English Version
English¿Realmente el actual gobierno venezolano quiere recuperar las relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos? La pregunta es hoy más pertinente que nunca en virtud de la insistencia del presidente Nicolás Maduro en ofrecerle asilo al ex técnico de los servicios secretos de EEUU, Edward Snowden, sin que éste se lo haya formalmente solicitado, y dado el nivel de insultos y ataques verbales que ha emprendido en contra de la administración Obama en los últimos días.
Entre otros ataques, el sr. Maduro señaló públicamente: “¿quién es el violador o terrorista, un joven de 29 años que dice la verdad o el gobierno de los EEUU que protege a Luis Posada Carriles que está solicitado por nuestro Gobierno?” Y en cuanto al incidente sufrido por su colega boliviano, Evo Morales, quien debió esperar durante trece horas en Viena ante la prohibición de varios países europeos a que pasase por su territorio ante la sospecha de que Snowden iba en su avión, declaró que el mismo “lo provocó la locura imperial de la elite que gobierna los EE.UU.”
Hace poco más de un mes, el pasado 5 de junio, el actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno venezolano, Elías Jaua, solicitó, y le fue concedido, un encuentro con el secretario de Estado John Kerry en el marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), llevada a cabo en Guatemala. En esa cita informal el gobierno de Maduro se comprometió a reanudar las conversaciones entre ambos estados y a evaluar la posibilidad de establecer representaciones diplomáticas a nivel de embajadores, en Washington y Caracas, que no hay desde el 2010. Tras el encuentro, el canciller Jaua calificó la cita de “cordial” y “franca,” al tiempo que afirmaba que ambos gobiernos coincidieron en la intención de tener buenas relaciones binacionales.
Pero ahora el propio Nicolás Maduro y su canciller ponen en jaque esas intenciones y relaciones que, sin duda, son importantes para los dos países pero especialmente para el gobierno venezolano. En efecto, hoy más que nunca, tras las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril que fueron impugnadas por la oposición democrática venezolana y cuestionadas hasta por moderados observadores internacionales como el Centro Carter, el gobierno de Maduro necesita el reconocimiento formal y la legitimidad tanto de la administración Obama como de toda la comunidad internacional.
Asimismo, ante la grave situación socioeconómica que vive nuestro país, Maduro necesita mantener sus relaciones comerciales con su aún — pese a su posición antiestadounidense — primer socio comercial. EE.UU compra más de 1,2 millones de barriles diarios de petróleo, los cuales — a diferencia de la mayoría de los clientes venezolanos — cancela en dólares y a precio de mercado. Además le vende a Venezuela millones de barriles de productos refinados que incluyen gasolina, combustible pesado, gas licuado y aditivos. Según cifras de la Cámara Venezolano Americana de Industria y Comercio (Venamcham) “Las importaciones petroleras (de EE.UU a Venezuela) durante el primer trimestre de 2013, alcanzaron un registro de US$877 millones siendo 123,32 por ciento mayor a las registradas durante el primer trimestre de 2012 cuando las mismas registraron un total de US$392 millones.”
Es incomprensible, al menos bajo la lógica democrática, que sobre el interés económico y político actual e histórico que Venezuela tiene con los Estados Unidos, aún prevalezca en el nuevo gobierno chavista la política antiimperialista de siempre, la misma que alimentó el gobierno de Hugo Chávez por catorce años, la misma que ha nutrido a todas las “revoluciones” de izquierda de Latinoamérica y el mundo. Porque no cabe duda que todos los socialismos se envuelven en el manto seductor del antiimperialismo para conquistar a los pueblos.
De concretarse este asilo — si no lo otorga antes Nicaragua u otro país- quedaría nuevamente congelada la normalización diplomática (han sido varias las veces que Venezuela la ha obstaculizado), así como la negociación de una agenda propositiva que ya empezaron a palabrear el recién nombrado encargado de negocios de Venezuela en EEUU, Calixto Ortega, y la secretaria adjunta de Estado para Latinoamérica, Roberta Jacobson. Una agenda que debería traducirse — si es verdad que hay buena intención especialmente por parte del gobierno de Maduro — en beneficios reales para venezolanos y estadounidense y, por tanto, incluir al menos la reapertura del Consulado en Miami y una verdadera cooperación energética, militar, y de inteligencia entre los dos países para combatir flagelos comunes como el narcotráfico y el crimen organizado.
