El pasado 7 de julio se dio a conocer en La Habana la que para muchos colombianos ha significado la primera prueba real de la voluntad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de avanzaran en las conversaciones de paz.
Tras treguas que no se han cumplido con rigurosidad y atentados a oleoductos que han dejado daños irreversibles para las poblaciones y el medio ambiente, el grupo insurgente y el Ejército de Colombia están trabajando conjuntamente desde hace un par semanas para salvar vidas, apoyando el proceso de desminado de una vereda del departamento de Antioquia, una de las que más artefactos explosivos enterrados tiene en el país.
La vereda El Orejón, del municipio de Briceño, fue elegida para el plan piloto de desminado conjunto de militares y guerrilleros por ser una de las que más alto riesgo presentan hoy para la movilidad de los campesinos. Aunque no se sabe cuántas minas podría haber, los pobladores saben que no deben cultivar ni salirse de los senderos principales, que están marcados por llantas de automóviles.
Desde el año 2012 han sido 49 las personas que se han topado con estos artefactos explosivos, y han perdido su vida o alguna de sus extremidades. Los niños no corren libres por las hermosas montañas del lugar ni suben a los árboles a coger frutos. También se acabaron los paseos escolares hace años, porque las minas antipersonales rodean toda la vereda para proteger a la guerrilla y los cultivos de hoja de coca. Campesinos, miembros del Ejército, insurgentes, y hasta animales de carga y ganado han sido víctimas de las explosiones.
Cabe aclarar que Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en número de víctimas de minas antipersonales, y registra más de 11.000 víctimas civiles y militares desde 1990, por eso es que la noticia ha sido tan esperanzadora para sus ciudadanos.
“Este es un hecho histórico y un signo contundente de la voluntad de paz por parte de las FARC, y también un hecho sin precedentes a nivel mundial”, afirma María Elisa Pinto, directora de la Fundación Prolongar, que está elaborando el primer informe de Memoria Histórica sobre minas antipersonales. “Es casi como un sueño hecho realidad para todos los que trabajan en el tema de la acción contra minas en el país”.
Y es que con este proyecto piloto, además de desminar la vereda, se busca establecer la manera más eficiente para diseñar planes de desminado en el país. Con cooperación ahora no sólo será más fácil establecer la ubicación de los artefactos, sino que se conocerá como desactivarlos, pues aunque Colombia tiene un batallón especializado en remoción de minas, sus formas de fabricación se han modernizado con el tiempo. Por ahora se sabe que una vez se garantice este proyecto piloto en El Orejón, se procederá a hacer lo mismo en veredas del departamento del Meta.
“En el marco del conflicto han cambiado mucho los mecanismos de activación y las modalidades de artefactos. Ya no solo explotan por compresión, sino por liberación de presión, por luz, por sonido, por ondas, y también hay diferentes mecanismos de activación, que hacen que desactivarlas no sea tan sencillo”, dice Pinto, quien además afirma que los artefactos no solo están enterrados, sino que muchas veces se encuentran enredados en los árboles o escondidos en diversos lugares.
Sin embargo, lograr que Colombia esté libre de minas es algo que todavía está muy lejos de ser realidad, porque tras una eventual firma de la paz, el drama que se vive en el país en este aspecto podría ser mucho peor debido al retorno al campo.
El Gobierno ha estimado que con la ayuda de las FARC se podría esta estar hablando que en un periodo de 10 años el país podría estar libre de minas; pero en Camboya, por ejemplo, la guerra terminó hace 40 años y todavía se siguen encontrando estos artefactos explosivos. Garantizar que un territorio está por completo libre de minas es una tarea muy difícil, porque se necesita personal experto para desactivarlas, e ir inspeccionando la zona paso por paso, un proceso tedioso que requiere de mucho cuidado.
De hecho, en el lapso de dos semanas que se lleva trabajando en la vereda El Orejón, un miembro del Ejército ya perdió la vida por cuenta de una mina. El soldado del Batallón de Desminado Humanitario, Wilson de Jesús Martínez Jaraba, de 37 años, falleció el pasado 15 de julio tras pisar accidentalmente el artefacto que le amputó la pierna derecha. Posteriormente falleció en un centro asistencial.
Cabe aclarar que los miembros de las FARC están colaborando con información para ubicar los campos minados pero no en la tarea de retirar los artefactos, porque no tienen la experiencia para hacerlo.
Además hay que tener en cuenta que miembros de la guerrilla del ELN todavía están sembrando minas en el territorio nacional, que son muy fáciles de fabricar y de instalar. En el caso de Colombia la gran mayoría de artefactos explosivos se hacen con elementos que se consiguen de manera muy fácil, como latas, botellas de gaseosa, tubos de PVC, balones, juguetes y básicamente cualquier elemento que se pueda rellenar.
La guerra termina y la mina antipersonal queda
Esto es algo que la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonales tiene muy presente y sabe que no deben escatimar gastos en prevención ni en políticas para ayudar a la población víctima de estos artefactos explosivos.
“Debemos conocer la radiografía de lo que ocurre en el campo, las necesidades de sus habitantes, los actores que confluyen en él. No podemos llegar con todas las buenas ideas a avasallarlos. Necesitamos construir ese proyecto simbólico que transforme sueños en realidades, en proyectos de vida”, expresó el director del Departamento, Rafael Alfredo Colón.
Aunque el Gobierno ha hecho una fuerte tarea de prevención y en educación sobre el riesgo de minas con las comunidades campesinas, todavía hay varias falencias en la atención estatal.
“El hecho victimizante de las minas antipersonales es muy especial, por lo que implica una atención en salud mucho mayor que por otros hechos. Además el tema de inserción laboral y de inclusión social es complicada por muchos imaginarios que la sociedad tiene alrededor de la discapacidad”, explica María Elisa Pinto.
Y es que es difícil en Colombia encontrar personas con alguna discapacidad física que se encuentren trabajando y valiéndose por sí misma, por lo que se hace necesario empezar desde ya a educar a la población frente a la condición de estas personas.
Otra de las políticas que hay que replantear es la de la atención en salud para las personas que han sufrido esta tragedia, pues las rehabilitaciones son muy largas y complejas, las prótesis son costosas y en muchos territorios no se tienen las capacidades para hacerle frente a la problemática de la salud. “Muchas veces esto implica que el sobreviviente y sus familias tengan que desplazarse y esos costos, por ejemplo, no están cubiertos para los familiares”, dice Pinto.
“Si la cosa sigue como va, pues efectivamente no hay ningún tipo de garantías de los derechos de esta población y a eso hay que sumarle que en todo conflicto armado, después de la firma de la paz, hay mayor número de víctimas civiles de minas antipersonales que en el marco del mismo conflicto, esto debido a que la gente retorna a territorios que cree que son seguros y resulta que todavía están minados, por eso, necesitamos una reacción mucho más efectiva de parte del Estado y de todos los actores”, señala.