Si algún país de América se encuentra actualmente en un verdadero atolladero político es Haití, donde es difícil encontrar el hilo de la madeja que permita desenredar los nudos políticos para que sus ciudadanos puedan al fin sentirse en una nación que verdaderamente transita en la senda democrática, para bienestar de los suyos.
Pasaron 30 años desde que huyó el dictador Jean-Claude Duvalier, y luego de reiterados esfuerzos tanto internos, como por parte de la comunidad internacional, para que ese atribulado país caribeño alcance la estabilidad democrática, tras sucesivas elecciones y revueltas, Haití está de nuevo sin presidente. El pasado 7 de febrero cesó en sus funciones el excantante Michel Martelly, quien estuvo al frente del país desde mayo de 2011, cuando ganó en segunda vuelta electoral, el 20 de marzo de ese mismo año.
Martelly deja la primera magistratura luego de más de un año de protestas y violencia callejeras pidiendo su renuncia y sin que se haya podido nombrar un sucesor. El mismo clima de incertidumbre política obligó a suspender la elección presidencial por razones de seguridad, la cual estaba prevista para el 24 de enero de este año. Pero se trataba de una segunda vuelta muy particular, además de criticada por todo el sector político haitiano; en la que sólo había un candidato, el oficialista Jovenel Moise, luego de que los dos candidatos de oposición, Jude Celestin y Moise Jean Charles renunciaron por considerar que hubo fraude en la primera vuelta de las presidenciales, celebrada el 25 de octubre de 2015.
Todo ello conforma una situación tensa, que concita a mayor violencia y disgusto en una población defraudada y desconfiada de los poderes públicos. Si bien ante el vacío presidencial, el Parlamento haitiano logró un acuerdo político que prevé la entrada en funciones de un Gobierno de transición con un presidente interino que deberá jurar el cargo el 14 de febrero de este año, la mayoría de la población sabe que a los legisladores les será difícil la escogencia de un primer ministro por consenso.
Ese parlamento —que a su vez ya debió haber tenido elecciones desde hace más tres años— debe enfrentar además a la oposición agrupada en el denominado G-8, que rechaza el voto parlamentario y que propone que el presidente provisional sea el actual jefe de la Corte Suprema de Justicia, Jules Cantave. Se trata de una oposición radical que consideran que la ONU y Estados Unidos ejercen una “injerencia abierta” en los asuntos haitianos y que están a favor del oficialismo.
En fin, un buen número de haitianos dudan de la continuidad del proceso electoral que ya ha costado millones de dólares, esencialmente aportados por la comunidad internacional. Inclusive hay muchos que dudan, y con buenas razones, que el “presidente interino” que sea finalmente escogido —sea del gobierno o de la oposición— se perpetúe en el poder y lo ejerza en forma autoritaria.
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El riesgo existe, si tomamos en cuenta la propia realidad histórica haitiana plagada de caudillos y dictadores que se eternizan en el poder, así como la encarnizada polarización política que existe en la actualidad. El propio Martelly se vio obligado a gobernar por decreto ante la disolución del Parlamento en enero de 2015.
En todo caso, esta crisis institucional y electoral que vive la nación más pobre de América es un peligroso precedente para un país que, desde el siglo pasado, viene sufriendo la mayor inestabilidad política, el mayor desorden y caos socio-económico, de la región. Haití se encuentra en riesgo de perder su propia existencia nacional, que hoy en día está fuertemente apuntalada por la comunidad internacional. Una presencia internacional especialmente amplia y variada, que encabeza las Naciones Unidas y el Gobierno de Estados Unidos.
Todos los votos de la comunidad internacional son porque el país recobre en algún momento la estabilidad política, única vía para que logre reducir la pobreza sistémica que padece y que alcance, además del equilibrio socio-económico, atraer las inversiones extranjeras necesarias para desenredar el rompecabezas que hoy por hoy es. También los actores extranjeros apuestan porque este interinato que se avecina, no se convierta en práctica gubernamental permanente que aleje cada vez más a Haití del concierto de naciones.
Pero si eso continúa sin ser posible, a mediano plazo la desintegración nacional, y el consecuente tutelaje total por parte de la comunidad internacional, serán inevitables.