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EnglishDurante los 14 años de gobierno del comandante Hugo Chávez se fue instalando en Venezuela un sistema militarista, de predominio de las fuerzas armadas en la gestión pública y en toda la vida política, actuación que trasciende con creces las tareas tradicionales de seguridad y defensa nacional. Este rol protagónico de los militares, que ha quedado plasmado en algunas disposiciones constitucionales, en la profusión de nombramientos de oficiales activos y retirados en cargos claves de la administración pública, en la instrucción premilitar obligatoria en programas de educación media, diversificada y profesional, así como en la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, no ha dejado de existir en los tres meses de gobierno del civil Nicolás Maduro. Por el contrario, ha aumentado.
A pocos días de llegar al gobierno, Maduro anunció un plan de militarización gradual del país, denominado “Plan Patria Segura” que se propuso desplegar 30 mil efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las policías regionales y que empezó a ejecutarse en los del Estado Miranda gobernado por el líder de la oposición democrática, Henrique Capriles Radonski.
El gobierno justifica la operación con el argumento de proteger al pueblo de la creciente inseguridad en el país –el propio ministerio de Relaciones Interiores registró 6.050 homicidios entre el 1 de enero y el 29 de mayo de 2013-, de la cual culpa a las autoridades locales opositoras, no al gobierno nacional que les prohibió a los municipios tener sus propias policías. En la actualidad, el mando de todas las autoridades policiales del país está centralizado en el ministerio del Interior y Justicia.
Pero la verdad es que lo que busca el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro es militarizar toda la sociedad y con ello acallar y atemorizar a la oposición política y a la población en general que cada vez más manifiesta su descontento con el gobierno a través de masivas protestas de calle, provenientes de todos los sectores socioeconómicos del país y de trabajadores tanto antichavistas como chavistas. También este plan tiene mucho que ver con las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre de este año. Es bien conocido cómo los militares han favorecido al gobierno en todos los procesos electorales y si ahora se encuentran en la calle haciendo labores de seguridad ciudadana, pues les será más fácil. Finalmente, el objetivo real es continuar el proyecto militarista de vocación totalitaria que siempre se planteó su líder Hugo Chávez.
Incluso antes de las elecciones presidenciales del 14 de abril pasado, en las que ganó por un muy estrecho margen y bajo sospecha de fraude electoral, el entonces presidente encargado Nicolás Maduro había ya militarizado todas las estaciones eléctricas del país a causa de un supuesto plan opositor (nunca demostrado) para provocar un apagón general eléctrico. También ya había amenazado que sacaría a las calles a las fuerzas armadas para detener un supuesto complot desestabilizador (tampoco demostrado) por parte de la oposición en conjunto con los Estados Unidos. Estas denuncias, por cierto, no han dejado de producirse en los tres meses del mandato de Maduro. Semanalmente, algún funcionario gubernamental asegura a la opinión pública nacional e internacional que la “derecha opositora”, en compañía de “la oligarquía colombiana” y el “imperio estadounidense”, están preparando un golpe de Estado o una invasión militar en contra de la Revolución Bolivariana.
La realidad ha demostrado que desde el inicio de ese plan Patria Segura no sólo no han disminuido los homicidios y la delincuencia común como insiste el gobierno –según cifras de la oposición venezolana la violencia se ha incrementado en forma notable en los últimos dos meses- , sino que la represión y el abuso especialmente por parte de agentes de la GNB ha llegado a niveles escalofriantes. Ya son varios los casos de jóvenes golpeados y torturados, así como personas muertas en manos de efectivos de la Guardia Nacional. El reciente caso de una señora ama de casa y su hija, quienes resultaron muertas al recibir varios tiros en plena vía pública cuando se desplazaban en su auto por un municipio en el Estado Falcón, sin haber sido alertadas ni paradas por al menos una decena de militares que dijeron que “se habían confundido”, ha estremecido a los venezolanos. Como los 10 planes de seguridad anteriores implementados por el chavismo, éste es un nuevo fracaso.
No por casualidad, distintas organizaciones de Derechos Humanos nacionales han cuestionado la decisión del gobierno de recurrir a los militares para supuestamente solucionar el problema de la inseguridad, por considerar que ellos no están preparados para tales funciones. Según el más reciente Informe Anual del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), sólo durante el 2012 la Guardia Nacional y el Ejército están involucrados en 44,44% de los casos de tortura atribuidos a cuerpos de seguridad del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha reclamado a las autoridades venezolanas dejar el tema de la lucha contra el crimen a manos de militares y policías civiles, debido al historial de abusos que ellos tienen.
