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EnglishLa decisión de Nicolás Maduro y su Consejo Nacional Electoral chavista, de no permitir una observación internacional sería, según los estándares mundiales, una “veeduría internacional” que el oficialismo quiere cada vez más limitada y controlada, que además le está trayendo problemas serios con la comunidad internacional.
De allí las crecientes presiones y críticas contundentes para que en las próximas elecciones legislativas venezolanas del 6 de diciembre, el régimen madurista acepte una observación internacional con todas las de la ley. Unas presiones que no sólo provienen de Estados Unidos, de Europa y de organismos internacionales, sino también desde las filas de sus propios aliados de la izquierda latinoamericana.
Así, por ejemplo, desde que llegó a ocupar el puesto de secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), en mayo pasado, el uruguayo Luis Almagro, ex canciller del Gobierno socialista de José “Pepe” Mujica, le solicitó a Maduro que aceptara la observación internacional. El pasado 10 de junio le escribió en la red social twitter que «La OEA está dispuesta a unirse a la observación electoral en Venezuela, si el Gobierno de Nicolás Maduro acepta nuestra participación».
Almagro ha continuado ofreciendo la misión de observación de la OEA sin éxito alguno, y este 19 de octubre el Gobierno venezolano volvió a rechazar la oferta. Para el representante del Estado venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón,»Venezuela no tiene confianza en la OEA, la OEA ha apoyado dictaduras, certificado golpes de Estado y fraudes electorales, no ha tenido ninguna práctica democrática durante todo su funcionamiento».
Pareciera que el madurismo no termina de darse cuenta que los tiempos han cambiado, y que ya no le favorecen
Otro ejemplo de presión, ha sido por parte de su aliado Brasil, cuyo máximo organismo electoral recientemente desistió de formar parte de la misión de observación de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en los comicios parlamentarios venideros, por la falta de respuesta de las autoridades venezolanas a una serie de garantías exigidas y necesarias para una observación “objetiva, imparcial y amplia». Venezuela también se negó a que el reconocido jurista Nelson Jobim, exministro de Defensa y de Justicia, y expresidente de la Corte Suprema de Brasil, estuviera al frente de la misión de observación, pese a que los demás miembros de Unasur habían aceptado.
Es evidente que Jobim no se iba a prestar a una nueva veeduría limitada y amañada. Recordemos que la UNASUR fue el único organismo regional que aceptó el Gobierno de Maduro como acompañante en las elecciones de 2013 y que hizo un papel completamente alineado al oficialismo. Y así de obvio, como bien ha afirmado la oposición venezolana, que “cuando el Gobierno de Maduro y de sus agentes electorales decía que ‘sólo aceptarían la observación de UNASUR’, ni siquiera se referían en realidad a ese órgano regional, sino a una versión de UNASUR construida a la medida de su interés electoral».
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Pareciera que el madurismo no termina de darse cuenta (o está mal asesorado por los cubanos castristas) que los tiempos han cambiado, y que ya no le favorecen. Que su radicalización como política para mantenerse en el poder ya no surte efecto, ni nacional ni internacionalmente. Tampoco parece percatarse que ya no puede seguir con el cuento de que la observación electoral internacional es un mero intento de tutelaje de los países desarrollados.
Antes, en 2010, cuando la figura del observador internacional fue eliminada del reglamento electoral venezolano, y en su lugar el CNE invitó a “acompañantes internacionales” que no pueden emitir declaración alguna sobre las elecciones hasta que el CNE haya proclamado un ganador, y cuyos hallazgos y sugerencias deben ser entregadas al CNE confidencialmente, el régimen chavista no tuvo la presión ni la crítica internacional que tiene en la actualidad. Es que en ese momento el chavismo aún tenía poder y cierta confianza dentro y fuera de Venezuela.
En ese año, e incluso en las elecciones de 2013, apenas reclamaban la oposición venezolana integrada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y los mismos organismos afectados, y que hasta 2006 se les permitía realizar una observación adecuada: las misiones electorales de la OEA, de la Unión Europea y el Centro Carter. Y estos reclamaron porque era evidente que esas limitaciones contradecían los requisitos para desplegar misiones de observación acordados en la Declaración de Principios para la Observación Internacional de Elecciones, que también establece el código de conducta de los observadores internacionales.
En los 45 días que faltan para las legislativas, el Gobierno de Maduro continuará siendo presionado para que permita una observación internacional real
Pero ahora la situación es totalmente diferente. La debacle económica, política y social en que se encuentra el país, sumada a su torpeza gubernamental caracterizada por una radicalización y confrontación sin precedentes, le ha hecho perder al régimen madurista toda la influencia, el poder e incluso la confianza relativa de los cuales gozó su líder Hugo Chávez, al menos hasta la muerte.
De modo que, en los 45 días que faltan para las legislativas, el Gobierno de Maduro continuará siendo presionado para que permita una observación internacional real, una que realice una evaluación exhaustiva, independiente e imparcial del proceso electoral. Sólo así se librará de la desconfianza y aislamiento internacional que, como piedras en el zapato, lo continuarán fastidiando.
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