EnglishLas recién finalizadas elecciones municipales de este domingo 8 de diciembre, arrojaron unos resultados mixtos y estrechos entre el chavismo y la oposición democrática, indicando que el país continúa dividido y que se mantiene la tendencia que venimos observando desde el 2006: la oposición crece y el oficialismo declina, pero ambos a paso lento, demasiado pausado.
Ciertamente, el gobierno de Nicolás Maduro ganó en número de votos nacionales y en número de alcaldías pero perdiendo las principales y más pobladas alcaldías del país. Con un margen estrecho además, si tomamos en cuenta que puso en marcha toda la capacidad abusiva del aparato institucional y los recursos del Estado. El ventajismo y populismo grosero y violatorio de la Constitución, los atropellos a los derechos y libertades ciudadanas, las desigualdades a favor del gobierno durante la campaña electoral, son situaciones sin parangón en la América Latina actual, exceptuando al régimen cubano. Además, como bien afirma el analista Luis Vicente León, Director de la encuestadora Datanalisis, “la estrategia en el plano económico del presidente incidió directamente en los resultados de los comicios municipales, pero no revirtió el favoritismo de la oposición en las ciudades principales”.
A pesar de esto y los numerosos delitos electorales cometidos por el PSUV durante la jornada electoral, la cantidad de votos nulos que produjo la votación automatizada, el hecho de que los venezolanos que viven en el exterior (casi dos millones) no podían votar, y el elevado número de abstención opositora, las fuerzas democráticas pudieron mantener su control sobre la Alcaldía Metropolitana y la ciudad petrolera de Maracaibo, y conquistar nuevas capitales claves, como Barquisimeto, Valencia, Mérida, Maturín, San Cristóbal y hasta Barinas, cuna del fallecido Hugo Chávez.
En un país verdaderamente democrático, un resultado que no otorga una victoria contundente a ninguno de los contendientes pasaría a ser punto de debate nacional y abriría las puertas al diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero Venezuela no es país con un sistema democrático y de tal forma, en su primer discurso tras los comicios, el presidente Nicolás Maduro aseguró que se continuaría con el proceso revolucionario y con las políticas radicales y estatistas que viene tomando en el marco del Plan de la Patria 2013-2019, para seguir el camino hacia el socialismo del siglo XXI, es decir, del neocomunismo dictatorial que viene en proceso.
Ello augura una profundización de la polarización, la ingobernabilidad, la división y la violencia política y social en el país, tendencias que se acentuarán en la medida en que continúe golpeando a la población la crítica situación económica que, sin duda, se vivirá este venidero 2014.
Estos graves problemas constituyen el principal reto que el gobierno y la oposición – agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática – tiene por delante. El gobierno prometió más revolución, ¿cómo lo hará con al menos la mitad de la población abiertamente en contra, con una sociedad que en general –chavistas incluidos- espera que sus problemas sean resueltos de inmediato, y con un presupuesto y capacidad de gasto cada vez más exiguo?
Por parte de la oposición, ¿cómo hará para enfrentar las arremetidas de un gobierno cada vez más abiertamente autoritario y sin escrúpulos, así como para convencer a una parte de la población opositora –mucha de la que se abstuvo de votar en estos comicios- de que el camino sigue siendo el democrático y pacífico y que hay que esperar hasta, al menos, la posibilidad de un referéndum revocatorio presidencial en el 2016?
El porvenir no se ve nada fácil ni para el chavismo ni tampoco para la actual dirigencia opositora. Y Venezuela como nación sigue en el atolladero, en caída libre.