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English El caso del terrible asesinato de la ex Miss y actriz venezolana Mónica Spear y su esposo, Henry Thomas Berry, sucedido el pasado 6 de enero, ha fortalecido el ataque del gobierno de Nicolás Maduro contra los medios privados de comunicación y los derechos ciudadanos a la información y libre expresión.
Apenas sucedido el hecho, Maduro y otros voceros del oficialismo afirmaron que los medios de comunicación privados del país y sus periodistas habían distorsionado el caso y lo habían convertido en un “show de la muerte” para politizar y desmoralizar a los venezolanos. No extrañan estas declaraciones: Maduro, como antes Hugo Chávez, es un insistente acusador de los medios de comunicación independientes – nacionales e internacionales – por supuestamente favorecer intereses “burgueses y apátridas”, desestabilizar la revolución bolivariana y mentir sobre los problemas y sucesos nacionales.
Ciertamente, el despliegue informativo en medios propios y extranjeros junto a los debates en las redes sociales en torno al homicidio, han sido enormes y significativos. Pero ello no significa que el suceso y su impacto en la sociedad sea culpa de los medios de comunicación social no gubernamentales, de sus dueños y periodistas, quienes han cumplido con su trabajo de transmitir la noticia y las diversas opiniones y reflexiones sobre tan abominable crimen.
No podían los medios independientes dejar de informar y comentar sobre la conmoción e indignación que produjo en los venezolanos – tanto antichavistas como chavistas – la pérdida violenta de la querida y conocida joven actriz, seguramente porque a la mayoría les recordó el temor que se vive diariamente en el país debido a la creciente inseguridad. Sólo en el 2013, la delincuencia dejó un saldo de más de 24 mil muertes, según un informe de la ONG Observatorio Venezolano de la Violencia.
Aunque lo intentó, el gobierno de Maduro no pudo minimizar los efectos del crimen ni acallar los debates que se han suscitado en la opinión pública, en particular las críticas a la falta de una política gubernamental efectiva en la lucha contra la criminalidad. Ello, a pesar de los 21 planes “especiales” de seguridad que se han emprendido en los últimos tres lustros y de la apabullante militarización del país. Hasta los medios de comunicación del Estado se han visto obligados a tratar el caso y el gran problema de la inseguridad a nivel nacional.
Este escándalo y su imposibilidad de control mediático, lejos de producir una reflexión, han servido de incentivo al presidente para afianzar la tradicional política comunicacional chavista. Política orientada, por un lado, a crear un sistema comunicacional hegemónico y, por el otro, a controlar o eliminar a los cada vez más escasos medios de comunicación independientes, incluyendo las redes sociales y la mensajería instantánea – y, en consecuencia, la libertad de expresión. Vale la pena recordar que esa política posee un marco legal de fundamento, y diversos planes que el régimen chavista ha ido construyendo desde el 2000 hasta el presente.
El más reciente Plan de Patria 2013-2019 establece “seguir construyendo la soberanía y democratización comunicacional”, mediante el uso de los medios públicos, privados y comunitarios “como instrumentos de formación de valores bolivarianos”, además de “consolidar la regulación y contraloría social de los medios; garantizar el acceso a la comunicación oportuna y ética; y crear medios de comunicación para la defensa integral de la patria, cuyos contenidos pongan de relieve los valores patrióticos y socialistas”, entre otros. El documento también resalta la importancia de gestar nuevas instancias de participación popular, como medios de comunicación, para consolidar “la hegemonía y el control de la orientación política, social, económica y cultural de la nación”.
Desde que Nicolás Maduro llegó al poder, viene desarrollando esa política comunicacional “socialista”, utilizando varios instrumentos directos e indirectos para cercenar la libertad de expresión e información. Durante el 2013, además de neutralizar de diversas formas a voces opositoras especialmente en la radio y la televisión, el mandatario creó por decreto el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA). Para muchos expertos en comunicación, como el profesor Marcelino Bisbal (Universidad Central de Venezuela), el CESPPA “instituye la censura de manera abierta y pública”, en virtud de que en el artículo 3 establece que “El CESPAA solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la Nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas; según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”. Además, su artículo noveno faculta al Presidente del CESPPA para “declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada en el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria”.
A la vez, el gobierno de Maduro ha emprendido la práctica de no aprobación de divisas a los medios impresos privados para la adquisición de papel, colocándolos al borde del cierre, mientras a los periódicos afines al gobierno sí se les ha aprobado la compra de papel en el exterior. La Cámara Venezolana de la Prensa Regional ha indicado que unos 25 periódicos se vieron obligados el año pasado a cerrar sus puertas por la falta de papel periódico. En la actualidad, no son pocos los impresos nacionales y regionales con líneas editoriales independientes que tienen inventario para menos de un mes de circulación.
Como bien afirma Luisa Torrealba, coordinadora general del Instituto Prensa y Sociedad, “las trabas para la obtención de divisas y la proliferación de nuevos requisitos, como certificados de no producción nacional, afecta tanto a los medios como a las audiencias. El contenido de información para los lectores se ha reducido porque algunos diarios pequeños han dejado de circular y otros han comenzado a reducir drásticamente su número de páginas”.
Adicionalmente, numerosos tribunales controlados por el chavismo toman decisiones contra los medios independientes, como la de establecer multas impagables y la de prohibir o censurar la publicación de noticias y sucesos específicos. También se han bloqueado sitios web que publicaban cotizaciones del dólar y el euro al margen de las tasas oficiales fijadas en el marco del control estatal de divisas en vigor hace una década, al tiempo que se plantea controlar las redes sociales.
Y ahora, tras la supuesta “campaña de la derecha mediática” – como califica el oficialismo la cobertura informativa del homicidio de Mónica Spear y su esposo – el presidente Maduro ha creado (p. 7), bajo la órbita del ministerio para la Comunicación y la Información, un viceministerio para las redes sociales y anunció un próximo viceministerio para la televisión, la radio y los medios impresos.
No cabe duda de que, en la medida que el gobierno avance por el camino de la radicalización que ha escogido para mantener el poder y enfrentar la crisis nacional, fortalecerá aún más su política en contra de los medios independientes y de la libertad de expresión e información para así lograr la meta de la hegemonía comunicacional “revolucionaria”. Ya en el hemisferio americano, el Estado venezolano es el que tiene mayor capacidad comunicativa, más medios de comunicación a sus servicios, y el que produce más cadenas presidenciales.
