EnglishColombia lleva 50 años sumida en un conflicto interno armado que no pareciera llegar jamás a su fin; y esta, sin duda, ha sido la oportunidad en la que más cerca se ha estado de alcanzar la tan anhelada paz, o al menos, un importante desescalamiento del conflicto. Esto al igual que el país lo tiene muy claro el gobierno de Juan Manuel Santos y el equipo de negociadores de La Habana, y aunque es evidente que es necesario ceder en algunos aspectos para llegar a acuerdos, hay un grupo de colombianos que piensa que el único que cede es el Gobierno, mientras la guerrilla gana indulgencias por querer colaborar con asuntos que deberían ser los mínimos necesarios, como el reciente acuerdo que acaba de salir a la luz sobre la búsqueda de los desaparecidos, que la sociedad celebra y que sin duda es un punto importante para avanzar en las negociaciones.
Hay exigencias que, aunque parezcan obvias, el Gobierno ha dejado pasar desapercibidas: como, por ejemplo, no haber exigido la devolución de los secuestrados que todavía están en manos del grupo guerrillero antes de haber llegado a algún acuerdo.
Según el periodista de guerra Herbin Hoyos Medina, quien lleva más de 20 años cubriendo el conflicto armado colombiano y se ha vuelto vocero y abanderado de las víctimas del secuestro en el país gracias a su programa Las Voces del Secuestro, todavía hay 3 mil personas secuestradas de las que hoy no se sabe nada y se teme que muchas de ellas corran el riesgo de ser asesinadas por la guerrilla; porque, según dice, a las FARC no les conviene entregarlos y que esto compruebe el delito sistemático que han venido cometiendo, el cual, adicionalmente, acarrearía serias responsabilidades penales, incluso internacionales.
“Eso mismo pasó con los paramilitares. Ellos tenían a 170 personas retenidas en distintos bloques en Arauca, Casanare, Antioquia, Sucre y todos desaparecieron cuando empezaron las negociaciones (…) Ellos (los negociadores de las FARC en La Habana) quieren culpar de los delitos de secuestro a los comandantes que ya murieron y se quieren quedar exentos de la responsabilidad penal que tienen por ese delito”, afirma Hoyos.
Según cifras del activista, las FARC han secuestrado a cuatro mil personas, entre ellas, a 760 extranjeros, de los que no todos se sabe su paradero.
¿Son las víctimas la columna vertebral de las negociaciones?
A pesar de que se ha establecido una Comisión de la Verdad y que han ido tres grupos de víctimas a La Habana, elegidos por la ONU, la iglesia y los países garantes, es evidente, señala Hoyos, que no representan a todo el universo de afectados.
“Las víctimas deben ser la columna vertebral en cualquier conflicto y por ende deberían ser las que avalen los acuerdos, y en este caso se ha parcializado hacia un sector de víctimas previamente seleccionado. Muchas de ellas están compradas con puestos públicos, o a familiares de ellas les han ofrecido puestos del Estado en el alto Gobierno”, asevera Hoyos. Asimismo afirma que este grupo de víctimas que ya están “coercionadas y negociadas” son las que aparentan ser el universo de víctimas que están de parte del acuerdo.
“El Gobierno y las FARC tienen que ganarse primero la confianza de las víctimas, porque ambas partes se han encargado de sembrar absoluta desconfianza en quienes han vivido el horror del conflicto durante tantos años, y se están desfavoreciendo por una condición meramente política”, dice Hoyos.
Para Marleny Orjuela, presidenta de la fundación Asfamipaz y prima de Alexander Zambrano, un uniformado que fue asesinado después de pasar 11 años en cautiverio, los acuerdos sí han girado en torno a la reparación de las víctimas, pero al final, dice que estos solo se pueden demostrar con hechos que ya deberían empezar a verse reflejados.
“Lo mínimo que uno espera es que el cumplimiento de los acuerdos se dé, para generar confianza al país”, dice Orjuela, quien se siente esperanzada con el hecho de que las FARC vayan a entregar y ayudar en la búsqueda de restos óseos de personas desaparecidas. Sin embargo dice que “a una mamá nunca la van a reparar porque a su hijo no se lo devuelve nadie”, y por eso es más bien partidaria de que las FARC participen en política si de eso depende la firma de la paz.
Este es, precisamente, otro de los puntos más controvertidos de las negociaciones. En el momento en que se dio a conocer el acuerdo no se supo a ciencia cierta si Timochenko, Catatumbo e Iván Márquez irán al Congreso o a la cárcel, quizás lo más importante es que se sentaron las condiciones del que más bien es el punto crucial de los diálogos, que es dejar las armas a cambio de la participación en política.
“Si hay guerrilleros que no tengan sangre en sus manos, que debe haber muchos, podrán tener participación en la vida democrática del país bajo una amnistía o negociación, pero no se puede permitir que por una negociación, aunque todos queremos la paz, se vengan a ‘pasar por la faja’ a la justicia”, dice Hoyos, quien es partidario de que los delitos políticos sean excarcelables, pero no los crímenes de lesa humanidad, que son muy difíciles de comprobar.
Sin embargo, para Marleny Orjuela existen otras prioridades.
“Uno a veces habla mucho de qué tan justo es dejar a la guerrilla participar en política, pero resulta que en el Congreso de la República hay una cantidad de senadores y representantes a la cámara que han estado en la cárcel por parapolítica, es decir, por hacer el trabajo sucio de los paramilitares. A veces me da risa el pueblo colombiano que se ufana de la honestidad y la transparencia cuando hay corrupción en todas las alcaldías y gobernaciones”.
“A algunos colombianos les duelen tres años de proceso de paz pero no les duelen más de 50 años de guerra, pero claro, finalmente los que le ponen el pecho a la guerra son la gente humilde y campesina de Colombia, porque tanto un policía, como un guerrillero o un militar, vienen de familias humildes”, manifiesta Orjuela, respecto a la oposición que ha tenido el proceso.
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Actualmente lo que se ha establecido es que serán objeto de amnistía o indulto las conductas tipificadas en la legislación nacional que se correspondan con los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra. Estos delitos serán objeto de investigación y juicio por parte de una Jurisdicción Especial para la Paz. También se estableció que la transformación de las FARC en un movimiento político debe contar con todo el apoyo y las garantías del Gobierno, y para ello se estudia la posibilidad de no exigirles el mínimo de firmas requeridas para lanzarse como candidatos a asambleas, alcaldías o gobernaciones.
Para Hoyos, todo esto refleja una conveniencia meramente política de las FARC, que le está costando al país una decisión histórica, sin la cual no estarían sentados en una mesa de negociación. Sin embargo afirme que de no aprovecharse “se puede perder la firma de ese papel que le hará bien al país”.
“Por mal negocio que parezca, a la sociedad también le conviene esa firma, aunque es triste que se haga de la forma como se está haciendo”.
Para Marleny, el conflicto de 50 años es algo que ninguno de los colombianos ha merecido, lleno de personas que nunca merecieron morir. “Necesitamos vivir en un país con una paz sostenible incluyente”, enfatiza.