EnglishIncomprensible y desacertado que la secretaria de Estado adjunta de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, en su comparecencia del pasado 8 de mayo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, haya señalado que a petición de la oposición en Venezuela, el gobierno de Barack Obama descartaba, por ahora, imponer sanciones a funcionarios del régimen de Nicolás Maduro involucrados en abusos y violaciones a los derechos humanos.
La Sra. Jacobson aseguró que “algunos factores de la sociedad civil” habrían solicitado a Estados Unidos no tomar acciones en contra del gobierno venezolano “todavía”, con el fin de no entorpecer el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición propiciado por una misión de UNASUR y que al día de hoy se encuentra suspendido. Jacobson no dio nombres específicos, pero afirmó que la solicitud venía de algunos de los que estaban negociando, es decir, los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), añadiendo que había una gran división dentro de la oposición venezolana.
¿Fue una “mentirita blanca” para reforzar su argumento sobre la cautela que, en su opinión, debe tener la administración Obama frente al gobierno venezolano? ¿O una verdad a medias, en el sentido de que algunos miembros de la oposición lo hayan solicitado pero no la MUD oficialmente? ¿O se tratará simplemente de un error de información o de entendimiento de sus fuentes que no tendría que haber transmitido?
Difícil saberlo, pero lo que queda claro es que fue un desliz diplomático que ha creado confusión y ha afectado negativamente la imagen de su gobierno y la de la oposición venezolana, aun cuando el secretario general de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo, le salió de inmediato al paso a estas declaraciones y en un comunicado fue enfático al señalar que “ningún vocero de la MUD ha solicitado a funcionario norteamericano alguno lo que hoy ha trascendido en los medios. Y si alguna organización o individuo de la sociedad civil lo ha hecho es bajo su responsabilidad y debe asumirla”. Para la MUD, aclaró, están bien las sanciones individuales, más no las que afecten a todo el país.
La subsecretaria a su vez respondió al comunicado de Aveledo con una escueta declaración en la cual apenas señala que “la oposición no ha sugerido específicamente que nos abstengamos de sancionar a individuos”.
Se trata de una respuesta insuficiente y confusa que da pie a que continúen los rumores interesados en desacreditar a la MUD y profundizar las divisiones opositoras que, en mi opinión, son más de forma y relacionadas con visiones estratégicas diferentes, que de fondo. A la hora de la verdad, todos los factores de la oposición tienen un interés común —el retorno de la democracia, parar la destrucción nacional propiciada por el régimen “revolucionario”, lograr que el gobierno de Nicolás Maduro salga del poder de manera democrática— y un proyecto similar de modernización y desarrollo nacional, aunque algunos se ubiquen más hacia la izquierda y otros más hacia la derecha del espectro político opositor.
La subsecretaria Roberta Jacobson y en general todo el gobierno del presidente Obama, deberían declarar con claridad, sin ambages, la verdadera razón sobre su negativa a sancionar a funcionarios venezolanos, que no es otra que el temor (hasta cierto punto entendible) que les produce un posible efecto boomerang de las sanciones, o sea, que las mismas sean contraproducentes para el alcance de los objetivos que se proponen.
Sí, ciertamente, aunque sean “sanciones inteligentes” (medidas económicas y de supresión de visas dirigidas a personas específicas, no a toda la población), podrían resultar contraproducentes, frenar el impulso que tiene la oposición venezolana justo en el momento en que la popularidad de Maduro se encuentra en su más bajo nivel histórico, y brindarle al régimen la excusa perfecta para justificar el fracaso del “socialismo del siglo XXI”, reforzando así a un régimen que está debilitándose, como bien dice Adam Dubove en su interesante artículo publicado en PanAm Post.
Pero todo depende del momento en que se lancen esas medidas propuestas por un nutrido grupo bipartidista de congresistas estadounidenses y que cuentan con el apoyo de una buena parte de la población venezolana, que observa asombrada e indignada el recato que hasta ahora ha tenido la administración Obama hacia la brutal represión, las torturas y las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos por parte del gobierno de Maduro.
Si se toman en un momento preciso, las sanciones podrían ser útiles, muy efectivas, para debilitar económica y políticamente al régimen —aún más de lo debilitado que ya está— y ayudar a que otros gobiernos apliquen las mismas medidas o similares. Después de todo, el tema de los derechos humanos es universal y todos los gobiernos que se dicen democráticos se han comprometido a hacerlos valer, a rechazar de alguna forma sus violaciones.
Y el momento preciso puede estar cerca ahora que la MUD acaba de congelar su participación en el diálogo con el gobierno por su falta de seriedad y responsabilidad en este esfuerzo. A un mes de iniciado el diálogo, el gobierno no ha dado ni una respuesta a las peticiones opositoras.