de extinción? Por el contrario, el dictador castrochavista lo sigue defendiendo a ultranza, negando su creciente debilidad. En marzo de este 2017 Maduro afirmó que “Petrocaribe ha sido y es el proyecto que en la historia del Caribe ha provocado mayores transformaciones positivas para nuestros pueblos, desde una visión integradora, humanitaria y profundamente humanista”.
También en el marco de la I Conferencia de Cooperación de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), que se desarrolló en el Hotel Habana Libre, en Cuba, Alexander Yáñez, Secretario Ejecutivo de Petrocaribe, aseguró que a pesar de las bajas de los precios del hidrocarburo y “la campaña internacional de catastrofismo”, Petrocaribe “ha seguido funcionando y lo continuará haciendo”.
Podríamos decir que esta defensa forma parte de la estrategia general madurista de negar cuanta crisis acontece en el país. Para él y su Gobierno no hay un ápice de mala situación económica, financiera, política, social, humanitaria o de cualquier otro tipo. En su opinión, todo es producto de los enemigos internos (la oposición democrática) y los externos (en particular el “imperio” estadounidense y el capitalismo mundial). Puede ser, no admitir debilidades de ningún tipo es una vieja estrategia propia de los regímenes dictatoriales, en particular los comunistas que viven de la mentira.
No obstante, también hay que tomar en cuenta que la iniciativa de Petrocaribe no fue creada —como quiso hacer ver y afirmó Hugo Chávez en su momento— como “mecanismo de solidaridad” para “resolver las asimetrías en el acceso a los recursos energéticos” de los países caribeños. Tampoco —como el mismo comandante supremo, hoy fallecido, repitió en numerosas oportunidades, así como lo hace hoy en día su delfín Nicolás Maduro— para “facilitar el acceso de los países miembros al mercado de los hidrocarburos afectado por la intermediación y la especulación”.
Ni siquiera se creó en función de los intereses nacionales de Venezuela, ya que, como bien han señalado los economistas venezolanos Orlando Ochoa y José Guerra, “los convenios entre Venezuela, Cuba y Petrocaribe le han costado al menos 10 millardos de dólares al país”. Además, han perjudicado económicamente al país porque han impedido que la producción de PDVSA fuese colocada en otros mercados que hubiesen pagado en efectivo, a corto plazo y sin producir tantas deudas.
En realidad, Petrocaribe se creó por puras razones políticas, como herramienta efectiva de influencia y de ganarse lealtades de unos países, en su mayoría islas, de economías pequeñas y precarias, siempre dependientes de otros países mayores para su subsistencia y desarrollo.
De hecho, tanto este mecanismo como la Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) se convirtieron en punta de lanza de la “petrodiplomacia” con la que el chavismo logró varios triunfos políticos internacionales, entre ellos votos en organismos multilaterales. Producto de esa diplomacia petrolera, por ejemplo, la OEA aún no logra los votos suficientes para la aplicación de la Carta Democrática Interamericana al régimen venezolano. Varios países caribeños y otros latinoamericanos que funcionan como sucursales del proyecto castrochavista regional lo impiden.
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Pero a 12 años de su fundación, es de dudar que Venezuela pueda mantener este programa por mucho tiempo más. No por casualidad muchos de los 16 países beneficiarios de Petrocaribe, en general con economías mejores que la venezolana, ya han empezado a adquirir crudo en el mercado petrolero de precios bajos. Saben bien de la progresiva muerte del convenio y que, incluso, la sobrevivencia del propio Gobierno de Nicolás Maduro está en veremos.
De allí que las secretarías de Hacienda, Relaciones Exteriores y Energía de México —en la década de los 80 y 90 del siglo pasado compañero de Venezuela en la cooperación del Caribe mediante el acuerdo de San José— haya empezado a diseñar un plan que sirva para reemplazar el programa venezolano de petróleo, mediante uno propio que ofrezca crudo y productos petroleros de bajo costo a los clientes de Petrocaribe en el Caribe y Centroamérica. Un plan que, según se dice, parece contar con el beneplácito y el estímulo del Gobierno de los Estados Unidos.