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EnglishLa diplomacia castro-chavista se ha puesto en acción a pesar de que el gobierno de Barack Obama no ha tomado aun la decisión de implementar sanciones a funcionarios del régimen madurista incursos en delitos de corrupción y en violaciones a los derechos humanos. Pero la posibilidad de que pueda llegar a hacerlo gracias a la presión por la iniciativa bipartidista que prospera en el Congreso de Estados Unidos, moviliza al gobierno de Nicolás Maduro en esta nueva ofensiva internacional.
Las posibles sanciones no son contra el pueblo venezolano, no se tratan de un embargo económico ni de una acción militar. Son sanciones individuales, contra funcionarios específicos que han cometido delitos en su país y fuera. Sin embargo, el gobierno de Maduro se defiende presentándolas como acciones que sancionarían a «funcionarios que han estado al frente de la restitución del orden público y de la garantía de la paz y la estabilidad para el pueblo venezolano», refiriéndose a las protestas estudiantiles y opositoras que desde febrero se han dado por toda Venezuela.
Como tales, tampoco son sanciones que violarían (de ejecutarse) el principio de no intervención en los asuntos internos de nuestro país, como las está vendiendo el gobierno venezolano y su canciller Elías Jaua. Para nada. De tomarse, pasarían a formar parte de una política exterior soberana e independiente, así como las tantísimas que el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro han tomado contra otros estados. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando el comandante Chávez rompió relaciones comerciales y diplomáticas con Colombia por allá en el 2008 y de paso envió sus fuerzas armadas a la frontera en clara amenaza de intervención militar, todo en solidaridad con Ecuador?
Dada la interpretación particular del castro-chavismo de la no intervención, entonces esa acción contra Colombia y otras muchas similares tomadas en los últimos 15 años —como el congelamiento de relaciones con EE.UU. y las expulsiones de los principales funcionarios de su embajada en Caracas—, así como sus innumerables prédicas guerreristas y agresiones verbales contra otros estados, ¿no serían también intervencionistas? Por supuesto que no.
Sean beneficiosas o no para el interés nacional, nos gusten o no, esas sanciones no constituyeron una violación al principio de no intervención, sino acciones y actitudes unilaterales soberanas e independientes por parte del chavismo, aunque también hay muchas que apuntar que sí fueron claramente intervencionistas, como aquélla cuando el entonces canciller Nicolás Maduro viajó a Paraguay para arengar a un grupo de militares para que defendieran con las armas al depuesto expresidente Fernando Lugo, como bien lo demostró en el 2012 con vídeo en mano la ministra de Defensa de ese país.
No obstante, con esa prédica llegó el canciller Elías Jaua la semana pasada a la isla de Galápagos, Ecuador, a la reunión ministerial de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), en la cual los ministros de relaciones exteriores de Colombia, Brasil y Ecuador, que conforman la comisión designada por ese organismo para acompañar el proceso de diálogo en Venezuela, presentaron un informe sobre la evolución de ese proceso, hoy congelado, pero que sin embargo calificaron de “positivo”.
Pero lo peor no fue eso, sino que los de UNASUR cometieron la aberración jurídica y política de condenar las posibles sanciones estadounidenses, haciéndole así el juego al gobierno dictatorial venezolano. Sin vergüenza alguna, los cancilleres de este bloque multilateral cada vez más politizado señalaron en su declaración que las sanciones a funcionarios de Venezuela “vulneran el principio de no intervención en asuntos de otros Estados y afectan al proceso de diálogo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición venezolana”.
Después de estar en Galápagos y lograr apoyo, el canciller Jaua emprendió gira por Argelia, Rusia, Bolivia y Portugal. Clara y públicamente Jaua dijo que iniciará una ofensiva diplomática para denunciar la «injerencia» de EE.UU. en los asuntos internos de Venezuela, pero hasta ahora ningún gobierno democrático, ninguna institución internacional, ha dicho nada.
En Argelia, el primer país del periplo diplomático porque allí se celebra este 28 y 29 de mayo una reunión ministerial del Movimiento de Países No alineados (MNOAL), el canciller presentó con entusiasmo su ofensiva y, si bien aún no sabemos la respuesta de sus integrantes, no cabe duda de que será positiva. En la inauguración de esa reunión previa a la cumbre de jefes de Estado prevista en Venezuela para el 2015 —y por tanto organizada por el gobierno de Maduro—, ya el presidente de Bolivia, Evo Morales, habló a favor del régimen castro-chavista al asegurar que EE.UU. “está impulsando un conflicto interno en Venezuela para luego llevar a cabo una intervención militar”.
Ya podemos imaginarnos el apoyo que luego recibirá Elías Jaua en Bolivia y en Rusia. Lástima que el Sr. Jaua no lleve también esta ofensiva a los gobiernos más democráticos del mundo. Sólo lo presentará en Portugal con cuyo gobierno socialista tiene importantes lazos económicos. Sería muy aleccionador observar cómo responderían los presidentes demócratas al compromiso que les plantearía el régimen madurista.
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