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English“No somos islas” dice el poeta John Donne, pero infelizmente Rafael Correa carece de sensibilidad para comprender esta frase y hace dos meses expresó su deseo de destruir a las empresas familiares. Sin embargo, hoy, ante el colapso financiero de China, la alarmante caída de los precios del petróleo y la grave repercusión que estos hechos han tenido sobre la economía mundial, Correa decide emprender toda una cruzada para «desdiabolizar» a la empresa privada.
Así, ha lanzado una ley de incentivos para generar inversión nacional y extranjera, exonerando a las empresas tanto del pago del impuesto a la renta por 10 años como del pago de impuesto a la salida de capitales, mostrando inclusive una actitud amigable hacia los paraísos fiscales —considerados hasta hace poco por su Gobierno como mecanismos de evasión tributaria—.
Pero como en política la pérdida de la credibilidad y la confianza es el sepulcro, estos ofrecimientos han generado mayor ansiedad e inquietud en el sector empresarial, puesto que el Gobierno propone crear alianzas estratégicas “públicas-privadas”, en un terreno donde no existe igualdad de condiciones.
Rafael Correa tiene poder absoluto para cambiar las reglas de juego a su antojo, ya que el sistema judicial está en sus manos y en tales circunstancias, una “alianza” de esta magnitud podría simbolizar más bien una especie de «Caballo de Troya» mediante el cual el Estado abre la posibilidad de adjudicarse mayor poder de regulación y porción de participación sobre los ingresos de la empresa privada.
Sería oportuno que los ciudadanos empecemos a exigir transparencia al régimen, solicitando un balance real de la situación financiera del país
Por otra parte, esta propuesta no ofrece ningún tipo de modificación o flexibilización del código laboral penal, tomando en cuenta que actualmente en Ecuador la contratación de personal resulta muy costosa. Adicionalmente, el Gobierno tampoco ha contemplado un factor tan crucial como es el deterioro del poder adquisitivo de la clase media, la cual ha sido duramente golpeada con los impuestos establecidos durante la administración de Correa.
Correa está sometido a un serio enclaustramiento económico, a tal punto que de dirigir los acontecimientos, ha pasado a ser dirigido por los mismos. Por ende, el Gobierno no puede aplicar medidas que en otras condiciones hubieran sido factibles, como la implementación del dinero electrónico, pues se enfrentaría con el rechazo y la resistencia de la ciudadanía. Tanto ha cambiado el panorama que ya no podrá elevar la tarifa del gas, ni llevar a cabo otros ajustes en servicios básicos que estaban listos a ser implementados.
Por lo tanto, antes de buscar cualquier convenio, Correa tiene que incorporar a su conducta económica el principio de realidad y traducirlo al accionar político, desmantelando el enorme gasto burocrático y despilfarro obsceno en actividades superficiales, propagandas, ministerios innecesarios, o secretarías insultantes como la del Buen Vivir, que a los ecuatorianos nos cuesta alrededor de 3 millones de dólares al año. Para impulsar el desarrollo del Sumak Kawsay que su secretario Freddy Ehlers tanto promociona, basta predicar con el ejemplo.
Por ello, los funcionarios del Gobierno deben modificar su patrón de consumo, evitando utilizar vehículos del Estado para actividades personales, ni permitir que los recursos públicos se inviertan en cenas en lujosos restaurantes o viajes improductivos. Sería oportuno también que los ciudadanos empecemos a exigir transparencia al régimen, solicitando un balance real de la situación financiera del país, auditorias a los “nuevos ricos» o «prósperos empresarios” que forman parte del Gobierno para detectar cualquier evasión fiscal.
Es hora de mostrar nuestra resiliencia democrática.
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