English Version
EnglishLa fotografía del presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC, Timoleón Jiménez, dándose un apretón de manos, es quizás el gesto que los colombianos esperaban ver con ansias desde hace tres años, cuando comenzaron las negociaciones de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla en La Habana, y es también la señal del cambio que viene en la negociación.
Sin embargo, aunque se ha resuelto el tema más complejo con las FARC, la justicia para quienes han cometido graves delitos en medio de la guerra y las inmensas dificultades para concretar la paz no están precisamente en manos de las delegaciones que discuten en Cuba, sino que reposan en los colombianos, que deberán refrendar todo lo acordado.
El panorama hasta agosto no era muy alentador. Según cifras de una encuesta Gallup, presentada por diario El Tiempo, 73,4 por ciento de los colombianos creían que el proceso de paz iba por mal camino y solo 18 de cada cien confiaban en que marchaba bien. Es más, el 82,6 por ciento de los encuestados pensaban que el Gobierno y las FARC no llegarían a un acuerdo final de paz este año.
Aunque es muy importante que se haya puesto como límite un plazo de 6 meses para firmar la paz y que se haya establecido un límite de tiempo de restricción de la libertad de entre 5 y 8 años para quienes confiesen delitos graves, lo cierto es que el 81% por ciento de los colombianos, según la encuesta de Cifras y Conceptos, quiere cárcel para los jefes de las FARC.
La jurisdicción especial prevista por el acuerdo tendrá Salas de Justicia y un Tribunal para la paz, compuestos por magistrados colombianos y una colaboración de extranjeros que tengan lo más altos requisitos. El presidente aclaró que el proceso se hará en el marco de la constitución y las leyes colombianas.
Entre los puntos más importantes del acuerdo es que el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia por delitos políticos y afines. Sin embargo, las faltas plasmados en la legislación nacional que correspondan a crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio, la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado y la desaparición, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual, no serán objeto de amnistía o indulto. Por lo tanto, serán investigados y juzgados por parte de la jurisdicción especial para la paz.
Respecto al tema, las víctimas, que juegan un papel importantísimo dentro del proceso de paz, tampoco están muy convencidas con el hecho de que la medida contra los guerrilleros sea simplemente restricción de la libertad y no se haga en centro carcelario, como también lo ha manifestado Álvaro Uribe, dirigente del partido opositor del Centro Democrático.
“Nosotros queremos que ellos estén en un centro de reclusión, o si van a estar en determinados sitios, que haya unas veedurías con entidades internacionales que se conformen para que los tengan vigilados y controlados”, dice el general (r) Luis Herlindo Mendieta, quien estuvo secuestrado 12 años por las FARC, e hizo parte de una de las comisiones de víctimas que viajó a La Habana, en octubre del 2014.
Según el general exsecuestrado, el tiempo de “condena” estimado es algo con lo que las víctimas podrían estar fácilmente de acuerdo, pero el asunto radica en las posibilidades que las FARC tengan de volver a amenazar a la población, por eso es tan importante que quede claro dónde van a pagar y quién los va a vigilar. Afirma Mendieta:
¿En qué momento las FARC le van a decir al país y al mundo dónde están sus capitales, qué van a hacer con eso, si se lo van a entregar al Estado, si con eso van a reparar víctimas o a reconstruir todo lo que destruyeron durante tantos años de barbarie? En el tema de víctimas todavía hay un camino muy largo por recorrer. Pienso que realmente se debe hacer énfasis en la parte de verdad, justicia y reparación.
Los voceros del proceso de paz anunciaron ayer que el abandono de armas deberá darse máximo dos meses después de haberse firmado el acuerdo final, pero esto no implica la entrega de sus municiones, o al menos no se han dado detalles al respecto.
Mientras tanto, para el analista político Jairo Libreros, aunque hay una fuerte oposición, las dudas se mantienen y las tendencias son desfavorables para la paz, está cada vez está más cerca la firma del acuerdo.
[adrotate group=»8″]
“Pensar en un país que haga el tránsito de un proceso de negociación a una vía de refrendación demuestra la buena salud de la democracia colombiana. La oposición va a tener un peso especial que se va a pronunciar en las urnas, pero eso es un factor que le va a dar mayor seguridad política a lo que se firme en La Habana”, dice Libreros.
Sin embargo, también afirma que sin duda el esfuerzo que tiene que hacer el Gobierno Nacional es “titánico”. “No solo debe convencer sobre las bondades del proceso de paz sino que tiene que tener una estrategia de impacto muy fuerte para que las dudas queden despejadas. Una base importante de la sociedad civil mantiene dudas y diferencias íntimas y profundas sobre lo que se negocia”.
De hecho, así también lo ven algunos sectores de la comunidad internacional. Para el director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, el acuerdo «permitiría que los máximos responsables de los peores abusos puedan eximirse de pasar siquiera un solo día en prisión», lo cual considera un atentado contra los derechos humanos.
Ante esto, Jairo Libreros afirma que es claro que aún faltan por conocerse elementos de la justicia transicional y la manera como se van a estipular la penas alternativas. «Muy seguramente estas no van a ser tan fuertes como se esperaba pero se han respetado los lineamientos mínimos de la legislación colombiana y el derecho internacional humanitario. Estamos en el límite de respeto necesario mínimo».
Con todo esto, los colombianos podrán tomar de manera libre las decisiones frente al proceso de paz, pero todavía falta la negociación del fin del conflicto y de los mecanismos de refrendación y verificación.
Con información de Dayana Braz.
Discusión sobre post