Es cada día más evidente la desesperación del Gobierno de Juan Manuel Santos por conseguir finalmente el acuerdo de paz que desde hace más de tres años busca conseguir en La Habana con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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La gestión de Santos ha estado centrada en la promesa de paz con esa guerrilla y por ello ha invertido tantos esfuerzos dentro y fuera de Colombia. Desde que se vio obligado a posponer la mítica fecha del 23 de marzo de 2016 para la firma del acuerdo pronosticada por él mismo desde el 2015, no ha hecho sino redoblar sus esfuerzos para lograrla. Entre los más recientes destaca el cambio, a finales de abril, de siete de los ministerios que componen su gabinete. Escogió un nuevo gabinete totalmente comprometido con el proceso de negociaciones Gobierno-FARC y los responsabilizó de guiar el país hacia la paz y la etapa del posconflicto, que él ve inminente.
Hacia el exterior, el presidente Santos también se ha empeñado en lograr apoyos internacionales al proceso y ha obtenido unos muy importantes, con El Vaticano y Estados Unidos a la cabeza. Con la administración de Barack Obama, tras su visita oficial a Washington DC en febrero de este año, logró la aprobación del ahora llamado “Paz Colombia” que reemplazó al “Plan Colombia”, que llegó a su fin luego de 15 años y que sirvió para apoyar la lucha contra el narcotráfico y la guerrilla.
Este nuevo “Paz Colombia”, un programa de ayuda de más de US$ 450 millones que ya se encuentra en la etapa de diseño para su implementación; es fundamentalmente para respaldar la negociación con las FARC y el postconflicto. A la vez, más recientemente, el Senado de Estados Unidos aprobó por unanimidad, con el voto a favor tanto de los republicanos como de los demócratas, una resolución de compromiso bipartidista en apoyo al proceso de paz lidera Juan Manuel Santos.
En realidad, nacional e internacionalmente el mandatario colombiano no deja de afirmar que este 2016 es el año de la paz, que el proceso de negociación con las FARC es “irreversible” y que está seguro de que su país le dará el apoyo. El pasado 19 de abril en un discurso nacional, hasta alertó que el país podría volver a la época de las “masacres y actos terroristas” si no se firma un acuerdo de paz con las FARC“.
Ahora, pese a todos sus esfuerzos y deseos, aún Santos tiene varios obstáculos que vencer en su camino por lograr la firma del acuerdo final. Por una parte, están los escollos del mismo proceso negociador porque si bien es cierto que los diálogos en La Habana ya han producido subacuerdos en cuatro de los cinco puntos de la agenda de negociación, aún queda pendiente el relativo al “Fin del conflicto”, que incluye un alto el fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas y la desmovilización por parte de los guerrilleros. Y aquí hay un importante punto de tranca, porque las FARC siguen insistiendo en que sólo dejarán las armas con garantías de seguridad, por lo que reclaman el fin del paramilitarismo; al tiempo que continúan con sus actos de extorsión y con ofensivas armadas, especialmente en la zona colombiana del Caquetá.
Es obvio que las FARC violan constantemente el cese unilateral de las hostilidades que su jefe “Timochenko” decretó el año pasado y que, como siempre se ha sospechado, no quieren un acuerdo final que no les convenga, uno en el que no se les reconozca como “fuerzas políticas”. Según el último reporte del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), desde julio 2015 cuando se llegó a un acuerdo sobre medidas bilaterales de “desescalamiento” del conflicto armado en La Habana, Cuba, las FARC han violado el pacto en ocho oportunidades.
Por otra parte, Santos y su Gobierno continúan enfrentando el descontento y la desconfianza popular hacia su gestión en general y específicamente a las negociaciones en La Habana, como bien lo demuestran las recientes encuestas de opinión y la multitudinaria marcha del pasado 2 de abril, cuando miles de colombianos en 25 ciudades, la mayoría en medio de torrenciales lluvias, salieron a expresar su inconformidad por el estado actual de las negociaciones de paz.
Las últimas encuestas muestran que tres cuartas partes de los colombianos tienen serias dudas sobre el compromiso de la guerrilla de dejar las armas. Según la encuesta de la firma Gallup Colombia, publicada a inicios de mayo, “la mayoría de los colombianos considera que los diálogos de paz entre el Gobierno y las Farc van por mal camino (66%) y sólo 28% de los encuestados confía en que este año se firmará un acuerdo final de paz con las Farc”.
En general, la aprobación de la gestión del presidente colombiano cayó a 21 %, la cifra más baja desde que comenzó a gobernar el 7 de agosto de 2010.
Es obvio que no sólo sectores políticos opositores como el uribismo desconfían del proceso de negociación y de un posible acuerdo basado en una justicia transicional que le otorga impunidad a los jefes guerrilleros, sino que existe una desconfianza generalizada sobre las verdaderas intenciones de paz de las FARC.
No obstante, el presidente Juan Manuel Santos continúa asegurando que los acuerdos se firmarán este año y que antes de septiembre, el Gobierno presentará el plebiscito por la paz, para que los colombianos refrenden los acuerdos de La Habana, aunque aún no hay consenso acerca de la forma de refrendar los acuerdos. Como bien ha afirmado insistentemente la periodista estadounidense Mary Anastasia O’Grady, Juan Manuel Santos está desesperado.
Cabe preguntarse entonces, ¿qué más cederá a las FARC? porque en realidad esta es la única opción que le queda al presidente Santos para lograr el ansiado acuerdo de paz, también esperado y bendecido por la administración Obama y el Vaticano. En realidad, el proceso de negociación ha avanzado porque el Gobierno ha cedido demasiado con muy poco a cambio.
Poco se sabe al respecto, pero fuentes confidenciales aseguran que el mandatario estaría negociando un acuerdo en que “los militares colombianos culpables de supuestos crímenes irían a la cárcel, mientras que los más despiadados comandantes de las FARC quedarían simplemente limitados a una zona específica del país, viviendo cómodamente”. Sería terrible para Colombia, Venezuela y toda la región.